¿En qué momento se naturalizó hablar de call center tumbero? ¿Cuándo nos resignamos como sociedad a que los presos continúen generando daño en el exterior? ¿Cómo se puede explicar que tanto en Córdoba como en buena parte del país un fracaso semejante -presos con celulares, conectados todo el tiempo y tramando delitos de todo tipo- continúe inalterable con el paso del tiempo?
En 2015, Fiscalía General resolvió asignarle al fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, todas las causas por las estafas de los "falsos premios": delincuentes que llamaban por teléfono a sus víctimas, las engañaban con que acababan de ganar dinero, un auto o televisores y bajo este ardid lograban, finalmente, que los damnificados les transfirieran una suma bajo presuntos "gastos administrativos". En la mayoría de estos casos, los estafadores eran presos que operaban desde sus celdas, con celulares que habían ingresado de manera clandestina.
Gavier puso un equipo especial de investigadores a trabajar en el tema y desbarató más de una decena de bandas. En todos los casos, el organigrama se iba repitiendo: los cabecillas eran delincuentes condenados por diversos delitos (desde homicidios a robos) que adentro de las cárceles se habían convertido en eximios estafadores; afuera, en la calle, contaban con una red de cómplices, desde quienes prestaban sus CBU hasta los que se encargaban de recoger y distribuir las ganancias, pasando por aquello que cumplían un rol central, el ingreso de los celulares, chips y tarjetas prepagas, al interior de las cárceles.
El call center tumbero no tiene horario: funciona los siete días de la semana, las 24 horas. Presos a los que le sobra el tiempo para continuar delinquiendo.
La estadística abruma: sólo en los últimos tres años, Gavier imputó a 77 personas por integrar este tipo de bandas. Un gran porcentaje de estos acusados ya estaban detenido.
O sea: el Estado invirtió recursos para lograr sus capturas y encerrarlos en prisión; pero una vez detenidos, tuvo que continuar asignado dinero y personal para continuar investigándolos, ya que la maquinaria delictiva jamás dejó de funcionar alrededor de estos delincuentes.
En cada uno de estos juicios, los diferentes tribunales dejaron en la sentencia un pedido expreso al Servicio Penitenciario de Córdoba para que reviera su política de prevención en cuanto a la filtración de los teléfonos celulares. Se advirtió sobre complicidades internas y se ahondó, en cada uno de estos casos, en la necesidad de adaptar los inhibidores de señal. Sobre este último punto, clave, siempre a nivel oficial, se respondió con cuestiones técnicas. Pero jamás se avanzó en una real solución de fondo.
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El Servicio Penitenciario depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. En los últimos años, desde que Gavier comenzó a investigar estas estafas, sus titulares fueron Luis Angulo (hoy vocal del Tribunal Superior de Justicia), Martín Farfán (ahora síndico en Bancor), Julián López (flamante ministro de Gobierno y Seguridad) y Laura Echenique (actual).
Lo que nunca cambió fue el titular del Servicio Penitenciario: Juan María Bouvier lleva 14 años en el cargo, lo que lo convierte en uno de los funcionarios con más tiempo en el mismo cargo en la historia del gobierno del PJ desde 1999 hasta hoy.
Los "premios virtuales" terminaron por convertirse en sólo un eslabón de la multitud de delitos que hoy comete el "call center tumbero". La fiscalía de cibercrimen a cargo de Franco Pilnik tiene decenas de causas por cuentos del tío sobre cambios de dólares, bonos de Anses, dosis de vacunas Covid, robo de identidades y varias más, todas con un mismo denominador en común: son presos los autores de estos delitos.
Dentro de este amplio abanico, sobresale una causa que investiga el fiscal Gavier y que tiene a un nombre muy conocido del hampa como protagonista principal: René Alejandro "el Chancho" Sosa.
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Una causa que se inició el 13 de mayo de 2021, cuando un guardiacárcel de Bouwer fue detenido mientras intentaba ingresar con dos teléfonos celulares escondidos en los borceguíes.
Ahora, al firmar la prisión preventiva, el fiscal sostiene que el destinatario de esos celulares era "el Chancho": "Queda claro que Sosa utiliza a los empleados del Servicio Penitenciario para que lo provean de aparatos celulares y que logró introducir en la asociación ilícita al guardia Mauro Casado, quien dada su condición de guardiacárcel tenía conocimiento de las actividades ilícitas llevadas adelante por los detenidos desde el interior del establecimiento".
Al otro día, 14 de mayo de 2021, "el Chancho" fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Pero no todo terminó allí.
Meses antes, en enero de 2021, su concubina y madre de sus hijos, su suegro y otras cinco personas fueron detenidas acusadas de vender drogas en barrio Maldonado. En ese momento, varias miradas enfocaron hacia adentro de la cárcel.
