La Justicia y la Senaf se echan culpas por liberar a adolescentes que delinquen

Juan Federico

Tiene 15 años. Casi las mismas páginas que su expediente judicial: desde hace tiempo, acumula ingresos en unidades judiciales, a las que llega de la mano de policías que lo detienen por diversos delitos.

Miembro de una familia numerosa, suele deambular por villa El Nailón, Marqués Anexo y los barrios cercanos. Por la escuela ya no aparece. "Es muy bravo", cuentan los vecinos. Se refieren a peleas, ataques a piedrazos y hasta balaceras. Es difícil encontrar alguna mirada un poco más optimista cuando se pregunta por él. "Está a la deriva", termina por ser un poco más contemplativo alguien que lo conoce desde que era más pequeño.

El lunes último, sin proponérselo, dejó al desnudo a todo un sistema. 

Cerca de las 16, dos policías que patrullaban de manera preventiva por calle Cornelio Saavedra al 3400, a la altura de barrio Sargento Cabral, divisaron al joven de 15 años que iba caminando "en actitud sospechosa". Ante esto, lo persiguieron y le ordenaron que se frenara en la vereda. Fue entonces que le secuestraron una pistola 11.25 que llevaba entre sus ropas.

Al menos así lo dejaron asentado cuando entregaron el operativo en la unidad judicial correspondiente. Los agentes no se dieron cuenta de que en realidad era de aire comprimido, muy similar a esa arma de guerra. "Si te apunta a la frente con eso, te juro que no te vas a dar cuenta que es de mentira", graficó un experto en arma cuando lo consultamos si se trataba de una réplica o no.

Menos de ocho horas después de aquella primera detención, minutos después de la 1.30 del martes, otra patrulla que hacía su recorrido por el interior de barrio Marqués Anexo, a pocas cuadras de la Cornelio Saavedra, divisó al mismo adolescente deambulando. A esa hora, en medio de un frío profundo, él continuaba en su propio abismo.

Los efectivos, que estaban al tanto de que había sido capturado horas antes, creyeron que se había fugado. De otra manera, no podían explicar qué hacía allí.

Fue así que cuando intentaron detenerlo, el adolescente atacó a los policías y al móvil en el que circulaban. Según quedó asentado en el expediente, el joven tomó una piedra de grandes dimensiones y la arrojó en contra del patrullero, provocando la rotura de su parabrisas.

Lo capturaron y lo llevaron de nuevo a la unidad judicial.

En medio de la feria judicial, intervino en ambos casos la Jueza Penal Juvenil N° |, Daniela Bianciotti. En las dos oportunidades, resolvió lo mismo: el adolescente volvió a su casa. O sea, a la intemperie social en la que vive.

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La secretaria de este juzgado durante la feria, Cecilia López Ariza explicó a Cadena 3 que en los dos casos se valoró que el arma era de aire comprimido y que los piedrazos al patrullero no hirieron a ninguna persona. Y si bien se constató que ya tenía otros ingresos al sistema judicial, no se dispuso ninguna medida de resguardo preventiva.

En ese sentido, se recordó que si bien el artículo 94 bis de la ley provincial 9944 (de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) plantea que un adolescente no punible (menor de 16 años) puede permanecer hasta seis meses como máximo en Complejo Esperanza, si así lo dispone un juez, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró que este punto era inconstitucional, por lo que lo dejó sin efecto. 

En un fallo dictaminado en 2021, firmado por los jueces Luis Angulo (exministro de Justicia), Aída Tarditti, Marta Cáceres de Bollatti y Sebastián López Peña, se indicó que era "incompatible" que menores de 16 años fueran alojado en ese centro.

De manera teórica, se plantea que los adolescentes menores de 16 años que queden involucrados en procesos delictivos deberían ingresar en un proceso de "justicia restaurativa". Este concepto, de acuerdo a la definición de los protocolos internacionales, "no reconoce la sanción como un valor en sí mismo sino que realiza intervenciones que generen en el joven o la joven su responsabilización y la manera de restaurar aquello que sus actos generaron". "De la misma forma, la justicia restaurativa involucra a las víctimas para que puedan reafirmarse y puedan volver a tomar el control de sus vidas y no sean objeto de procesos de revictimización", se lee en la idea.

Dentro de este lineamiento, desde el Juzgado Penal Juvenil de feria se agregó que el adolescente detenidos dos veces en ocho horas en realidad no había sido liberado por la jueza, sino que lo habían puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para que resolviera su situación.

La difusión de esta respuesta por parte de Cadena 3 provocó que horas después desde el organismo estatal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba (a cargo de Laura Echenique) se desmintiera al Juzgado.

A través de un comunicado oficial se indicó: "Cabe destacar que por disposición del Juzgado Penal Juvenil interviniente y sin prejuicio de la investigación, éste decidió que el adolescente no fuera privado de su libertad y sólo le pidió a la Senaf, el martes, mediante oficio judicial, que realice un informe socio ambiental. Esta mañana (por ayer) se remitió un informe inicial al juzgado y mañana (por hoy) se entregará uno más completo".

En ese sentido, las fuentes consultadas remarcaron que siempre es el Juzgado el que debe decidir qué clase de medida se toma con un adolescente no punible.

En ese punto, empleados de Complejo Esperanza agregaron otro cortocircuito: en la actualidad, allí permancen 27 adolescentes que ya cumplieron los 18 años y sobre los cuales aún los juzgados no han decidido si los regresan a la libertad o si los pasan a cárceles de mayores. "Es de una gran anomalía que permanezcan junto a menores de 18 años", recalcaron.