La renuncia forzada del ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tuvo un mensaje más que implícito: el esfuerzo para intentar atenuar durante 15 días el impacto por el espanto en el Neonatal no logró -pese a la labor de algunos voceros no oficiales- dejar al ministro afuera de las responsabilidades.
Lo que siguió seguramente configurará una de las páginas más asombrosas -y bochornosas- de la historia política de Córdoba: un ministro, obligado a renunciar por la muerte de al menos cinco bebés sanos, saludó de un balcón mientras un grupo de funcionarios y empleados lo aplaudía. Se mostraba emocionado, mientras escuchaba vítores, acaso para acallar lo que más lo sacudía: un fiscal analizaba una posible imputación en el marco de una causa sin antecedentes en la provincia.
Días antes, una vicepresidenta sobre la que un fiscal acababa de pedir una dura condena de prisión, por corrupción, había tenido también su propio balcón.
Más allá de los aplaudidores oficiales, del esfuerzo de escribir un relato propio sobre el espanto en el Neonatal, buscando sólo culpabilizar a una enfermera, lo concreto es que esta historia judicial aún tiene demasiados capítulos por delante. Y no coinciden necesariamente con este deseo.
Veamos:
1. Hay cinco bebés sanos que murieron a las pocas horas de nacer, entre marzo y junio último. Y al menos otros ocho que sufrieron gravísimas lesiones. Ahora, la Morgue Judicial analizará otras 13 muertes para determinar si las ingresan o no dentro de este universo de casos sospechosos.
2. Hasta ahora, hay sólo dos autopsias. Y es muy posible que no se pueda realizar ninguna otra. En los resultados de uno de los trabajos forenses se determinó una cantidad importante de potasio en el organismo de la criatura fallecida. En la otra autopsia, se consignó que el valor de potasio era "anormal", pero no se precisó la cantidad. Por eso, se indicó que se sospecha que la sustancia fue introducida de manera "intencional" en las criaturas. ¿Qué significa intencional? No necesariamente que fue a propósito con la intención de matar (algo que los forenses no pueden asegurar en este estudio), sino que necesariamente alguien inoculó esa sustancia en las criaturas.
3. Esto abre una serie de teorías: asesinato intencional, tal como sostiene el fiscal Raúl Garzón en la imputación a la enfermera Brenda Agüero (27); mala praxis (¿pudieron haber confundido tantas veces la vitamina K con el potasio -cuyo símbolo químico es la K-?) e incluso no se puede descartar aún que el potasio se le haya administrado de manera consciente para intentar reanimar a los bebés cuando ya estaban descompensados en terapia, lo que abre la posibilidad de que la sustancia fatal hubiese sido otra, aún no determinada.
4. Todos estos interrogantes no se pueden contestar aún porque la causa carece de estudios forenses en los otros casos. En la mayoría de estos eventos, los bebés ya fueron sepultados y no se los va a exhumar porque el paso del tiempo ha sido letal para la posibilidad de lograr encontrar alguna sustancia extraña en el organismo o alguna marca clave en el cuerpo.
5. Esto hace que la investigación no tenga un patrón en común en todos estos ataques.
6. Lo único en común, y que surge de una investigación propia del Ministerio de Salud, luego elevada a la Justicia cuando el fiscal Garzón interpeló a la Provincia, es que la enfermera Agüero fue a trabajar en los mismos días en los que sucedieron la mayoría de estos casos sospechosos.
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7. La teoría de un cuarto pinchazo tampoco se ha logrado comprobar. No surge esa evidencia en todos los casos.
8. Todas estas carencias en la investigación se responden, sobre todo, por el valioso tiempo que se perdió. La Provincia investigó de manera administrativa la seguidilla de muertes entre marzo y junio sin realizar ninguna denuncia judicial. La Justicia recién se enteró de todo este contexto cuando un particular fue a Tribunales 2 a principios de julio y denunció que en el Neonatal habían muerto más bebés que lo considerado "normal". Este denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva, aportó datos muy sensibles sobre esta sospechosa cadena de muertes, que hasta ese momento sólo conocía el Ministerio de Salud, según reconoció en su momento el entonces ministro Cardozo.
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9. Cuando imputó a la enfermera Agüero, el fiscal también imputó por omisión de los deberes de funcionario público a la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, a la exjefa del Servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y de Adriana Morales, a cargo del Departamento de Neonatología. Estas dos últimas ya empezaron a dejar trascender cuál será su estrategia defensiva. En mayo, elevaron una nota interna a la entonces directora y al nuevo videdirector, el abogado Alejandro Escudero Salama (puesto allí justamente para la investigación interna) en la que advirtieron: "Nos dirigimos a fin de solicitar reunión con carácter de urgencia por lo ocurrido en el Centro Obstétrico. Motiva el pedido la gravedad de los hechos, la muerte de un recién nacido a término sin factores de riesgo, y la denuncia por parte de la familia de maltrato institucional".
10. Esta estrategia defensiva complica al ahora exministro Cardozo. Porque todos los apuntados empiezan a señalar hacia arriba en la cadena de responsabilidades. Que cada uno de ellos fue avisando del espanto a sus superiores. Y que eran estos últimos los que debieron realizar la denuncia judicial que nunca efecturaron.
11. Por eso, además de Cardozo fue desplazada toda la estructura central del Ministerio de Salud. El secretario de Salud, Pablo Carvajal, el director de Hospitales Capital, Esteban Ruffin -quien fue designado al frente del Neonatal luego del apartamiento de Asís y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover -nombrada de manera sugestiva como vicedirectora del Neonatal cuando estalló el escándalo-. Ruffin y Yanover, partes centrales de esta cadena de responsabilidades, estuvieron 15 días al frente del Neonatal luego de que el escándalo saliera al a luz pública. También se quedó sin trabajo dentro del Estado el director general de Atención Hospitalaria, Carlos Cánovas. Todos estos nombres ahora son analizados por la fiscalía de Garzón para establecer si formaron parte de la cadena de omisiones o no.
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12. Pero estos no son los únicos funcionarios bajo sospecha. Cuando cualquier persona muere en un hospital público, el médico es el responsable primario de si se judicializa o no: si tiene dudas sobre la real causa del deceso, no firma el certificado de defunción y avisa a la unidad judicial. Esta es la que solicita el traslado y la autopsia. En el espanto en el Neonatal, en los tres primeros fallecimientos sospechosos (en marzo, abril y mayo) los médicos sí firmaron estos certificados, por lo que los bebés no fueron sometidos a ninguna autopsia. Ahora, estos médicos han quedado bajo sospecha y se buscará establecer si dejaron asentada alguna duda o si certificaron esos decesos directamente, sin observar nada. Si se comprueba esto último, es posible que también se avance en imputaciones. "Si se puso un diagnóstico y se comprueba que no era tal, pueden ser denunciados e imputados", agregó un experimentado funcionario judicial.
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