En 2015, detuvo de manera ilegal a un hombre, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, le "plantó" un arma y luego mintió en el sumario judicial.
En 2016, con un escopetazo, casi le saca un ojo a un joven en otro violento operativo callejero sin que hubiera ninguna justificación.
A fines de 2019, mató a un joven en su casa. Dijo que era un intruso que había ingresado a robar.
En diciembre de 2020, fue clave en la maniobra de encubrimiento tras un caso de gatillo fácil en barrio Urca, según sospecha la Justicia.
Todos estos casos tienen un denominador en común: el policía Jonathan David Tabares, hoy detenido en la cárcel de Bouwer, con prisión preventiva.
Un uniformado que con semejantes antecedentes continuó escalando dentro de la fuerza, hasta que ahora quedó preso. Una biografía penal que vuelve a poner bajo la lupa los controles al interior de la Policía de Córdoba y, al mismo tiempo, sobre cómo se reproduce la violencia institucional.
El fiscal Juan Pablo Klinger comenzó a investigar a Tabares por el gatillo fácil ocurrido en barrio Urca a fines de 2020.
Según reveló Cadena 3, siete policías irán a juicio por el crimen de un joven ladrón, Isaías Daniel Luna. Según la causa, el 18 de diciembre de aquel año, Luna y otros dos cómplices habían ingresado a robar en una vivienda y habían reducido a los tres miembros de la familia, momento en que llegó la Policía. Uno de los uniformados, el sargento Ariel Esteban Adavid (acaba de ser pasado a retiro obligatorio), disparó y mató a Luna, que habría estado desarmado. Sin embargo, en la mano derecha del cadáver se encontró una pistola. Se cree que fue plantada por los policías, maniobra en la que Tabares -quien revestía la función de Jefe de Compañía del CAP 10- habría tenido un rol clave, siempre de acuerdo a lo que se lee en el expediente judicial: se lo acusa de mandar a otro policía en su móvil a ir a buscar un arma para "plantar" y de dar indicaciones precisas al resto para remover de las cercanías de la escena del crimen a aquello patrulleros que tenían cámaras.
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Fue entonces que al rastrear el nombre de Tabares, Klinger se topó con que en la fiscalía había otros dos expedientes en su contra, que estaban juntando polvo. Las causas se habían iniciado cuando Klinger aún no había asumido y los policías habían falseado su contenido con el objetivo de engañar a la Justicia, según se acusa.
Uno de los casos remite a la madrugada del 22 de mayo de 2015, en barrio Granja de Funes 2, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a la causa, según apuntaron fuentes que siguen de cerca la investigación, se presume que Tabares y el policía Pablo Adrián Navarrete, también imputado, privaron abusiva e injustificadamente de su libertad personal a Jorge Daniel Córdoba, lo golpearon en la cabeza con los puños o un elemento contundente y también sobre el de Analía del Valle Montoya, quien fue golpeada por Tabares mediante un puntapié en el estómago y amenazada por este con una piedra, en circunstancias en la que pretendía impedir la ilegitima aprehensión de la víctima.
En la acusación se sostiene que Tabares, luego de estacionar el vehículo y de que Navarrete sacara al aprehendido de su interior, le propinó un golpe de puño en el rostro a Córdoba y arrojó hacia el piso. Seguidamente, encontrándose Córdoba tendido en el suelo, boca abajo y esposado con las manos detrás, Tabares le indicó a Navarrete que golpeara a la víctima; lo que este concretó aplicándole reiterados puntapiés en la zona de la espalda y tórax. En ese contexto, llegaron al lugar otros funcionarios de la fuerza (que no han podido ser identificados por ahora) y se sumaron a la golpiza iniciada por Tabares y Navarrete, aplicándole patadas en el cuerpo a Córdoba.
Seguidamente, uno de los policías allí reunidos atinó a decirle a Tabares que "la cortara", pero el acusado, haciendo caso omiso al pedido de su compañero policial, procedió a separar las piernas de Córdoba (quien se encontraba en posición fetal), a fin de dejar expuestos sus genitales, y seguidamente le aplicó tres puntapiés en la zona, ocasionando que la víctima perdiera el conocimiento, siempre de acuerdo a la reconstrucción judicial citada por los informantes.
Luego, en el acta los policías habrían mentido. Indicaron que a Córdoba le habían hallado un arma de fuego tipo pistola Bersa calibre 22 con numeración N° 35407, que contenía cinco cartuchos en su cargador y uno percutado en su recamara; y de una vaina servida en el piso, correspondiente a igual calibre. "Para ello, Tabares contó con la colaboración de Navarrete, quien, como testigo hábil del acto, estampó su firma al pie del documento, dando fe de las circunstancias mendaces que en dichos instrumentos públicos se hicieron constar".
Esto llevó a que en su momento, Córdoba terminara imputado de manera errónea, según se reconoce ahora en la fiscalía.
Pero esto no fue todo. El 10 de septiembre de 2016, en medio de un operativo callejero en barrio Monja Sierra, Tabares y su compañero Miguel Ezequiel Bustos detuvieron de manera presuntamente ilegal a José Roberto Gutiérrez, quien iba a pie llevando su bicicleta. Según las fuentes, en la investigación se sospecha que Bustos primero golpeó a Gutiérrez, mientras que Tabares directamente le disparó con su escopeta en el rostro, lo que le ocasionó una grave herida en un ojo.
En ese momento, siempre de acuerdo a la acusación, los policías mintieron en el acta judicial sobre lo que realmente había sucedido.
Tabares no sólo que continuó trabajando, sino que fue escalando en jerarquías al interior de la Policía.
A fines de 2019, la Justicia otra vez tuvo su nombre en la mano. En los primeros minutos del viernes 20 de diciembre, Agustín Rivarola, de 22 años, murió baleado supuestamente por Tabares en el interior de la casa del policía, en barrio Parque de la Vega 3. La causa es instruida por el fiscal Ernesto de Aragón, que hasta ahora no imputó al uniformado.
La Justicia sospecha que Rivarola había ingresado esa noche a su casa para robarle una vieja moto, en medio de un supuesto raid delictivo que el muchacho habría generado minutos antes.
La familia del joven fallecido hace más de dos años que reclama que Agustín nunca fue a robar esa casa, sino que creen que se encontró con Tabares por una situación particular.
Tras desempolvar los expedientes de 2015 y 2016, y llevar a cabo una hermética investigación por el gatillo fácil de barrio Urca, Klinger ordenó detener a Tabares y sumarle una catarata de imputaciones: privación ilegítima de la libertad agravada por el modo comisivo; coautor de los delitos severidades y lesiones leves calificadas, en concurso ideal, autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica, autor penalmente responsable del delito de falso testimonio agravado y autor del delito de lesiones graves agravadas por ser cometidas por un integrante de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones y por ser cometidas mediante el empleo de arma de fuego.
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