"En Seguridad nunca vas a ganar acá. Si salís empatado, es mucho. Es muy difícil hacer carrera desde esta área". El hombre ya peinaba canas y tenía los zapatos gastados de tanta militancia política. Otra crisis de seguridad lo había depositado en el ministerio menos deseado en Córdoba. En aquel momento, era Gobierno y Seguridad. Y él se había prometido pisar lo menos posible la Jefatura de la Policía. Que la opinión pública no lo asociara de manera directa a la prevención. Y, tampoco, al cobro de multas de la Caminera en las rutas.
Ya pasó más de una década. Pero aquella máxima se sigue repitiendo en los pasillos del Poder. La gestión de la Seguridad en la Provincia es lo más parecido a una silla eléctrica política.
Alfonso Mosquera, abogado de profesión, político de alma, se animó a ponerse ese traje. Como siempre ocurre en esa área, su ascenso fue producto de una crisis. Porque así ocurre en la Seguridad en Córdoba: siempre parió un funcionario en medio de alguna emergencia.
El 10 de julio de 2018, Mosquera saltó de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) a la entonces Secretaría de Seguridad. Por arriba de él, estaba el ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, un experimentado jugador de la política cordobesa que siempre tuvo bien en claro el riesgo de involucrarse de manera directa en la gestión policial.
Mosquera suplantó a Diego Hak, quien había asumido a fines de 2015 en ese cargo. Cuando Hak aumentó su perfil público, su carrera en el área tuvo un abrupto final luego de que se filtraran una polémicos videos de su padre junto a empresarios de la noche.
En total, Mosquera aguantó 1.533 noches en Seguridad. En diciembre de 2019, fue ungido como ministro, en un cambio que decidió el gobernador Juan Schiaretti al jurar por tercera vez. Se animó a tener un propio ministerio de Seguridad, autónomo, algo que ahora acaba de volver hacia atrás.
"Con el propósito de adecuar el Estado en función de las necesidades que van surgiendo en la sociedad, por la evolución de la situación socioeconómica nacional, hemos definido profundizar y fortalecer las acciones en materia social, de empleo y seguridad (...) Por eso se ponen en marcha el Ministerio de Empleo y Formación Profesional; el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar; el Ministerio de Gobierno y Seguridad", comunicó el Gobierno de Córdoba en un tuit que se divulgó a las 11.50 de este martes.
Y se anunció que el hasta hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, pasaba a hacerse cargo de Gobierno y Seguridad. O sea, Mosquera quedaba desplazado y ahora deberá volver a su banca en la Unicameral, sillón que nunca ocupó desde que fue electo en 2019.
Durante su gestión, Mosquera quedó en el blanco de diversas críticas: fue la Policía, en coordinación con el COE, la que le impidió a Pablo Musse ingresar a Córdoba en medio de la cuarentena de 2020 para despedirse para siempre de su hija Solange; entre 2020 y 2022, hubo al menos cinco casos de gatillo fácil policial, con el crimen de Blas Correas como caso tristemente célebre; la capacitación policial quedó en el centro de las críticas luego de que se revelara que al menos cuatro de cada 10 policías no aprobaban un curso básico de tiro; además de la indomable inseguridad de todos los días.
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En el Panal están al tanto de encuestas permanentes que demuestran que en Córdoba el miedo a un robo hoy es la principal preocupación ciudadana, incluso por encima de la crisis de bolsillo.
Nada de todo esto detonó en los últimos días. Mosquera fue domando cada una de estas crisis, siempre con el respaldo del gobernador. La oposición pidió varias veces su renuncia, pero ante cada solicitud su permanencia en el cargo parecía asegurarse cada vez más. En 2020 y 2021, la provincia tuvo una merma histórica en la cifra de homicidios. Dentro de los asesinatos, los ocurridos en ocasión episodios de inseguridad figuran entre los menos. Hoy, la estadística de robos denunciados permanece por debajo de la de 2019, en la prepandemia.
Pero la proliferación de motochoros, arrebatadores, ladrones de ruedas y toda una dinámica delictiva cotidiana minó el humor social.
