López-Stampalija: entre policías, robos, tiros y droga

Juan Federico

Más patrulleros, cámaras de videovigilancia, llamar a policías retirados para reforzar los servicios adicionales y volver, una vez más, a la Policía Barrial. De esta manera se puede sintetizar el anuncio que en la mañana de este viernes realizó el flamante ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Julián López, junto al secretario de Seguridad, Claudio Stampalija. Ambos se mostraron en público por primera vez junto a la jefa de Policía, Liliana Zárate.

El acto tuvo un triple impacto:

-Diez días después de reemplazar al renunciado Alfonso Mosquera, López y Stampalija al fin se mostraron en público. Stampalija tuvo su bautismo social: a partir de ahora, será la referencia política en materia de Seguridad para los vecinos. A él le exigirán las explicaciones oficiales cada vez que la proliferación de robos, violencias o malas acciones policiales provoquen el cuestionamiento público. Y ya anunció que va a potenciar la Policía Barrial, su caballito de batalla con el que asesora al Gobierno de Córdoba desde hace siete años.

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-López, que había dicho puertas adentro del Panal que no iba a querer mostrarse mucho en Seguridad, consciente de la "silla eléctrica" política que significa la fuerza, sí apareció. En Casa de Gobierno tomaron nota de que es necesario mostrar al ministro comprometido con la principal preocupación de los cordobeses: la lucha contra la inseguridad. En su primera referencia específica, tomó casi calcado el discurso de su antecesor: "La inseguridad es hija de la marginalidad y la exclusión” por lo que se han pensado una serie de medidas que abarcan de manera integral el problema de la inseguridad. No hay medidas mágicas, más en un país con la inestabilidad económica que tenemos”.

-Se trató, también, de un aval implícito a la continuidad de la actual jefa de Policía. Tras la salida forzada de Mosquera, su permanencia en el cargo había sido puesta en duda, ya que hasta ahora había sido sostenida por el ministro saliente. Su ratificación es también un aval de Alejandra Vigo, cuya decisión fue clave para su nombramiento hace dos años. 

La idea oficial es no anunciar cambios en la fuerza al menos hasta fin de año. En estos meses, será fundamental lo que pase en el juicio por el asesinato policial de Blas Correas. Sucede que el impacto mediático y social por lo que se está revelando en este proceso ha sido mucho más fuerte de lo que se suponía en el Panal.

Los primeros dichos ante el tribunal de la madre de la víctima, Soledad Laciar, influyeron y mucho para precipitar la salida de Mosquera del Gabinete provincial. 

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Esta semana, se conoció un video brutal: más de una decena de policías rodeando el auto Fiat Argo en el que estaba Blas agonizando en el asiento trasero. Ninguno atina a socorrerlo, sino que hacen bajar a sus dos amigos, a los que tratan de manera poco amable pese a los ruegos de los adolescentes para que alguien los ayude.

Todos esos policías continúan en funciones, ya que no forman parte del grupo de 13 efectivos sentados en el banquillo de los acusados. "Deshumanizados", los definió Soledad Laciar tras presenciar estas escenas.

El video no sólo interpela a la gestión Mosquera, sino que termina por convertirse en una brutal sombra sobre López y Stampalija: ¿qué van a hacer con estos policías? ¿dónde están trabajando ahora? ¿cuántos más de estos efectivos continúan en actividad? ¿consecuencia de qué proceso de formación y capacitación son? 

Para Stampalija, la interpelación es doble, ya que él hace siete años que asesora al Gobierno provincial en materia de seguridad.

Este viernes, el flamante Secretario eludió cualquier autocrítica oficial, pero apuntó a que se viene un proceso para tener una "mejor" Policía. No aclaró qué se pretende mejorar. ¿Acaso preocupa que cuatro de cada 10 policías no sepa disparar? ¿Hace ruido la falta de humanidad por parte de algunos uniformados? ¿Da vergüenza escuchar cómo luego de un caso de gatillo fácil un grupo de policías es capaz de montar una fenomenal maniobra de encubrimiento, sólo en minutos?

Sin admitirlo, Stampalija dijo este viernes que apunta a una policía mejor y que van a incorporar a policías retirados para apuntalar los servicios adicionales (¿esto significa que la cantidad actual de uniformados no alcanza ante el avance de la delincuencia?). “Serán aquellos que están retirados o en retiro voluntario con el grado de agente hasta oficial principal”, dijo.

Sobre la Policía Barrial, su especialidad, indicó: "Se dará más impulso a la Policía Barrial que permite el contacto más aceitado con nuestros vecinos y los consejos barriales". Para lograr este impulso, en los últimos días Stampalija mantuvo una larga reunión con la jefa de Policía, ya que en los últimos tiempos la Barrial había quedado relegada dentro de las urgencias policiales.

Sin embargo, el secretario de Seguridad no habló de manera directa sobre los robos y mucho menos se refirió a la gran cantidad de armas de fuego que hoy pululan por los barrios de Córdoba. Otra vez, el tema tabú sobre la inseguridad: el mercado clandestino de armamentos.

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Detrás de todo esto, surge otra cuestión de la que ya nadie más habla en Córdoba, al menos de manera oficial: el narcotráfico y la abundante cantidad de drogas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. 

Tras el narcoescándalo de 2013, para evitar un nuevo golpe político, el entonces gobernador José Manuel de la Sota tramó salir de esta cuestión: trasladó la lucha contra el narcomenudeo al Ministerio Público Fiscal, ordenó crear la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo la órbita de Fiscalía General y eliminó la división Drogas Peligrosas de la Policía.

De esta manera, el Gobierno salió del combate contra el narcotráfico y, también, de su responsabilidad política. El narcomenudeo es competencia de Fiscalía General, cuyo titular, Juan Manuel Delgado, es especialista en Derecho Bancario y se desempeño como procurador del Tesoro de la Provincia. 

Y el narcotráfico en gran escala termina por ser competencia de la Justicia Federal, bajo la órbita de las fuerzas de Seguridad nacionales que hoy dependen del ministro Aníbal Fernández.

O sea, en el Gobierno de Córdoba -y en el área de Seguridad- hoy es difícil encontrar a alguien para interpelar de manera directa por una de las cuestiones que más angustia a los vecinos de los barrios: la venta indiscriminada de todo tipo de sustancias a la vuelta de la esquina.