Desde esta semana, siete efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el secretario de la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje afrontan una gravísima acusación. Están implicados en una presunta maniobra que consistía en robar cocaína, marihuana y otras drogas durante los allanamientos para luego pagarle a "informantes" ilegales, con lo que generaban nuevos operativos.
A partir de la revelación de esta investigación, que el martes último llevó a la detención de los seis policías, ya hay abogados defensores de supuestos vendedores de drogas detenidos en los últimos tiempos en el norte cordobés que están evaluando solicitar la anulación de todas estas causas. Esto generaría un efecto perverso: los dealers volverían a la calle sin culpa ni cargo.
La investigación nació en a fines del año pasado luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias. Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico en Cruz del Eje.
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En un principio, la inconsistencia en el inventario llevó a que el jefe histórico de la fuerza, Adrián Salcedo, comunicara todo a Fiscalía General.
La FPA es hija directa de otro narcoescándalo, el que en 2013 sacudió a la Policía de Córdoba y que obligó al entonces gobernador, José Manuel de la Sota, a decidir la disolución de la división Drogas Peligrosas (que alguna vez fue llamada, de manera irónica, como "la peligrosa división de drogas") y la creación de la FPA, pero bajo la órbita de la Fiscalía General.
En síntesis, se decidió que la FPA se iba a reportar de manera directa a la Justicia para ocuparse únicamente del combate al narcomenudeo (los "quioscos" en los barrios), mientras las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria -PSA- y Prefectura) debían orquestar junto a la Justicia Federal el combate al narcotráfico en mayor escala.
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Se trató de una manera elegante que encontró el Ejecutivo para quitarse de encima lo que en ese momento significaba un problema y trasladarlo a otro Poder público, aunque a veces se confunde la real dependencia que tiene esta fuerza.
Fue por ello que el fiscal General Juan Manuel Delgado, quien hace del combate al narcomenudeo una de las principales preocupaciones de su gestión, se ocupó casi de manera personal de la denuncia que le llevó Salcedo. Primero, envió todo a una fiscal del fuero, Milagros Rivas, para que comenzara a indagar.
A las pocas semanas, el expediente regresó al despacho mayor de los fiscales. La fiscal advirtió que había anomalidades, pero se declaró incompetente ya que el fuero tiene como misión contrarrestar el narcomenudeo y en este caso todo apuntaba a una asociación ilícita. El desafío era doble: los fiscales del fuero investigan con la FPA, algo que en este caso iba a ser imposible, ya que la propia fuerza era la que estaba bajo sospecha.
Fue entonces que un fiscal del fuero ordinario, Juan Pablo Klinger, terminó por asumir el desafío de desentrañar qué había sucedido.
A esa altura, los presuntos responsables, de las brigadas de la FPA en Cruz del Eje y Deán Funes, ya estaban prevenidos de que se había abierto una causa. En el mayor sigilo, Klinger ordenó allanar a un grupo de agentes y secuestrarle los celulares. Como se preveía, la mayoría ya había borrado las conversaciones más comprometedoras, según contarían luego las fuentes consultadas. Pero no todos. Los peritos se armaron de paciencia y lograron reconstruir buena parte de los chats. Y así, llegaron a una revelación mucho más impactante que la esperada.
Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales.
Desde el narcoescándalo de 2013, que tuvo con un rol central al falso "buchón" Juan Francisco "el Francés" Viarnes, ya no hay más dudas en Córdoba sobre cómo se debe operar con estos informantes. Las autoridades deben tener conocimiento y control sobre quiénes son estos "dateros" y en qué condiciones se pactan sus colaboraciones. De ningún modo se prevé que se les pague con droga o con cualquier producto de algún ilícito o que, a cambio de la información, se los habilite a delinquir.
Una situación similar a la que ahora se ventila en la fiscalía de Enrique Gavier en torno al escándalo que involucra al exjefe de Policía, Alejandro Mercado, sospechado de formar parte de una trama de apañamiento a una megacueva con epicentro en las galerías Norte y Comercial, en la que también aparecen delincuentes apuntados como informantes ilegales de los policías.
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Pero volvamos a la FPA. La sospecha es impactante: conocedores de que estaban investigando el faltante de cocaína de un secuestro, el grupo de policías que estaba en la mira se reunió para quemar evidencia comprometedora, además de comenzar a borrar los registros que tenían por WhatsApp.
La hipótesis apunta a que en los operativos sólo registraban una parte de lo secuestrado, mientras ellos se guardaban una porción. ¿Qué hacían con esa droga? Pagarles a informantes que sólo apuntaban hacia algunos vendedores en particular, es la principal sospecha. Pero no se descarta aún que también hayan comercializado la droga o que acaso hayan intentado "plantarla" en algún procedimiento. Todo es objeto de investigación.
Por eso, los abogados defensores ya se frotan las manos: si los policías obtenían los datos a partir de informante ilegales, los operativos pueden declararse nulos, más allá de que luego se hubiese comprobado de que efectivamente se trataban de "quioscos" de venta de drogas.
El resultado social puede ser un verdadero desastre: no sólo por corroborar que hay policías corruptos, sino porque hay vendedores de cocaína y otras drogas que han quedado a las puertas de volver a la libertad.
Hay una duda que sobrevuela en toda esta historia: si ya se quedaban con droga sin declarar durante los operativos, según se presume, por qué entonces hicieron desaparecer la cocaína que sí había sido secuestrada.
El martes, el fiscal Klinger ordenó detener a quien hasta ese día era el jefe de la brigada de la FPA en Cruz del Eje, Néstor Márquez. Junto a él fueron capturados los agentes Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
Junto a ellos terminó imputado un experimentado funcionario judicial: Patricio Bazán, secretario de la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje. Se lo acusa de encubrimiento por la omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público, y abuso de autoridad. Se sospecha que estaba al tanto de la sustracción de la prueba, ocurrida en 2023, pero que sin embargo no denunció en su momento.
El octavo imputado en toda esta historia, al menos por ahora, es el exjefe de la brigada de la FPA en Cruz del Eje, Mauricio Oyola, a quien la fiscalía le endilga los presuntos delitos de violación de prueba a título culposo, reiterado; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
Bazán y Oyola continúan en libertad por el momento.
Además, también quedaron detenidos dos civiles, cuyas identidades se reservan, quienes serían los "dateros" que daban información a cargo de cocaína.
Para los investigadores, con esta presunta operatoria los policías se beneficiaban ya que les permitía ejecutar allanamientos "positivos" con poco trabajo previo de investigación. "Mostraban resultados rápidos, que les servía para escalar internamente. Pero está claro que nunca perseguían a 'peces gordos'", acotó una de las fuentes consultadas.
Tampoco está del todo definido qué hacían los "dateros" con la droga que recibían, aunque se sospecha que la reintroducían en el mercado clandestino aprovechando que gozaban de una presunta impunidad por la relación fluida que mantenían con estos policías.
Cruz del Eje es una plaza caliente en materia de narcotráfico en la provincia. La cárcel allí instalada, una de las más grandes de Córdoba, hace tiempo que presenta un grave problema con el ingreso de toda clase de sustancias para luego ser comercializadas y consumidas en el interior.
Afuera, además, han proliferado los puntos de venta de estupefacientes, destacándose el auge de la cocaína de mala calidad.
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