A tres semanas del asesinato de Susana Beatriz Montoya, la jubilada de 74 años que fue encontrada sin vida en el patio de su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba, el millonario pago que la Provincia le estaba por efectuar a la familia de la mujer no deja de generar polémica.
De acuerdo a lo que entiende el fiscal provincial Juan Pablo Klinger, en base a un profuso cuadro probatorio, el autor del crimen habría sido uno de los hijos de Susana, el militante de Derechos Humanos Fernando Albareda, quien hace 15 días permanece detenido en la cárcel de Bouwer acusado de lo peor: homicidio agravado por el vínculo, codicia y alevosía.
Dentro de la principal hipótesis que guía la investigación, Fernando habría urdido asesinarla para quedarse él solo con el pago de 76 millones de pesos que la Provincia le estaba por depositar a la mujer en el marco de lo que ahora aparece como una controvertida retribución, cuyo origen aún es terreno de todo tipo de controversias.
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Susana fue esposa del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado, asesinado y desaparecido en 1979. Por la bestialidad de su crimen, en 2009 el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó al represor Luciano Benjamín Menéndez y a varios miembros del comando del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), entre otros.
En su momento, como marca la ley, la familia de Albareda se acogió a la indemnización que dispuso el Estado Nacional.
Pero en 2023, el hijo Fernando inició otro trámite para buscar una reparación económica, pero en este caso ante el Estado cordobés.
Todo se inició en marzo de 2023, en la Semana de la Memoria, cuando la Unicameral aprobó de manera unánime la reparación histórica de los legajos de los empleados públicos. La propuesta fue presentada por los entonces legisladores oficialistas José Pihen, Diego Hak y Sara García con el objetivo de “impulsar la reparación de los legajos de los trabajadores que, revistando como empleados de los tres poderes del Estado provincial, fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar”.
En síntesis, la ley perseguía el fin de que la historia laboral de cada desaparecido dejara de figurar con un cese por no presentarse a trabajar más, a lo que ahora había que indicarle la real causa de la ausencia: una desaparición forzada por el terrorismo de Estado.
En los últimos días, ante la polémica que desató el llamado caso Albareda, Sara García indicó que de ningún modo esta reparación de legajos suponía alguna compensación económica.
A más de un año de aquella ley, el único expediente que se presentó para lograr reparar un legajo fue el de Albareda. Lo hizo Fernando, con el patrocinio del abogado Claudio Juárez Centeno.
Apenas se aprobó la ley, Fernando pidió tres cuestiones: que se reparara el legajo de su padre y que luego sea ascendido post mortem dentro de la Policía (a comisario). Con este último trámite, solicitó que se le diera a él y a su familia el subsidio extraordinario que la ley policial prevé en el artículo 114 para aquellos uniformados caídos de manera heroica en servicio o que fueran asesinados por su condición de miembros de la fuerza: 35 sueldos para la viuda y 15 sueldos para cada hijo.
Ante esto, el expediente iniciado por Albareda si dividió en dos: por un lado, el Archivo de la Memoria debía ocuparse en la reparación del legajo; en tanto, la Policía y el Ministerio de Seguridad tuvieron que concentrarse en analizar si realmente la muerte de Albareda entraba en "acto de servicio" o "atentado por ser policía", para decidir si merecía el ascenso post mortem y la reparación económica a la familia.
Un año después, ya con el nuevo gabinete del Gobierno provincial, a fines de febrero último, el Ministerio de Desarrollo Humano (del que depende el Archivo de la Memoria) dictaminó que sí correspondía la reparación histórica del legajo.
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En el decreto 120 (que jamás se publicó en el Boletín Oficial), y ante el análisis de la fiscalía de Estado, se indicó que el legajo debía ser reparado y se ordenó, al mismo tiempo, que el Ministerio de Seguridad avanzara con el análisis de los otros dos puntos que había planteado Fernando y que aún estaban pendientes: el ascenso post mortem y el consecuente subsidio a la familia de Albareda.
En un acto celebrado el 22 de marzo pasado en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, Fernando Albareda recibió el legajo reparado de su padre. En la ceremonia estuvieron presentes el intendente capitalino Daniel Passerini, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, el ministro de Justicia y Trabajo Julián López y la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez. De manera llamativa, no asistieron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ni el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez.
El 8 de mayo siguiente, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 215, firmada por el ministro Quinteros, en la que se dispuso el ascenso post mortem de Ricardo Fermín Albareda, quien pasó a tener el grado de comisario, y se autorizó el pago del 100 por ciento del subsidio por fallecimiento a favor de Fernando Albareda y de Susana Montoya. Esto último hacía una suma de 76 millones de pesos.
