A fines de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) publicó "la guía de recomendaciones prácticas para la intervención de las fuerzas policiales ante situaciones de riesgo cierto e inminente en salud mental".
En 30 páginas se indica de manera general cómo deben actuar los policías cuando se topan ante una persona violenta en medio de una crisis psiquiátrica.
"El personal policial deberá discernir si corresponde requerir la intervención inmediata de un equipo de salud a los fines de efectuarse una valoración específica e implementarse el respectivo abordaje, o si, caso contrario, ello no resulta necesario, debiéndose brindar información adecuada acerca de los servicios con los que cuenta el sistema de salud para su ulterior consulta. La sola sospecha acerca de la necesidad de acudir a una valoración experta habilitará la articulación con la órbita sanitaria", se especifica.
En esa guía, se hace referencia a cómo los policías deben reducir a las personas en crisis. "El objetivo de la contención mecánica es evitar que la persona, a razón de la manifestación de su cuadro, se ponga en riesgo grave a sí misma o coloque en el mismo riesgo a los terceros más próximos. Ese riesgo debe ser grave, cierto e inminente".
Y a través de diversos gráficos se describe cómo proceder: los policías deben sujetar a la persona por los brazos y las piernas, a la altura de las rodillas.
Esta guía, que fue actualizada hace pocas semanas y entre el 6 y el 19 de junio último, los policías cordobeses volvieron a recibir una capacitación virtual sobre este protocolo.
Ahora, tras la muerte de Jonathan Romo, el joven de 35 años que el domingo último se descompensó en la comisaría de La Falda tras ser detenido esa tarde luego de que llamaran desde una despensa denunciado que estaba generando incidentes, este protocolo quedó en el centro de las miradas judiciales y policiales.
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Romo, quien era adicto a la cocaína, había sufrido un brote psicótico. En un video filmado por un vecino, se observa cómo los policías lo redujeron: lo golpearon en el suelo y le apoyaron las rodillas en la espalda. O sea, no hicieron caso al protocolo.
Luego, lo levantaron y lo llevaron a la comisaría y no a un centro de salud. Se trató de la segunda omisión del protocolo.
Allí, recién una vez que Romo se descompensó, llamaron a un servicio de emergencias. Ya era tarde: había sufrido una lesión mortal en el pulmón. Por eso, en la autopsia se indicó que falleció a raíz de una asfixia mecánica: se sospecha que el rodillazo en la espalda le impidió respirar de manera correcta.
Este jueves, el fiscal de feria de Cosquín, Raúl Ramírez, decidió imputar y detener por presunto homicidio calificado a los sargentos Walter Geri y Miguel Ángel Aguilera, y a los cabos Pablo Zunino y Hernán Suárez. Por presunto encubrimiento agravado fueron capturados el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez.
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Seis policías presos. Otra vez, un escándalo en la Policía de Córdoba. Se trata del cuarto homicidio atribuido a la fuerza provincial en sólo dos años. Cuatro asesinatos sin que mediara ningún justificativo en su accionar. Esta estadística ya genera mucho ruido en el Panal.
La Provincia sabe, tras las seguidillas de casos de gatillo fácil ocurridos en 2020, que no tiene margen para especular en relación a un tema tan sensible.
A diferencia de lo que hizo en los anteriores casos (José "Beco" Ávila, Blas Correas y Joaquín Paredes), esta vez el gobernador Juan Schiaretti brindó un mensaje por Twitter indicando que el Gobierno quería que se investigara hasta las últimas consecuencias. Nada fuera de un guión básico, pero que dejó al descubierto una preocupación extrema por la derivación de este caso.
Es que la violencia institucional en Córdoba ha pasado a ser un asunto mayor: cuatro homicidios policiales en sólo dos años es una cifra que abruma.
Por eso, desde el lunes el aparato del Estado comenzó a trabajar políticamente en torno a este caso. El martes, en Jefatura ya conocían de manera extraoficial que la autopsia iba a traer una muy mala noticia.
Y se decidió actuar rápido: se firmaron los pases a retiro obligatorio de dos jefes claves, el director de Recursos Humanos y Formación Profesional (Julio Faría) y el director de Entrenamiento Policial Permanente (Marcos Manrique). Además, fue desplazado el jefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte (ahora fue pasado a retiro forzoso).
El tuit de Schiaretti, en tanto, apareció justo cuando el fiscal Ramírez comenzaba a firmar las detenciones de los seis policías de La Falda.
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El jueves a la noche, la jefa de Policía, Liliana Zárate, afrontó su peor momento desde que asumió a fines de octubre de 2020 y dio la cara ante los periodistas en una improvisada rueda de prensa. Que ella haya sido la única oradora y que no haya estado acompañada por el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera fue otro signo potente. Muchos recordaron que así fueron las últimas horas de Gustavo Vélez al frente de la Policía antes de ser reemplazado por Zárate.
Las lecturas son múltiples: por un lado, el Gobierno insiste en mostrar esta problemática como un asunto sólo policial, por fuera de lo político; la ida de Faría supone, también, un pretendido "techo" ante cualquier responsabilidad interna.
Pero esto no es todo. Porque las explicaciones sobre el retiro de Faría terminan por ser confusas. De manera tácita, la fuerza asume que los policías no estaban bien preparados ni capacitados.
El video de lo ocurrido en La Falda abona esa teoría: no hubo intención homicida, sino un proceder brutal, con toda la connotación que tiene esta palabra. A diferencia de los tres casos de gatillo fácil ocurrido en la gestión de Mosquera, ahora no se utilizó el arma de fuego, sino que todo sería derivación de un uso exacerbado y descontrolado de la fuerza física.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿los policías fueron mal enseñados o aprendieron mal? No se trata de un juego de palabras: la respuesta es clave para determinar las responsabilidades.
Cuando los policías de La Falda iban a ser detenidos, confiaron fuentes judiciales y de la propia fuerza, se vieron escenas de desesperación. "Ellos repetían que no habían hecho nada malo, no entendían por qué los acusan", acotó un testigo presencial.
No se trata de una anécdota: delata el nivel de preparación.
A todo esto, el jueves se anunció que el comisario Esteban Barizone, quien hasta ahora estaba en las Unidades Especiales tras un paso por Armamento, ascendía al Estado Mayor en lugar de Faría. Se trata de un funcionario policial de extrema confianza de la jefa de la institución azul.
Desde el martes se había barajado un enroque: Barizone a Seguridad Capital y el comisario Cristian Moreno a Recursos Humanos. Se trata del otro talón de Aquiles de la fuerza: la prevención del delito en la principal jurisdicción de la provincia.
El cambio iba a desnudar otra realidad: hasta 2021, en sólo tres años, ya habían sido siete los jefes en Seguridad Capital.
