El fisgón pervertido que intenta poner en jaque a los Tribunales de Córdoba

Juan Federico

Hasta marzo de 2023, Ginés Martín Jodar (49) estaba considerado en los Tribunales de Córdoba como un avezado asesor letrado. Con competencia múltiple, estaba asignado a las defensas oficiales en las sedes judiciales de Jesús María y Río Segundo. Con casi 25 años de antigüedad dentro del Poder Judicial provincial, este funcionario público se movía por esos pasillos con una habitualidad que tornaba su presencia como natural.

Jamás nadie había imaginado que este hombre de trajes formales y mirada seria, que hacía del diálogo su principal fortaleza, escondía semejante secreto.

Todo comenzó a descubrirse en aquel marzo del año pasado, cuando fue sorprendido por una empleada de limpieza agachado junto a la bacha de uno de los baños que utilizaban los empleados en esas sedes judiciales del interior cordobés.

Si bien Jodar no supo explicar qué estaba haciendo y se retiró rápido de allí, la empleada advirtió que debajo de la bacha colgaba una media cortada: tenía un círculo que apuntaba hacia el inodoro. Adentro del zoquete no encontraron nada. Pero el dato terminó por generar un escándalo.

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Según la investigación que lidera el fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, el asesor letrado (defensor oficial) aprovechaba cuando iba a los diferentes despachos de fiscales y jueces de Jesús María y Río Segundo, para hablar de distintas causas, y solicitaba poder utilizar el baño. Se trata de sanitarios internos, al que sólo tienen acceso los empleados y no el público en general.

Estos baños consisten en un inodoro y un lavabos en el mismo compartimento. De acuerdo a lo que se sospecha, con una pequeña media cortada, Jodar colocaba una diminuta cámara oculta debajo del lavabos apuntando en dirección al inodoro. De esta manera, filmaba a las empleadas cuando se sentaban en el inodoro.

Los testigos contarían varios meses después que habían visto a Jodar aproximarse a la puerta de esos baños, del lado de afuera. Una conjetura apunta a que acaso iba viendo en su celular, en tiempo real, lo que sucedía adentro.

Luego, horas o días después, pedía volver a usar ese sanitario y se llevaba la cámara oculta. Pero ya dejaba las medias cortadas instaladas para poder, en futuras ocasiones, volver a colocar allí la camarita.

Siempre de acuerdo a la causa, durante años (al menos desde 2021, según la investigación) habría ejecutado esta acción perversa en diferentes baños oficiales de los tribunales de Jesús María y Río Segundo, ya que luego de descubrirse esto, se inspeccionaron diversos sanitarios y se encontraron los zoquetes ocultos debajo de las bachas.

Cuando se descubrió esto, en marzo del año pasado, el alboroto fue inmediato. Se sospecha que en medio del caos que se generó, Jodar pudo deshacerse de la mini cámara oculta espía (nunca se pudo saber si era una o había más). Pero sí se logró secuestrarle a tiempo un celular y una computadora.

Jodar, cercado, eligió una salida simple: a los pocos días, renunció a su cargo y se marchó por la puerta de atrás. El escándalo pareció silenciarse en ese momento. Pero 11 meses después, a comienzos de enero de este año, el fiscal Pilnik recibió un informe pericial que puso a Jodar contra las cuerdas.

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En sus dispositivos electrónicos se encontraron 226.000 fotos, entre las que los peritos destacaron decenas de capturas de esos videos tomados en los baños, según quedó asentado en el expediente de la causa. En todos los casos, de mujeres a las que sólo se observa de la cintura para abajo. O sea, en sus partes más íntimas.

Para mandarlo a la cárcel, Pilnik tuvo en cuenta dos datos. Por un lado, que esos baños también eran utilizados, a veces, por los niños que debían asistir a Cámaras Gesell, por lo que podría haber menores de edad involucrados. Lo imputó, en aquel momento, de producir imágenes de abuso sexual infantil, además de la tenencia del mismo material.

