"En las últimas décadas, las reformas procesales penales les asignaron a los Ministerios Públicos Fiscales funciones fundamentales para la vigencia del estado de derecho. Las fiscalías asumieron la responsabilidad de incidir en el control de la criminalidad y de gestionar los intereses de las víctimas. La tutela efectiva de esos intereses busca absorber y reducir los niveles de violencia de los conflictos. Esa función es la contracara de otro pilar de nuestras democracias: la prohibición de la autotutela. Es decir, evitar que las víctimas busquen 'justicia por mano propia'. Si las fiscalías no cumplen con esas tareas, los niveles de violencia social irán en aumento. Luego de casi 40 años de democracia resulta fundamental preguntarse si los Ministerios Públicos Fiscales de nuestro país están cumpliendo con esas funciones que nuestro sistema institucional les asigna".
Esta fue la premisa que guió al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) a embarcarse en una tarea inédita: medir la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina.
Una idea que persigue el objetivo de que al fin las fiscalías de todo el país se puedan referenciar en algún sistema de medición y así, con un diagnóstico más certero, empezar a analizar por qué están fallando.
Es que los resultados obtenido han sido más que pobres: un bajísimo nivel general de eficacia. Nueve de cada 10 denuncian quedan sin una respuesta mínima.
Para ello, se han elaborado dos sistemas de medición:
-El ranking de eficacia político criminal, que busca mostrar la capacidad de cada Ministerio Público Fiscal para lograr que las causas penales que ingresan a las fiscalías reciban una respuesta que incida sobre la criminalidad de su jurisdicción. O sea, si hubo condenas o acuerdos reparatorios.
En este caso, la jurisdicción de Córdoba tiene uno de los peores registros de todo el país.
-El ranking de eficacia básica general, que mide la capacidad de las fiscalías de dar una salida que ofrezca alguna respuesta, aunque sea básica, al conflicto que dio origen a cada causa penal. Además de las condenas y acuerdos reparatorios, se suman los sobreseimientos.
Aquí, Córdoba mejora en comparación al resto del país. No obstante, la media nacional indica que menos del 10 por ciento de las denuncias ingresadas en 2019 recibieron algún tipo de respuesta por parte de la Justicia.
"Esa ineficacia implica que las fiscalías no estén gestionando adecuadamente los intereses de las víctimas ni logrando incidir sobre el control de la criminalidad", se destacó.
Las primeras conclusiones indican:
-Los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas. Esas funciones son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, por el otro, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.
-El riesgo de esta ineficacia es el aumento de los niveles de violencia social.
-Esta situación puede tener muchas causas. La única forma de identificarlas correctamente y mejorar el desempeño de las fiscalías es a través de la evaluación periódica.
-Para poder realizar esas evaluaciones, es fundamental contar con información sobre la realidad sobre la cual se pretende intervenir, y sobre los recursos y funcionamiento interno de los propios Ministerios Públicos.
-También es imprescindible una planificación estratégica, que requiere la fijación de objetivos. Sólo así los Ministerios Públicos podrán orientar su actuación de un modo que les permita cumplir con sus funciones elementales.
-Este trabajo ofrece un primer paso para que los Ministerios Públicos fiscales encaren la compleja pero fundamental tarea de evaluar su desempeño y orientar su funcionamiento a la pacificación de la sociedad.
Julián Alfie, coordinador de Inecip, dijo a Cadena 3: "La investigación busca responder una pregunta muy sencilla: si las fiscalías penales de todo el país están siendo eficaces o no. ¿Y qué significa que sean eficaces? Que tengan una respuesta mínimamente adecuada: una condena, una reparación, una probation, un acuerdo e incluso un sobreseimiento".
Y agregó: "Si un conflicto entra una fiscalía es porque hay una persona de carne y hueso que necesita una respuesta. Si no, el riesgo que corremos no es sólo que haya impunidad en el caso, sino también el riesgo de que haya justicia por mano propia y una escalada de la violencia social".
Sobre el análisis, se explayó: "Los resultados son alarmantes, no sólo en el Ministerio Público de Córdoba sino en todos los Ministerios Públicos del País. Los resultados muestran que nueve de cada 10 casos que ingresan en una fiscalía quedan sin respuesta".
Por su parte, Nicolás Macchione, profesor de Política Criminal y Magister en Criminología, analizó: "Para que una política criminal sea eficaz tiene que tener datos. Si bien estos datos son prematuros, son importantes porque son oficiales y dejan atrás los datos suministrados por la Policía. Hay que tener en cuenta el momento histórico: después de 30 años, el Ministerio Público tiene un nuevo rol, que deja de copiar a los juzgados. Y si bien en los últimos años hubo reformas progresivas en las distintas juridisdicciones, se puede ver que Córdoba está en un mal nivel, tanto en la Justicia federal como en la provincial".
"Es la primera vez que se evalúa la eficacia con la que vienen trabajando los ministerios públicos fiscales y que da una pauta de acciones a futuro de posibles nuevas intervenciones".
