Los investigadores no tienen dudas: se trató de un mensaje.
El hallazgo de una "bocha" de marihuana en el techo de una base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en la ciudad de San Francisco, ha disparado toda clase de suspicacias.
Es que no hubo nada de casualidad. Si bien la investigación que lleva adelante el fiscal Bernardo Alberione es más que incipiente, no hay margen para la especulación: alguien dejó esa droga allí a propósito, con un claro objetivo.
El problema es descifrar el mensaje.
Vamos por partes. Primero, cómo se encontró la droga. Todo ocurrió ayer a la tarde. Hubo un problema eléctrico que afectó la bomba para el suministro de agua de la base de la FPA emplazada en Libertad y Rivadavia, a sólo una cuadra de la Plaza Cívica de esa ciudad.
La FPA fue creada en 2014, tras el denominado narcoescándalo que sacudió a la división Drogas Peligrosas de la Policía provincial en 2013. El entonces gobernador José Manuel de la Sota ordenó eliminar esa dependencia y generar una fuerza antidrogas nueva, dedicada sólo al narcomenudeo, y bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Con un presupuesto millonario, la historia de la FPA ha tenido vaivenes, ya que aún no se ha logrado consolidar como una institución referente en el combate contra la venta de drogas en los barrios, una modalidad delictiva que nunca dejó de crecer en la provincia.
Pero volvamos a San Francisco. El problema de la bomba de agua hizo que un agente de la FPA subiera al techo de la base. Y al acercarse al lugar donde está el tanque de agua, halló una bolsita con marihuana.
El fiscal Alberione fue anoticiado de la novedad cerca de las 19. De inmediato fue en persona al lugar. Y aunque por ahora se mantiene en un estricto silencio de prensa, quienes estuvieron con él no dudan de que lo invadió la preocupación.
Pasamos aquí a la segunda parte, la central.
¿Un policía la escondió allí? ¿Para qué?
¿Alguien la arrojó desde la calle? ¿Para qué?
El relevamiento de las cámaras de seguridad acaso permita dar algunas pistas al respecto. Desde la calle, el techo asoma alto y en una zona de bastante tráfico. Por el corazón de la manzana es imposible acceder.
En ambos casos, las sospechas apuntan a un golpe institucional. A un pase de facturas, a una necesidad de dejar a alguien expuesto. La "mueblería" policial otra vez afectada a la elaboración de "camas".
"Alguien nos quiso decir algo, pero no está claro qué", resumió una fuente de la Fiscalía General, a 200 kilómetros de distancia.
Los ruidos al interior de la FPA vienen en aumento en los últimos tiempos. El apartamiento de un estrecho colaborador del jefe Adrián Salcedo, tras dar positivo en un examen toxicológico, ha generado un sismo interno que empieza a revelar algo más.
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En ese punto, los informantes agregaron otro dato: sólo horas antes, el martes, había sesionado en San Francisco el Consejo de Seguridad Interprovincial, que involucra a Córdoba y Santa Fe.
Encabezado por el intendente interino de San Francisco, Damián Bernarte, del encuentro participaron los ministros de Seguridad de Córdoba y Santa Fe, Alfonso Mosquera y Jorge Lagna, además de las jefas de ambas Policías, Liliana Zarate y Emilce Chimenti. También participaron funcionarios de las ciudades santafesinas de Frontera y Josefina, funcionarios judiciales provinciales y federales y representantes de las diferentes fuentes de seguridad.
Aunque nadie lo diga en voz alta, el avance del crimen organizado santafesino en territorio cordobés preocupa cada vez más.
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En los últimos meses no sólo que se detectó en Monte Maíz una pista de aterrizaje clandestina utilizada por una banda rosarina, además de haber capturado a un influyente miembro de esa organización en un exclusivo country de la ciudad de Córdoba, sino que en Morteros (ciudad ubicada a 85 kilómetros de San Francisco) sicarios asesinaron a un hombre.
La víctima fue José Luis Cáceres (48), cuya vivienda fue atacada a balazos el 13 de febrero último. Uno de los proyectiles ingresó por una ventana y lo mató.
La pista es brutal: un crimen con encargo en medio de una ciudad de menos de 20 mil habitantes.
Tras el crimen fueron detenidas seis personas (cinco varones y una mujer). Y dos personas más, una mujer y un varón, quedaron en calidad de prófugos, con una orden de captura internacional.
Además de algunos elementos de interés para la causa, se secuestraron dosis de droga, según trascendió.
Las fuentes agregaron el dato mayúsculo: se sospecha que fue un preso el que ordenó el crimen de Cáceres. Se trata de Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo (36), quien debe purgar una condena unificada de 23 años de prisión por diferentes causas por narcotráfico y violencia urbana.
Entre otras investigaciones en la que se lo involucró, "Yiyo" fue sindicado de haber liderado una organización de narcomenudeo con conexiones entre Morteros y la localidad santafesina de Suardi.
"Su domicilio es la cárcel, pero desde allí continúa delinquiendo", agregó un informante que lo ha investigado.
Estuvo alojado en la cárcel santafesina de Piñero y ahora fue relocalizado en un penal de Chaco. Y pese a que continúa sumando imputaciones, por lo que hace probable que nunca más recupere la libertad, "Yiyo" continúa activo: sus segundas líneas son mujeres que en libertad llevan adelante sus órdenes.
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