"Murió por una asfixia mecánica. Le apretaron los pulmones hasta que reventó".
El abogado Luis Galli representa a la familia de Jonathan Romo, el joven de 35 años que el domingo último murió tras descompensarse en la comisaría de La Falda.
El caso ha generado un verdadero sismo dentro de la Policía de Córdoba, ya que las sospechas apuntan a un episodio de gravedad institucional cuyas consecuencias aún nadie se anima a dimensionar.
Romo fue detenido el domingo en la vía pública de La Falda, al parecer, tras ocasionar algunos incidentes adentro de una despensa de esa ciudad. Se sospecha que estaba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, ya que el joven presentaba un largo historial de adicciones.
Rompió una botella e intentó agredir a los presentes, hasta que llegó la Policía y lo encontró ya afuera. No está claro cómo lo sacaron de adentro de la despensa.
En un video filmado con un celular al que accedió luego la familia de Romo, se observa cómo los policías forcejean con él, hasta que lo reducen. Los uniformados le hicieron presión con las rodillas sobre el pecho y la espalda, además de otros golpes.
Al ser trasladado a la comisaría de esa ciudad, Romo se descompenso y murió.
La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, estuvo en persona en la comisaría y ordenó las primeras diligencias. Entre otras actuaciones, solicitó la autopsia correspondiente. Este peritaje es clave para determinar cómo y por qué murió Romo.
Al iniciar el lunes la feria judicial de invierno, la fiscal Kelm salió de vacaciones, por lo que de manera provisoria la investigación es continuada por el fiscal Raúl Ramírez, quien por ahora no ha imputado a nadie.
El martes, Ramírez recibió las primeras conclusiones. Y si bien ordenó una serie de estudios complementarios, ya tiene en su poder la respuesta fundamental: Romo no murió por causas naturales, sino que se trató de un deceso "violento".
En ese punto, el abogado Galli aseguró ante Radio Única de Punilla que el joven falleció como consecuencias de las lesiones en los pulmones que se produjeron a raíz de las presiones que los policías ejercieron sobre su cuerpo.
"El cuerpo habla. Y él (por Romo) estaba desfigurado. No sabemos si adentro de la comisaría también lo golpearon", denunció.
Aseguró que en diciembre último el joven había sobrevivido a un episodio similar. Tras ser detenido por cinco policías, terminó internado en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, con un riñón perforado. "Si la Justicia hubiera actuado bien en ese momento, esta muerte se podría haber evitado ahora", cuestionó el letrado.
Y denunció que la Policía de Córdoba no sabe cómo actuar cuando se encuentra con alguna persona bajo algún brote psicótico, tal como se sospecha que le sucedió a Romo el domingo último.
Aunque todavía no hay ningún policía imputado (se especula con que en las próximas horas se conocerán las primeras -y graves- acusaciones contra los policías), el martes a la mañana el Ministerio de Seguridad de Córdoba, cartera que dirige Alfonso Mosquera, anunció una fuerte purga a raíz de este caso.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Se firmaron los pases a retiro obligatorio de dos jefes claves, el director de Recursos Humanos y Formación Profesional (Julio Faría) y el director de Entrenamiento Policial Permanente (Marcos Manrique). Además, fue desplazado el jefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte.
Aún no se designaron quiénes serán los reemplazantes, aunque se especula con que en los cambios que se están analizando también se incluirá una modificación en Seguridad Capital, el distrito que más críticas recibe por la proliferación de los episodios de inseguridad.
La salida de Faría significó un fuerte impacto institucional, ya que se trataba de un integrante de la Plana Mayor de la Policía.
La formación y la capacitación policial quedaron en el centro de las críticas tras los tres casos de gatillo fácil ocurridos en 2020 (los crímenes de José "Beco" Ávila; Blas Correas y Joaquín Paredes). Tras estos episodios, se decidió una fuerte purga en la Plana Mayor, con el pase a retiro obligatorio del entonces jefe Gustavo Vélez (hoy a cargo de la seguridad de Bancor) y su reemplazo por la comisaria Liliana Zárate.
Faría había reemplazado a Zárate en Recursos Humanos y Formación Profesional (era la jefa de esta área al momento de los asesinatos de Ávila y Blas Correas).
A fines de 2020, la Unicameral aprobó dos cambios sensibles: la formación policial se extendió a tres años y se dispuso la creación de un nuevo Tribunal de Conducta Policial.
Esta nuevo ente ya está investigando las responsabilidades administrativas en torno a la muerte del detenido en la comisaría de La Falda, por lo que se espera que en breve se conozca el pedido para que varios policías de esa ciudad sean puestos, de manera preventiva, en situación pasiva.
En declaraciones públicas, el ministro Mosquera indicó que en el caso de La Falda los policías jamás debieron llevar a Romo a una comisaría, sino que tuvieron que haber solicitado atención médica.
Se recordó que a fines de 2019 se elaboró un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia para que los policías cordobeses estén capacitados para poder intervenir de manera eficiente ante situaciones donde deban reducir a personas con alteraciones mentales o emocionales. "Se tiene que evitar el daño físico y dar parte de inmediato al sistema de emergencias", es la síntesis de este protocolo.
Entre el 6 y el 19 de junio último, los policías cordobeses volvieron a recibir una capacitación virtual sobre este protocolo. Sin embargo, ante lo ocurrido en La Falda, el ministro resolvió el retiro obligatorio del máximo responsable de Formación Profesional de la Policía.
Ahora, al confirmarse que se trató de una muerte violenta, la gran pregunta que se hacen en Jefatura y en el Panal es hasta dónde escalará este nuevo escándalo que sacude a la Policía de Córdoba.
