El ataque con tintes mafiosos que tuvo como blanco una comisaría de la ciudad de Córdoba tiene un denso contexto por detrás.
En la madrugada de este viernes, alrededor de la 1.30, según consta en la investigación que lidera el fiscal Andrés Godoy, al menos dos atacantes en moto estacionaron frente a la base del Comando de Acción Preventiva del Distrito 7 (CAP 7), en la esquina de Melián y Arriola, barrio Quintas de San Jorge, y de manera casi automática abrieron fuego contra la fachada. En total, se escucharon cinco detonaciones que impactaron contra una puerta y las paredes de la sede policial.
Tras ello, los delincuentes aceleraron y se perdieron rápido de vista. No dejaron ningún mensaje escrito para que los investigadores lograran descifran las motivaciones detrás del atentado.
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No obstante, al recorrer ese sector ubicado entre la avenida Capdevila y el anillo de la Circunvalación, en la zona noreste de la Capital cordobesa, es fácil advertir un denso contexto social marcado por el avance de las bandas organizadas y el narcotráfico.
Policías ya retirados, con décadas de experiencia en la fuerza y demasiada calle pisada, no dudan en recordar que la criminalidad en ese sector de la ciudad ya aparecía como complicada a principios de la década de 1990, hace más de 30 años. Recuerdan cuando a fines de 1991 un policía mató a un joven en medio de un operativo, lo que generó una reacción vecinal que incluyó la quema de móviles policiales. "Durante años no se pudo ni entrar a allanar en ese sector, se hicieron intocables", narró un sabueso que hoy peina canas.
Tres décadas después, todo se profundizó.
“Acá se juntan los narcos a tirar tiros, pero no se ‘pegan’ entre ellos. Yo ya ni salgo porque tengo miedo que me tiren un tiro. Empiezan a las 11 de la noche a tirar. Es inconcebible. Esto es de todos los días, con robo a las mujeres. No podés salir a la puerta”, graficó este viernes un vecino que vive a escasos metros de la comisaría atacada.
Vaya paradoja: ni aún frente a una base policial el hombre encuentra tranquilidad. Aseguró que los delincuentes suelen atacar los móviles estacionados y que incluso les roban las pertenencias que dejan los policías en los vehículos.
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Para entender todo este desmadre, es necesario caminar sólo 50 metros. Detrás de la comisaría aparece, en dirección a la Circunvalación, Río Pasaje, una calle de sólo 200 metros que desde hace años es conocida, tanto en ámbitos policiales como en el submundo del hampa como "la cuadra narco".
La definición no es caprichosa. Desde hace años esa zona de la ciudad aparece señalada como uno de los 25 barrios de la Capital cordobesa en los que el narcotráfico ganó el territorio. Informes de organismos públicos y privados coinciden desde entonces en el mismo diagnóstico.
En Río Pasaje ya llegó el pavimento y el cordón cuneta, luego de décadas en las que las primeras lluvias transformaban en un lodazal a esos 200 metros. No obstante, esta mayor conectividad con la traza urbana, según advierten los informantes, lejos estuvo de aminorar la criminalidad en esa zona.
Las miradas desconfiadas en las esquinas delatan que hace tiempo ya tienen dueños definidos. El control territorial es palpable a cualquier hora del día. El desconocido es escrutado a través de gestos adustos que no necesitan presentaciones.
Los vecinos que piden hablar bajo un estricto anonimato, hablan de "peajes" nocturnos y de precoces delincuentes agazapados durante las noches. Todo, con un denominador en común: la droga.
En la "cuadra de la droga", apuntan, nunca mermó la oferta de todo tipo de sustancias. El número de "quioscos" en esos 200 metros, reiteran, es obscenamente desproporcionado. Allí, en los últimos años se han registrado asesinatos. Compradores emboscados que terminaron muertos a tiros. Todo, a la vuelta de una comisaría.
En 2014, el Observatorio de Seguridad Ciudadano –que era dirigido por la exministra de Seguridad de la provincia Alejandra Monteoliva– ya había marcado 23 barrios capitalinos en los que se advertía un “control de los narcos”.
Estos sectores, en los que aparecían San Jorge y Quintas de San Jorge, cumplían con tres premisas básicas: un alto nivel de tráfico de drogas; la participación de pequeños dealers constituidos como centros de distribución y el control del espacio público para que la venta no fuera afectada.
Dos años después, a mediados de 2016, el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba elaboró el mapa de la inseguridad en la Capital y remarcó que por lo menos el 20 por ciento de los barrios de la ciudad mostraban altos índices de vulnerabilidad. Otra vez, San Jorge y sus adyacencias aparecían marcados.
La referencia coincidía con los 25 barrios que a comienzos de ese mismo año la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), dedicada a combatir el narcomenudeo (la venta de droga más superficial y expuesta), había marcado como zonas “calientes” en cuanto al expendio de todo tipo de estupefacientes.
Los vecinos de estos sectores, conformados por una mayoría de personas trabajadoras y honestas, son las primeras víctimas de este flagelo. Ellos viven encerrados, con miedo. Y aceptan, a fuerza de una violencia implícita, el código de no mirar, no hablar, no escuchar. Ciego, sordos y mudos mientras el delito se expande. Tanto, como para atacar a balazos a una comisaría.