Tras los casos de gatillo fácil en 2020, Mosquera y Schiaretti resolvieron desplazar al entonces jefe de Policía, Gustavo Vélez, tras cinco años de gestión, y por primera vez en la historia pusieron a una mujer al frente de la fuerza, Liliana Zárate. Y anunciaron un cambio rotundo en la formación policial, con un plan de estudios de tres años inédito en todo el país. Una idea que dejó al Gobierno sin nuevas camadas de uniformados hasta fines de 2023.
También fue uno de los ministros que más habló de manera pública. Uno de los funcionarios provinciales más conocidos por los vecinos de la provincia. La gestión de la cuarentena y luego las sucesivas crisis policiales lo encontraron siempre dando explicaciones frente a un micrófono periodístico. Algo que no suele ser usual en otros ministerios.
Ahora, se espera que el nuevo ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, defina si ratifica a la actual conducción o si nombra a nuevos jefes. López también debe definir al nuevo secretario de Seguridad, que será el nexo más importante entre el Gobierno y la Policía.
El dato de ampliar la mirada política de la seguridad, en un área más abarcativa, también significa una autocrítica gubernamental: en los últimos tiempos, Mosquera se había recostado mucho más en Jefatura que en el propio Panal.
Pero más allá de todo esto, fueron dos puntos los que precipitaron su salida. Por un lado, el viernes último brindó una entrevista a Cadena 3 (con Miguel Clariá) en la que se mostró nervioso, aseveró que el delito había aumentado en la provincia y dijo que se estudiaba convocar a policías retirados, lo que terminó por ser una asunción implícita de que la Policía no estaría contando con los recursos humanos suficientes.
Y dejó una crítica abierta a la Justicia, al subrayar que no podía asegurar que los 20 mil detenidos en operativos durante el año pasado habían pasado mucho tiempo presos.
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Y, además, Mosquera está citado para declarar en el juicio que se inició hace 10 días por el asesinato policial de Blas Correas. El viernes pasado la mamá del adolescente, Soledad Laciar, comenzó un extenso testimonio que continuará mañana. Y ya había comenzado a dejar gruesas críticas hacia la Policía y el aparato de Seguridad oficial, cuestionamientos que seguramente potenciará este miércoles.
Mosquera deberá testificar, algo que iba a generar una situación inédita en Córdoba: un ministro en actividad siendo cuestionado por la querella en medio de un juicio. Una situación más que incómoda y de alto costo político.
El inicio de las audiencias judiciales por el crimen de Blas tuvo un interés social, con la revelación de videos obscenos sobre el accionar policial en Córdoba, que superó lo que se pensaba a nivel político. Lejos de decaer, el interés público por este caso continúa en auge, algo que también valoró ahora el Gobierno de Córdoba.
La situación actual de la Policía de Córdoba sigue siendo un tema de suma atención social. Incluso, se espera que en las próximas horas a nivel judicial la fuerza sufra un nuevo sacudón. Otro más...
Mosquera ya había sorteado otra situación delicada: figuraba entre los potenciales testigos que iban a sostener la coartada del viudo Marcelo Macarrón en el juicio por el asesinato de su mujer, Nora Dalmasso, en Río Cuarto. Por un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, finalmente no fue citado y se salvo de las suspicacias que iba a generar que un ministro de Seguridad avalara la versión del entonces único acusado (Macarrón finalmente fue absuelto).
Cuando Schiaretti recibió finalmente a la mamá de Blas Correas, en febrero último, la mujer le había pedido la renuncia de Mosquera. El gobernador, como lo había realizado antes y lo haría después, lo ratificó en el cargo. Pero ya en ese momento había elegido otro interlocutor político para tener contacto con la familia: el ministro López.
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López también fue designado para recibir a las madres de los bebés muertos aún en situaciones inexplicables en el Neonatal.
Ambas gestiones le aumentaron el crédito a este funcionario oriundo de Melo, abogado de profesión, con pasado en el Ministerio de Agricultura, muy cercano al vicegobernador Manuel Calvo y que siempre tuvo una buena consideración de su antecesor en Justicia, el hoy vocal del TSJ Luis Angulo, otro hombre al que el gobernador suele escuchar con atención.
A partir de ahora, la silla eléctrica de la política en Córdoba tiene un nuevo habitante.
