“Faltan controles policiales”. Facundo Pereyra aún estaba con vida. Era el 7 de diciembre pasado. Este hombre de 46 años, casado, padre de tres hijos, era un trabajador incansable. Un remisero que no tuvo reparos en arremangarse para hacer contraturnos de noche, cuando ya varios de sus colegas no salían a trabajar por temor, porque necesitaba cada peso para ayudar a los suyos.
Fue hace menos de seis meses, cuando un canal local tomó el testimonio de Pereyra en medio de una protesta, otra más, de los remiseros de la ciudad de Río Cuarto ante la seguidilla de asaltos que venían sufriendo.
Este lunes, sus compañeros volvieron a levantar el mismo reclamo, tan obvio que genera impotencia: clamar por más controles de la Policía. Pero esta vez, la voz de Facundo no se pudo escuchar. La bronca colectiva llevaba su nombre y apellido: otra víctima más de la peor inseguridad.
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Con el crimen de Facundo, en este 2024 ya se han anotado al menos cuatro asaltos fatales en esa ciudad. Una estadística a la que se agregan más nombres si se anotan los otros homicidios enmarcados en la violencia urbana, riñas o ajustes de cuentas entre conocidos.
"Río Cuarto hace tiempo que tiene la dinámica delictiva de una gran ciudad: ya hay barrios muy peligrosos, se ven cada vez más rejas y la droga y las armas han avanzado muchísimo. A diferencia de otros años, ahora hay zonas a las que nadie se anima a ir de noche, ha crecido mucho el delito", sintetizó una fuente judicial del sur cordobés.
La secuencia que guía la investigación por el asesinato de Facundo es una crónica del espanto social.
El sábado a la medianoche, un joven llamó a la central de la empresa "Remises Ya" y solicitó un móvil para la zona del Mercado de Abasto de esa ciudad, en proximidades a barrio Banda Norte. Cuando el chofer llegó al volante del móvil Fiat Uno, estaba sólo un muchacho de 16 años, que se subió en el asiento trasero, casi en silencio.
Sólo indicó que lo llevara hacia la otra punta de Río Cuarto, al barrio 400 Vivienda, en el sur, un sector considerado "crítico" en materia de inseguridad.
Se trata de una urbanización social ideada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota, en medio de un plan provincial que encabezó en los primeros años de su gestión para relocalizar las villas miserias.
Al igual que lo que sucedió con la mayoría de los "barrio-ciudad" de la Capital cordobesa, con el paso de los años, estas urbanizaciones terminaron convertidas en sectores complicados en materia de inseguridad, drogas y tiros. El diagnóstico actual indica que a las casas de material, las calles de asfalto y las obras de cordón cuneta no las acompañaron con una política social perdurable.
Durante el viaje de casi 10 kilómetros, no hay registros de que Pereyra se haya topado con algún control policial nocturno.
Se presume que cuando llegó al lugar indicado, había al menos otros tres adolescentes de 14 y 15 años preparando lo que en definitiva iba a ser una emboscada. No está claro aún la dinámica del robo, pero sí que al remisero no le dieron tiempo a nada. Lo despojaron de su teléfono celular y le dispararon con un arma de guerra casi a quemarropa, por el costado derecho.
El fiscal Javier Di Santo y los policías de la Departamental Río Cuarto sostienen que el asesino le apuntó desde el medio del asiento trasero o directamente ingresando por el lado del acompañante. Pereyra estaba sentado frente al volante y no tuvo opción a nada.
El proyectil, indicaría luego la autopsia, ingresó por el costado derecho del abdomen, le atravesó una arteria y quedó alojado a la altura del glúteo izquierdo.
Mientras los delincuentes huían llevándose como todo botín el celular del remisero, con sus últimas fuerzas Pereyra logró acelerar unos metros, hasta que se descompensó en la esquina de Doctor Gaudard y 12 de Agosto, en el mismo barrio.
Alguien llamó al 911 y alertó que allí había un remisero desmayado, con el auto acelerado en punto muerto.
Cuando el primer móvil llegó, los agentes no advirtieron la herida de arma de fuego. Creyeron que se trataba de un infarto. Recién cuando Pereyra fue internado en el Hospital San Antonio de Padua, donde moriría minutos después, los médicos advirtieron el balazo.
La investigación judicial sostiene que luego de quitarle el celular y matarlo de un balazo, los adolescentes corrieron hasta una fiesta que se desarrollaba en una casa del mismo barrio. Allí estuvieron hasta bien entrada la madrugada. "Se tomaron todo", agregó un informante.
