Juan Zaniolo estaba harto. Agobiado de la inseguridad. El domingo temprano, cuando estaba por irse de la casa de su madre, en barrio Patricios, al noreste de la ciudad de Córdoba, tres jóvenes ladrones lo rodearon y le quitaron el celular y algo de dinero. Él alcanzó a atrapar a uno, pero los cómplices regresaron y a fuerza de golpes lo disuadieron para que lo dejara escapar.
El lunes otra vez los ladrones treparon a su casa. El martes a la medianoche, los pasos en los techos lo sobresaltaron.
La casa familiar de Tomás de Rocamora al 2500 tiene las huellas de la inseguridad. El cemento sin pintar delata que la reja de una ventana tuvo que ser repuesta luego de que los intrusos la arrancaran. El perímetro externo ya no alcanza. Juan tuvo que destinar largas horas de su descanso para colocar "pinches" en la parte superior. El perro también hace guardia.
Juan hoy está preso. Una fiscal, Claudia Palacios, lo acusa de ser quien en la medianoche del martes último disparó contra Lucas Fatala (25) cuyo cadáver fue encontrado horas después en el patio de la casa colindante a la de Juan. Una vivienda desocupada que hoy es una obra inconclusa. Cuentan los vecinos que su dueño se cansó de intentar arreglarla en medio de un hostigamiento permanente por parte de los ladrones: robaron marcos, griferías, rejas, ventanas, picos... todo.
Lucas Fatala vivía a sólo 50 metros de la casa de Juan, en Tomás de Rocamora al 2600. Los mismos vecinos que no quieren hablar en voz alta, por temor a represalias, cuentan que estaba perdido por el consumo de drogas y que para continuar sumergido en la adicción hace tiempo que robaba en su propio barrio. Lo que sea. Más de una vez lo vieron caminar con el marco de una ventana, con una bolsa de arena, intentando atrapar una bicicleta de algún patio. Él y varios jóvenes más. Hasta el tanque de agua de una casa se robaron.
Rápido caminaban otros 50 metros y a la vuelta, a dos pasos de una escuela, cambiaban lo que robaban por alguna dosis de cocaína.
Todos saben quiénes venden droga allí. Hace poco, la Fuerza Policial Antinarcotráfico publicitó una gran redada con una decena de detenidos. La mitad de ellos, mujeres, ya regresaron. Prisión domiciliaria, con la excusa de cuidar a los niños menores de 5 años. La realidad: la venta de estupefacientes al menudeo nunca se detuvo. Unas zapatillas colgando de los cables son la señal inequívoca de que allí hay "quioscos".
Mientras en la Morgue Judicial aún están completando la autopsia de su hijo, en la mañana de este jueves, Nancy accede a contar su dolor a Cadena 3. "Yo sabía que mi hijo iba a terminar preso o muerto". Lo dice de manera casi natural, sin lograr dimensionar el impacto de sus palabras.
Otra vez, una madre cordobesa resignada a elegir entre lo peor: cárcel o muerte. Una historia que no deja de repetirse, surcada por la brutal línea de la droga. Lucas hacía tiempo que había caído en las adicciones. Abandonó el colegio, fue a la Casa del Joven y al Ipad. De ambos centros terapeúticos, dice Nancy, salió con una bolsa de pastillas y una nueva adicción: a la cocaína le sumó los psicofármacos.
"Ahora, ya mayor de edad, me decían que no lo podían internar si él no quería. ¿Cómo se va a querer internar un adicto?", pregunta la mujer. Interroga del mismo modo que suplicó semanas atrás la mamá del cantante Chano Charpentier en medio del Senado de la Nación. Drogas, salud mental, abordajes que no llegan. Cárcel o muerte. Parábola de la impotencia.
Nancy sufrió los robos y la violencia de su hijo. Tuvo que denunciarlo, buscar una orden de restricción y mudarse a varios kilómetros. Él continuó a la deriva. Cayó preso, volvió a la calle, al consumo, a los robos.
Lucas no era ningún desconocido para el sistema. "Tenía antecedentes penales", se dijo apenas lo identificaron el miércoles a la siesta. Significaba que se trataba de un delincuente. Pero, sin proponérselo, también estaban diciendo que otra vez nada había alcanzado para salvarlo. Ni a él ni al resto de la sociedad.
Si algo hubiera funcionado, Lucas no estaría muerto ni Juan estaría preso. En esa cuadra de calle Tomás de Rocamora, todos han quedado desnudos.
A sólo 200 metros, una base policial parece ser sólo una fachada inocua. Lo mismo que la comisaría 36, emplazada a menos de 800 metros. Los vecinos aseguran que la zona hace tiempo quedó liberada para los delincuentes. Que se han cansado de llamar pidiendo más protección. Que ya no saben qué más hacer para pedir un poco de seguridad.
La postal de la cuadra habitada por viviendas de clase media a las que no les sobra nada es tremenda: rejas, casas que se han puesto en venta a las apuradas, aberturas tapiadas, perros, alarmas comunitarias y candados. Nada alcanza. Ni siquiera las promesas oficiales de más cámaras de seguridad. Anuncios que no llegan ante semejante muestra de realidad.
A menos de siete cuadras del lugar donde Fatala fue asesinado, está emplazada la estación de GNC donde el 13 de abril último dos motochoros mataron a balazos al playero Pablo Altamirano Araoz. En aquel momento, la conmoción social generó marchas, críticas y otras promesas. Los patrulleros pasaron por unos días con una frecuencia mayor a la habitual. Hasta que otra urgencia de inseguridad los llevó para otra parte de la ciudad.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