Y, al mismo tiempo, lo acusó de "violación de domicilio": el baño, interpretó la fiscalía, pasaba a ser un lugar privado desde el momento en que las mujeres cerraban la puerta para que nadie las mirara sentadas en el inodoro.

Una triple imputación que lo depositó en la cárcel.

Meses después, Pilnik ordenó su prisión preventiva entendiendo que en libertad el acusado era peligroso ya que podía atentar contra la causa por varios motivos: conocía a las testigos y a las víctimas; había borrado varias imágenes que fueron recuperadas por los peritos; y la pericia psicológica advirtió que presentaba marcados rasgos de ser un "manipulador".

Desde entonces, Jodar permanece preso. Pero no se resigna. Junto a otro asesor oficial, Jorge Cassini, plantea que no habría figura en el Código Penal para configurar su accionar.

Dice que un baño de una dependencia no es un domicilio, por lo cual no hay tal violación; más, porque cuando él ingresó a poner la cámara no había nadie. Niega, también, que hubiese menores de edad en los registros que se le encontraron. Y asegura que no hay ninguna prueba de que él haya reenviado esas imágenes o que haya extorsionado a las mujeres que filmó a escondidas. O sea, plantea que ser un fisgón ("aficionado a husmear", según la Real Academia Española) no constituye un delito penal en este caso.

La defensa ya sufrió dos fuertes reveses: el juez de Control Pablo Cafferata y la Cámara de Acusación le denegaron los recursos en los que se oponía a la prisión preventiva.

En un fallo que se conoció el pasado 13 de este mes, la Cámara de Acusación entendió: "Existe un indicio de que Jodar habría procurado hacer desaparecer material probatorio que podría resultar adverso a sus intereses". Ante esto, rechazó cualquier pretensión de excarcelación.

Y, al mismo tiempo, abrió las puertas judiciales para agravar la situación penal del acusado. Si bien el fallo se tuvo a que concentrar sólo en el recurso defensivo que se oponía a la prisión preventiva (y que fue rechazado), el juez unipersonal de la Cámara de Acusación, Maximiliano Davies, recordó en la sentencia que la imputación por "violación de domicilio" es provisoria, ya que la querella ha presentado pedidos que podrían potenciar la carátula penal.

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En concreto, la asesora letrada Ana Inés Pagliano, que representa a un colectivo de 28 mujeres empleadas de esas sedes judiciales, solicitó que Joder fuera imputado también por "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado" (pese a que nunca tomó contacto directo con las víctimas).

"Hemos planteado que las conductas atribuidas al acusado tipifican el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, siguiendo el criterio de casos anteriores, en los que se fijó el criterio de que al tipo penal del abuso sexual hay que interpretarlo conforme a las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades. Aquí se dan todos los elementos para que esta conducta quede atrapada dentro de esta interpretación", apuntó Pagliano en diálogo con Cadena 3.

Y destacó que, en el marco de este mismo caso, Jodar ya recibió una condena en otro fuero, el de Violencia de Género, donde fue encontrado culpable de haber ejercido violencia de género de tipo psicológica y sexual bajo la modalidad laboral y digital.

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Al respecto, en el reciente fallo de la Cámara de Acusación el juez subrayó: "Diversas mujeres que habrían sido víctimas de aquella conducta (la filmación oculta de Jodar) refirieron padecer, a causa de ella, lesiones psicológicas, por las cuales expresaron su voluntad de instar la acción penal. Circunstancia que, a raíz del accionar enrostrado, podría conllevar otra atribución delictiva".

De esta manera, la pretensión de Jodar de que su caso fuera declarado "atípico", sin ninguna figura penal que lo inculpe, podría trocar a todo lo contrario: abultar su prontuario con figuras más graves que lo depositen por unos cuantos años en una celda, sin la posibilidad de volver a filmar a nadie sin su consentimiento.