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Y se indicó que la Policía debía poner en conocimiento de esta resolución a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba para "reajustar el haber que persigue Montoya en concepto de pensión". Se trata de otro proceso administrativo que también supone una cifra millonaria, aún mayor a la que otorgó el Ministerio de Seguridad, y que todavía no concluyó.
Al conocerse el crimen de Susana y el móvil de la "codicia", en medio de una disputa entre ella y Fernando, quien le reclamaba para él los 76 millones de pesos, según se sospecha, el interrogante sobre esta reparación económica comenzó a multiplicarse. En los últimos días, ingresaron en la Unicameral dos pedidos opositores para interpelar al ministro Quinteros.
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Tanto los autores de la ley provincial de reparación de legajos, como la ministra de Desarrollo Humano, Montero, respondieron ante consultas periodísticas que no estaba contemplado pago alguno. Que era sólo una reparación de alto valor simbólico, algo que nadie pone en duda en cuanto a su pertinencia.
Pero en el Ministerio de Seguridad, el área letrada y el ministro Quinteros entendieron que la ley sí habilitaba, una vez que se repararan los legajos, a que las familias pudieran abrir una demanda económica.
En cuanto al caso específico de Albareda, entró a tallar las particularidades de la ley policial 9728. La cuestión clave es si se considera que Ricardo Fermín Albareda murió en un acto heroico de servicio o por su condición de policía.
La causa federal juzgada en 2009 indicó que el entonces subcomisario habría formado parte, también, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Al descubrir esta militancia, y sospechando de que se trataba de un "infiltrado" dentro de la fuerza, el D2 lo secuestró, lo torturó de manera espantosa hasta morir y luego lo desapareció.
Las torturas se desarrollaron en la "Casa de Hidráulica", a la vera del lago San Roque, lugar que ahora su hijo Fernando buscaba convertir en museo, con la intención de dirigirlo él mismo.
Pese al espanto del crimen, está claro que no se trató de una muerte heroica en servicio.
Ahora bien, ¿lo mataron por ser policía? El Ministerio de Seguridad entendió que sí, y por eso, sin objetar nada ni apelar, aceptó la petición judicial de Fernando Albareda y acordó el millonario subsidio para él y su madre (no quedó claro por qué se dejó afuera al otro hijo, Ricardo, y a los herederos de la otra hija, Mónica -fallecida en 2021-).
En el fallo del Tribunal Oral Federal 1 no hay una cita que vincule de manera directa el asesinato y desaparición de Ricardo Fermín Albareda por su condición de policía, sino que la descripción apunta a una represalia brutal e ilegal ante su presunta militancia en el ERP y por su supuesta condición de "infiltrado" de la organización guerrillera dentro de la fuerza.
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El expediente del pago de los 76 millones ingresó en la división Liquidación de Haberes de la Provincia el 26 de abril último. Tras deambular por diversos ministerios del Panal, regresó a ese lugar el 21 de mayo. Si bien no se efectivizó aún, estaba previsto que Susana lo cobrara en ese agosto. Ricardo, hijo de Susana y hermano de Fernando, dijo que había discusiones entre ellos porque la mujer ya había advertido que pensaba dividir el subsidio en partes iguales para todos los herederos de Ricardo Fermín Albareda.
Incluso, un mes antes del crimen de Susana, Fernando había posteado sobre esta interna familiar.
El expediente ordenando el pago jamás pasó por la revisión del Tribunal de Cuentas, hoy dominado por la oposición, lo que también ha generado suspicacias.
Hasta hoy, Fernando fue el único en toda la provincia que presentó un expediente para reparar el legado de un desaparecido. ¿Fue una ley que no le importó a nadie más? ¿O acaso se trataba del caso inicial para generar precedente, sobre todo en lo relativo al reclamo en la Caja de Jubilaciones? Por ahora no hay respuestas.
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De manera indirecta, Fernando -quien es profesor de Educación Física- hacía tiempo que venía gozando de diversos beneficios en virtud de su militancia pública. Durante años, a raíz de distintas denuncias por amenazas que nunca se comprobaron a nivel judicial, tuvo custodia policial permanente frente a su domicilio de barrio Escobar.
También fue convocado en 2023 (luego del "gatillo fácil" policial que se cobró la vida de Valentino Blas Correas) para dar talleres de Derechos Humanos a los futuros ingresantes de la Policía de Córdoba y hasta el día de su detención figuraba en Córdoba como encargado del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).
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