Cuatro mujeres quedarán a cargo de las cárceles de Córdoba

Juan Federico

En medio de un escándalo que no registra antecedentes en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), y que incluyó a fines del año pasado la detención de la máxima autoridad de la institución, Juan María Bouvier, ahora el interventor Gustavo Vidal Lascano resolvió nombrar a cuatro mujeres como las nuevas jefas de toda la estructura carcelaria de la provincia.

El pasado martes 12 de diciembre, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención del entonces jefe del SPC, Bouvier, que fue capturado en su lugar de trabajo.

Lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a otros jefes penitenciarios. De acuerdo a la investigación, se sospecha que las autoridades carcelarias habrían diagramado un poderoso esquema de corrupción durante años: tráfico de celulares y drogas, coimas para cambiar legajos internos de los presos y varios "favores" más, todo tarifado.

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Junto a Bouvier fueron detenidos, ese mismo día, Víctor Hugo Vivas, segundo jefe del SPC; Diego Ayala, jefe de Seguridad, y Silvia Guadalupe Barbero, quien además de ser pareja de Bouvier ocupaba un cargo importante dentro de la jerarquía penitenciaria, según se destacó en la causa.

Meses antes, ya había sido capturado Sergio Alejandro Guzmán, quien era uno de los subdirectores del Establecimiento Padre Lucchese, de Bouwer, y que antes había sido el jefe máximo de la cárcel de Cruz del Eje.

Junto a Guzmán habían sido detenidos el abogado penalista Alfredo Ciocca y Ramón Salas, un hombre con fuertes vinculaciones políticas con el oficialismo de Córdoba (hasta el día de su detención figuraba como empleado de la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba).

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La captura de Bouvier rompió un récord: el jefe del SPC era uno de los funcionarios provinciales que más tiempo había durado en el mismo cargo, ya que estaba al frente de las cárceles de Córdoba desde 2008.

El SPC depende, dentro del organigrama estatal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, que en la actualidad dirige Julián López.

El fiscal Gavier sostiene que esta gama de delitos del "call center tumbero" se venía generando al menos desde 2015. O sea que esta trama que se observa en la acusación contra Bouvier se habría sostenido durante las gestiones de los ministros Luis Angulo (hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia), de Martín Farfán, Julián López (que ahora regresó) y de Laura Echenique.

Tras la detención de Bouvier, el ministro López ordenó intervenir el SPC. El exfiscal General y exfiscal federal Gustavo Vidal Lascano fue designado como secretario de Organización y Gestión Penitenciaria durante seis meses (con la posibilidad de renovar).

Estas primeras semanas al frente de toda la estructura carcelaria de la provincia no han sido simples para Vidal Lascano. Además de tener que adentrarse en un territorio donde "todo huele a Bouvier", según describió una alta fuente penitenciaria, los escándalos no dejaron de reproducirse.

El 26 de diciembre, un control preventivo en el ingreso al penal de Bouwer detectó que un camión proveedor de carne intentaba ingresar cocaína, pastillas, celulares y hasta whisky en la cárcel. No se trató de un episodio casual.

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En menos de un mes de intervención, Vidal Lascano ya se ocupó de ir personalmente a cada penitenciaría de la provincia.

Y resolvió nombrar a la nueva cúpula del SPC con una marcada presencia de mujeres en los máximos cargos.

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes oficiales, la inspectora general Carolina Verónica Funes, que es abogada de profesión, fue designada al frente de la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica del SPC. En la práctica, será la máxima autoridad, por debajo de Vidal Lascano, ya que se le asignó la tarea de coordinar las funciones de las Direcciones Generales.

El subprefecto Cristian Alejandro Ramón Namur quedó al frente de la Dirección General de Seguridad, mientras que la alcaide Carnina Vanina Evelyn Carrizo (también es arquitecta) pasó a liderar la Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras.

Por su parte, la alcaide mayor Gloria Elizabeth Recalde (es licenciada en Trabajo Social) es la nueva jefa de de la Dirección General de Formación Profesional.

En tanto, la subprefecto María Soledad Fernández (contadora) fue designada al frente de la Dirección General de Gestión Administrativa.