Cuando ya se estaban quedando sin dinero, a una joven de la misma fiesta le vendieron el celular robado. No más de 15 mil pesos. Con ese dinero, fueron por más drogas. Sobre todo, "pipazo", la cocaína cortada de muy mala calidad que se fuma y que está haciendo un verdadero estrago social en los barrios de la provincia.
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"Están perdidos por la falopa. Empiezan desde cada vez más chicos, vos los ves con la mirada perdida, los dedos negros, quemados y ellos ni se dan cuenta de que se están quemando", contó ahora una mujer que hace años camina los barrios marginados de esa ciudad del sur cordobés.
Durante toda esa madrugada y la mañana del domingo, nunca dejaron de postear en redes sociales lo bien que la estaban pasando. En esas mismas cuentas ya antes habían alardeado de tener armas. "Bandidos", una identidad juvenil que es mucho más que un mote adolescente. Desnuda de manera dramática cómo ha ido avanzando la cultura del delito.
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"Ya ni siquiera podemos decir que viven el momento, sino que sólo viven el segundo. Así de efímero es todo para ellos y, lamentablemente, para el resto también", agregó un investigador.
Fue a través del rastreo del teléfono celular que los investigadores de Homicidios llegaron a los tres primeros sospechosos. Los capturaron en el anochecer del mismo domingo, a menos de 24 horas del crimen.
La frialdad de los adolescentes generó impacto entre los policías que fueron a buscarlos. El lunes a la mañana, la madre de un cuarto sospechoso llamó a la Policía y entregó a su hijo.
Los cuatro jóvenes no eran ningunos desconocidos para la Policía ni para el sistema penal juvenil de Río Cuarto. Mucho menos para la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Ni ellos ni sus familias. El Estado cordobés, en sus diferentes formas, hace tiempo que los conocía.
Dos tienen 14 años. En sus planillas como menores ya tienen varios renglones anotados por robos y saqueos. Uno de ellos, incluso por un robo calificado (o sea, por ir armado).
El de 15 años también tiene ingresos por robos.
Para la ley penal, son no punibles. O sea, cada vez que son atrapados por un delito, se desarrolla el mismo circuito. Policía, unidad judicial, sección Asuntos Juveniles, Juzgado Penal Juvenil, declaración de incompetencia porque es menor de 16 años, aviso a la Senaf, relevamiento familiar exprés y de nuevo a su casa, siempre y cuando lo disponga el Juzgado Penal Juvenil de turno. Otra vez a la esquina, a las drogas y el delito. Una rueda perversa. Y letal.
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El de 16 tiene peores antecedentes: lesiones graves por el uso de arma de fuego. Traducido: baleó a otra persona. Lo que generó estupor en la fiscalía fue conocer que esta caso ocurrió hace menos de dos meses. En los registros figura que el 6 de abril fue detenido por aquel episodio y trasladado a Complejo Esperanza, en las afueras de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo regresó tan pronto a su casa de Río Cuarto? ¿Qué tratamiento recibió? Por ahora, las respuestas de la Senaf no aparecen.
Esta cartera depende del Ministerio de Desarrollo Humano, que desde diciembre es comandada por Liliana Montero. En una de sus primeras entrevistas a poco de asumir, ante el diario Perfil Córdoba, la funcionaria se mostró escéptica en torno a abrir el debate para bajar la edad de imputabilidad: “Son necesarios todos los abordajes posibles, individuales y sociales para analizar por qué un pibe de 13 años empuña un arma. Nos calma encerrarlo, pero eso no resuelve el problema. Hay que abordar el problema con las víctimas y con los victimarios, sus familias y sus contextos donde están las verdaderas causas de esa conducta”.
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De manera informal, ante los policías de Río Cuartos, los padres de estos cuatro jóvenes dijeron ya no saber qué hacer con sus hijos. Si bien en los papeles figuran inscriptos en los colegios, prácticamente no iban. "Culpa de él nos han baleado nuestra casa varias veces", contó la mamá de uno de ellos.
Si bien ahora los cuatro adolescentes están en Complejo Esperanza, no hay grandes expectativas de que permanezcan allí por mucho tiempo. El Tribunal Superior de Justicia ya ordenó que sólo sean alojados los menores de entre 16 y 18 años.
En Córdoba no hay ningún dispositivo para controlar a jóvenes que tengan menos de 16 años y estén en conflicto con la ley penal. Las residencias están destinadas para la protección de chicos que han tenido que ser apartados de sus hogares por la violencia que sufrían.
Pero el gris en torno a los cada vez más jóvenes menores de 16 años involucrados en delitos graves en Córdoba parece ser infinito.
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