El Servicio Penitenciario de Córdoba está en estado de conmoción. Este jueves, el fiscal Enrique Gavier ordenó la detención de las máximas autoridades de la cárcel de la ciudad de Villa María.
Quedaron con los dedos manchados y del lado de adentro de las celdas, el director del Establecimiento Penitenciario N°5 de esa ciudad, Américo Aciar; al subjefe de Operaciones, Edgar Ezequiel Arroyo; y al jefe de Seguridad, Néstor Gómez. A todos el fiscal les endilgó la figura de "asociación ilícita".
Se trata de la misma carátula que guía la investigación penal que la semana pasada derivó en la detención del actual subdirector del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse de Bouwer, Sergio Guzmán. del empleado del Ministerio de Gobierno y Seguridad Ramón Alberto Salas y del abogado penalista Alfredo Ciocca, acusados de integrar una presunta asociación ilícita para cometer una serie de delitos en las cárceles cordobesas.
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En ambos casos, el mismo fiscal sospecha que los directivos de las cárceles de Cruz del Eje y de Villa María exigían dinero a los detenidos para mejorar sus calificaciones internas y los accesos a los cursos, dos variables que inciden en los legajos al momento del análisis de las libertades anticipadas.
"Les garantizaban a los presos mejoras de situaciones, adelantos y beneficios en el sistema carcelario. Estamos investigando el posible ingreso ilegítimo de celulares y drogas a los establecimientos penitenciarios. Es amplio y complejo el abanico de ilícitos que se pueden haber cometido en los años que operó esta banda", indicó el fiscal Gavier en relación a las detenciones ocurridas la semana pasada.
Y adelantó que investigan si funcionarios de los servicios penitenciarios engañaron a los jueces de ejecución penal en los informes. "Toda hipótesis es posible", subrayó.
En cuanto a las detenciones ordenadas ahora en Villa María, si bien se trata de una trama similar a la que se sospecha en la primera causa, desde Tribunales 2 destacaron que son causas paralelas, pero que no están conectadas entre sí.
O sea, se sospecha que en las dos cárceles cada jefe delinquía con un grupo propio.
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Dado la jerarquía de los jerarcas penitenciarios detenidos, estas investigaciones impactan muy fuerte al interior del Servicio Penitenciario de Córdoba.
En el organigrama oficial, las cárceles dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, cartera que dirige Laura Echenique. El Servicio Penitenciario es dirigido desde 2007 por Juan María Bouvier, uno de los funcionarios públicos que más tiempo ha permanecido en el mismo cargo.
Las investigaciones de Gavier no son los únicos casos que han generado este estado de zozobra. Este jueves, la Justicia dictó condenas contra una banda que ingresaba celulares en la cárcel de Bouwer. El principal acusado fue el narcotraficante René Alejandro "Chancho" Sosa. Y entre sus cómplices figuró el guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado.
Este último es primo del actual concejal del PJ Diego Casado. No se trata del único parentesco de los acusados con funcionarios públicos: en el juicio también fue condenado Emanuel Juncos, hermanastro del "Chancho" Sosa e hijo de la exlegisladora y funcionaria de las cárceles de Córdoba Liliana Juncos, una histórica puntera política del PJ en la seccional Quinta.
En el fallo, los jueces le reiteraron al Servicio Penitenciario la necesidad de generar controles más efectivos en las cárceles, sobre todo por la proliferación del llamado call center tumbero, una industria delictiva que ha encontrado un nicho poderoso en las penitenciarías de la provincia.
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Pero esta sucesión de malas noticias al interior del SPC en los últimos días no se agotan aquí. El viernes pasado, un grupo de mujeres detenidas en Bouwer quemó sábanas e intentó un principio de revuelta en protesta porque una detenida había sido trasladada a Villa María.
Y este martes, se produjo otro caso insólito en la cárcel de Mujeres de Bouwer. La fiscal Claudia Palacios ordenó liberar a una interna, Evelyn Pizzaro. Pero los guardias se equivocaron y le abrieron la celda a María de los Ángeles Pizzaro, otra interna a la que nadie le había otorgado la libertad. Recién 24 horas después, cuando Evelyn Pizzaro reclamó por la demora en su externación, el SPC se dio cuenta del error.
A esa altura, María de los Ángeles Pizzaro ya estaba en su casa desde hacía más de 24 horas. La confusión no sólo derivó en sanciones internas, sino que ahora se abrió una investigación penal contra los responsables de no haber advertido semejante error.
El fiscal Rubén Caro, que tiene a su cargo la causa por la que María de los Ángeles Pizzaro había sido detenida, ya pidió informes a las autoridades del SPC y remitió todos los antecedentes a la fiscalía de Distrito 1 Turno 3, a cargo de José Mana, para que se aboque a investigar cómo fue posible que se haya producido una liberación equivocada.
