Detienen a más jefes por el escándalo de la corrupción en las cárceles

Juan Federico

Hasta la mañana de este miércoles, Cristian Namur ostentaba uno de los máximos cargos dentro de la estructura del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). En enero, la intervención que en aquel momento comandaba el exfiscal Gustavo Vidal Lascano lo había ungido como jefe de Seguridad de todas las cárceles de la provincia. La medida se había tomado un mes después del mega escándalo que se detonó tras la detención del entonces jefe del SPC, Juan María Bouvier.

Este miércoles, Namur quedó del lado de adentro de las celdas, por orden del fiscal Gavier que ahora lo involucró dentro de esa causa penal.

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Junto a él fueron detenidos otros tres altos jefes penitenciarios. Marcelo Chávez, quien hasta hoy estaba a cargo del Tribunal de Conducta interno del SPC;  Ramon Sayavedra, exjefe de Bouwer (se retiró meses atrás) y José Gustavo "Caña" Heredia, quien supo ser mano derecha de Bouvier.

La detención de Namur supone el primer golpe fuera para la nueva jefatura del SPC. En julio pasado, al terminar la intervención, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, había ratificado a la cúpula nombrada por Vidal Lascano, con la penitenciaria Carolina Funes como la jefa principal. Ahora, tiene un lugar vacante en la cúpula máxima de las cárceles.

Antes de ser ascendido a la cúpula penitenciaria, Namur fue el subjefe de la cárcel de Bouwer cuando este penal fuera dirigido por Sergio Alejandro "Chavo" Guzmán, uno de los primeros jefes en ser detenidos por los escándalos de corrupción dentro del SPC. Con Guzmán fueron capturados abogados y funcionarios políticos.

De esta manera, ya son 18 los detenidos en el marco de una causa que deja al descubierto, como nunca antes en los Tribunales de Córdoba, lo que se sospecha es una mega trama de corrupción penitenciaria. 

Bouvier, su pareja Silvia Guadalupe Barbero, Víctor Hugo Vivas, Darío José Tello Pajón y Héctor Hugo Robledo, todos con altísimos cargos hasta fines del año pasado en el Servicio Penitenciario está acusados por Gavier de haber conformado una asociación ilícita en la que prácticamente todo tenía un precio en el interior de las cárceles. 

Junto a ellos, en otras causas conexas, aparece otro grupo de jerárquicos conformado por Sergio Alejandro Guzmán, Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez y Edgar Ezequiel Arroyo.

Los acusados "habrían consolidado una asociación criminal orientada a la comisión de múltiples e indeterminados delitos, violando la confianza depositada, afectando el debido tratamiento penitenciario de los individuos privados de su libertad; la seguridad de los establecimientos penitenciarios, la fe pública; el regular funcionamiento de la administración pública y del poder judicial; la propiedad privada; la salud espiritual de los reclusos y su entorno, como también el de distintas personas diseminadas por todo el país que vieron afectados sus patrimonios a raíz de las acciones ilícitas desplegadas, como consecuencia del accionar ilícito de la organización", resaltó el fiscal.

En la acusación, Gavier sostiene en base a la prueba acumulada que hasta fines del año pasado (Bouvier fue detenido en su oficina en diciembre último), había una verdadero "tarifario tumbero":

Ser “pluma” (jefe) de un pabellón: 1.200.000 pesos por seis meses, debiendo abonar cada mes 600 mil pesos.

Ingreso de un celular de alta gama: 600 a 800 mil pesos.

Un celular de media gama: 500 mil pesos.

Traslado a otro establecimiento carcelario: 400 mil pesos.

Resguardo de integridad física: 250 mil pesos.

Visita privada: 180 mil pesos.

Atención médica: 150 mil pesos.

Ingresar un elemento cortante: 25 a 50 mil pesos.

No revisar las encomiendas que le enviaban a los presos: 15 a 20 mil pesos.

Una videollamada: 15 mil pesos.

Una hoja de marihuana: 8 mil pesos.

Chips: 5 mil pesos.

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