Condenaron a una "patota" policial de Córdoba que fraguaba detenciones

Juan Federico

Tres policías cordobeses fueron condenados a penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel acusados de haber detenido de manera ilegal a dos vecinos de villa Hermana Sierra, a los que les "plantaron" armas y golpearon, mientras les inventaban causas. Una de las víctimas perdió un ojo a causa de un disparo que le efectuó uno de los efectivos con un arma "no letal".

El fallo se conoció en los últimos días en la Cámara 7° del Crimen de la ciudad de Córdoba, donde se desarrolló un juicio con jurados populares. La acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Ruiz Moreno, quien terminó por pedir condenas para tres de los cuatro policías que habían llegado al banquillo. El monto de los años de prisión a los que fueron sentenciados generó controversia al interior de Tribunales 2.

El principal acusado fue Jonathan David Tabares, quien terminó con una pena de cuatro años de prisión. Su prontuario es impresionante. 

Además de los dos casos ocurridos entre 2015 y 2016 por los que ahora fue condenado, estuvo involucrado en al menos dos causas más.

A fines de 2019, mató a un joven en su casa. Dijo que era un intruso que había ingresado a robar. Esta investigación que lleva adelante el fiscal Ernesto de Aragón aún no concluyó.

Y en diciembre de 2020, fue clave en la maniobra de encubrimiento tras un presunto caso de gatillo fácil en barrio Urca, donde terminó muriendo de un disparo policial un joven que había ingresado a robar en una casa. Tabares y otros cinco policías fueron condenados en 2023 a tres años de cárcel por haber fraguado la escena del crimen.

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Lo llamativo es que pese a que tenía estas investigaciones abiertas en su contra, Tabares durante años continuó siendo policía y fue ascendido dentro de la fuerza.

¿Cómo nadie lo detectó a tiempo pese a semejantes antecedentes y sospechas en su contra? La respuesta institucional aún no aparece.

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En este juicio que ahora terminó, junto a Tabares estuvo sentado en el banquillo Pablo Adrián Navarrete, quien recibió una pena de tres años y 10 meses de cárcel.

El tercer condenado fue el policía Miguel Ezequiel Bustos, quien deberá purgar una pena de tres años y medio de prisión.

En tanto, el policía Claudio Arroyo terminó absuelto.

Durante la instrucción de la causa, el fiscal Juan Pablo Klinger les había tirado con todo el Código Penal encima a estos policías: privación ilegítima de la libertad agravada por el modo comisivo; severidades y lesiones leves calificadas; falsedad ideológica; falso testimonio agravado y lesiones graves agravadas por ser cometidas por un integrante de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones y por ser cometidas mediante el empleo de arma de fuego fueron las imputaciones que quedaron plasmadas en la acusación.

No obstante, la dureza de estas figuras penales no quedaron reflejadas finalmente en el monto de las penas que se aplicaron al finalizar el juicio. En ese sentido, el fiscal de Cámara, Ruiz Moreno, subrayó que la querella estuvo de acuerdo con la cantidad de años que él había solicitado.

En la acusación, el fiscal Klinger describió a una suerte de "patota" policial que se movía en la paralegalidad, generando operativos falsos. Una muestra más de la "violencia institucional".

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Uno de los casos remite a la madrugada del 22 de mayo de 2015, en barrio Granja de Funes 2, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a la causa, según apuntaron fuentes que siguen de cerca la investigación, se presume que Tabares y Navarrete privaron abusiva e injustificadamente de su libertad personal a Jorge Daniel Córdoba, lo golpearon en la cabeza con los puños o un elemento contundente.

En la acusación se sostiene que Tabares y Navarrete golpearon a Córdoba y lo arrojaron al suelo. Seguidamente, encontrándose Córdoba tendido en el suelo, boca abajo y esposado con las manos detrás, Tabares le indicó a Navarrete que golpeara a la víctima; lo que este concretó aplicándole reiterados puntapiés en la zona de la espalda y tórax. En ese contexto, llegaron al lugar otros funcionarios de la fuerza (que no aún no fueron identificados) y se sumaron a la golpiza iniciada por Tabares y Navarrete, aplicándole patadas en el cuerpo a Córdoba.

Seguidamente, uno de los policías allí reunidos atinó a decirle a Tabares que "la cortara", pero el acusado, haciendo caso omiso al pedido de su compañero policial, procedió a separar las piernas de Córdoba (quien se encontraba en posición fetal), a fin de dejar expuestos sus genitales, y seguidamente le aplicó tres puntapiés en la zona, ocasionando que la víctima perdiera el conocimiento, siempre de acuerdo a la reconstrucción judicial.

Luego, en el acta los policías mintieron. Indicaron que a Córdoba le habían hallado un arma de fuego tipo pistola Bersa calibre 22 con numeración N° 35407, que contenía cinco cartuchos en su cargador y uno percutado en su recamara; y de una vaina servida en el piso, correspondiente a igual calibre. "Para ello, Tabares contó con la colaboración de Navarrete, quien, como testigo hábil del acto, estampó su firma al pie del documento, dando fe de las circunstancias mendaces que en dichos instrumentos públicos se hicieron constar", acusó el fiscal Klinger.

Esto llevó a que, en su momento, Córdoba terminara imputado de manera errónea, según se reconoció luego en la fiscalía.

Pero esto no fue todo. El 10 de septiembre de 2016, en medio de un operativo callejero en barrio Hermana Sierra, Tabares y Bustos detuvieron de manera ilegal a José Roberto Gutiérrez, quien iba a pie llevando su bicicleta. Según las fuentes, en la investigación se sospecha que Bustos primero golpeó a Gutiérrez, mientras que Tabares directamente le disparó con su escopeta en el rostro, lo que le ocasionó una gravísima herida en un ojo.

En ese momento, siempre de acuerdo a la acusación, los policías mintieron en el acta judicial sobre lo que realmente había sucedido.