Mientras su pareja aún estaba detenida, Sosa comenzó a recibir la visita de otra mujer. Muy pocos sabían que con ella tenía hijos mellizos, desde hace más de una década.
Uno de los celulares que se le incautó a Sosa adentro de la cárcel tenía un contacto agendado como "Dupla", con llamativas conversaciones: cuánto salía un celular adentro de la cárcel (se ingresaban por cerca de 100 mil pesos y se revendían por el doble, suma que en estos meses ha ido aumentado de acuerdo a la inflación), para qué se usan, además de directivas relacionadas con el comercio clandestino de drogas, según se presume.
Descifrar quién estaba detrás del apodo de "Dupla" llevó a Alejandra del Valle Vázquez (49), la "otra" pareja de Sosa, según se sospecha. Hace pocos meses, en su domicilio ubicado en barrio General Urquiza los policías hallaron seis kilos de cocaína. La droga estaba dividida en seis panes envueltos en un papel amarillo con el logo de Ferrari. Una marca que apunta a un proveedor exclusivo, según reveló Cadena 3 en aquel momento.
De acuerdo a la acusación, los roles estarían bien definidos en este call center que tenía una finalidad circular: Sosa ingresaba los celulares, se los vendía a otros delincuente que los utilizaban para estafar, estos enviaban dinero a sus familiares afuera, allegados que terminaban por utilizar esas ganancias en comprar la droga que Sosa habría continuado proveyendo en los barrios.
En ese sentido, Gavier apunta los presuntos roles de manera definida.
A Sosa lo sindica como un "pluma", o sea un líder dentro del pabellón D3. Con esta influencia, se habría erigido como el jefe u organizador de la asociación criminal dedicada a ingresar celulares.
El guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado, habría tenido como "función principal colaborar oficiando de nexo entre los miembros del exterior y los del interior, además de encubrir la organización criminal e ingresar teléfonos celulares y demás elementos prohibidos que serían utilizados por Sosa y los demás miembros de la banda, para uso personal, para su comercialización con el resto de los internos, y para perpetrar las múltiples estafas y demás delitos".
Entre otros testimonios reunidos en la causa, se destaca que los propios compañeros de Casado dijeron ante la fiscalía que ellos siempre les llamaba la atención la insistencia de este guardia de ir al pabellón D3, el de Sosa, pese a que estaba asignado a otros lugares de la cárcel. "Decía que le iba a comprar cigarrillos a los presos o que tenía que buscar cualquier otra cosa", comentaron.
Este guardicárcel es primo de dos funcionarios municipales: el concejal oficialista Diego Casado (defiende en otra causa narco al jefe de la barra La Fiel, Darío Cáceres) y el exsecretario de Tránsito Justo Casado.
En un primer momento, Diego Casado iba a aparecer como su abogado defensor en este caso, pero finalmente no asumió. Esta semana, el concejal regresó a Tribunales 2 y planteó en la fiscalía que estaba por asumir la defensa de otro acusado en esta misma causa, el hermanastro de Sosa, Elio Juncos (hijo de la exlegisladora del PJ Liliana Juncos).
A Elio lo acusan de haberse ocupado "de las maniobras para recaudar, en diferentes puntos de la ciudad, dinero en efectivo, fruto de los hechos ilícitos cometidos, por cuenta y orden de su hermano, el imputado Sosa".
Por su parte, Alejandra del Valle Vázquez se habría encargado "de la recepción, administración y ocultamiento de grandes volúmenes de dinero, de moneda nacional y extranjera, fruto de los hechos ilícitos cometidos por esta organización, como así también colaborando en la logística para el ingreso de teléfonos, dinero y sustancias prohibidas al establecimiento penitenciario".
Otro imputado es Claudio Rubén Álvarez, cuyo rol habría sido encargarse de obtener los celulares que luego eran ingresados en la cárcel de manera clandestina.
La lista de acusados se termina, por ahora, en Héctor David Palacios, conocido como "Davila", acusado en su momento de haber ejecutado el homicidio que había mandado por última vez a la cárcel al "Chancho". El fiscal Gavier le endilga haber formado parte de esta asociación como "lugarteniente" de Sosa adentro del pabellón.
"Todo ello da cuenta que esta situación no fue posible sino por la existencia de una organización delictiva compuesta por reclusos tendiente a vulnerar no solo los controles de ingreso de elementos prohibidos para cometer otros delitos sino también destinada corromper la voluntad de empleados penitenciarios, quienes a cambio de una retribución económica son reclutados a los fines de colaborar de forma permanente con la misma", se subrayó en la investigación.
