Los tentáculos detrás de la insólita liberación del "Porteño" Luzi

Juan Federico

Martín "el Porteño" Luzi acaba de dejar desnudo, una vez más, al sistema judicial de Córdoba. No se trata de la primera vez que esto ocurre. Y nadie hoy puede aventurar que sea la última.

Sucede que su nombre siempre trae aparejados demasiados puntos suspensivos sobre lo que nadie dice en Córdoba. Aquellos nombres que por omisión o compromisos no terminan de ser completados en las investigaciones.

A partir de otros nombres propios, es posible trazar parte de los tentáculos detrás de este personaje que ya tiene un lugar asegurado entre los peores capítulos del hampa en Córdoba.

Cristóbal Laje Ros. Es Doctor en Derecho, Profesor de las cátedras de Derecho Penal I y Derecho Penal II de la Universidad Blas Pascal y de Derecho Penal Contravencional y Práctica Profesional de la Universidad Nacional de Córdoba. Está a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Córdoba. Integra, también, la Sala Penal y Menores del Consejo de la Magistratura.

El 29 de noviembre del año pasado firmó la salida anticipada de prisión de Luzi, cuya condena de 25 años de prisión recién expirará en marzo de 2029. Desde un año antes, lo había autorizado a salidas transitorias. En los informes, el juez valoró un informe del Servicio Penitenciario de Ezeiza, cárcel que fue el último destino del "Porteño" en el que tenía un 10 de conducta. No tuvo en cuenta un informe de peritos del Poder Judicial de Córdoba que indicaron que Luzi no estaba en condiciones de salir en libertad anticipada y tampoco oyó el reclamo del fiscal Martín Berger, que se había opuesto a que el detenido gozara del beneficio de dejar la cárcel antes de tiempo.

Pese a estos informes negativos (y el antecedente de la fuga que Luzi protagonizó del penal de Bouwer en 2005), Laje Ros se inclinó por la postura de los abogados de Luzi, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco.

Y le fijó al condenado una serie de requisitos que debía cumplir en libertad:

-12 sesiones con una psicóloga;

-Presentarse en el Patronato del Liberado;

-Fijar domicilio junto a su actual pareja.

-No delinquir.

-No tomar drogas ni alcohol.

-No acercarse a 500 metros ni contactar a las víctimas de sus dos secuestros y de un violento asalto, las causas que lo llevaron a aquella condena de 25 años de prisión.

Ricardo Moreno. En el conocido abogado penalista de Córdoba confluyen diferentes mundos al mismo tiempo. A través de las 62 Organizaciones Peronistas, fue candidato a concejal en la lista que ungió a Daniel Passerini como intendente electo de la Capital cordobesa. Su nombre resonó mucho en las últimas semanas, ya que hasta hace poco fue un socio estratégico en la avanzada del sindicalista de Soelsac, Sergio Fittipaldi. Incluso, en 2018 juntos crearon la firma Trampero S.A.S. Hasta que hace 30 días se distanciaron por diferencias que aún no se conocen de manera pública.

Un histórico militante del PJ cordobés, también cosechó buenas relaciones con el kirchnerismo y logró, años atrás, que lo nombraran conjuez federal, aunque finalmente no asumió.

Antes, en la primera década de este siglo, comenzó a representar a Luzi, en el mismo momento en que se mostraba cercano al matrimonio compuesto por José Manuel de la Sota y Olga Riutort. Cuando la pareja se divorció, quedó más comprometido con el sector de Riutort en la interna del PJ.

Víctor Chiapero. El fiscal de instrucción de la ciudad de Córdoba tuvo en sus manos el expediente por la escandalosa fuga que Luzi protagonizó en la cárcel de Bouwer en 2005, que supuso un fuerte golpe político para De la Sota.

Todo sucedió el viernes 12 de agosto de 2005. Pese a que los informes de inteligencia ya alertaban de un plan de Luzi para fugarse en helicóptero, todo resultó más simple para el reo. Alojado en un pabellón de escasa seguridad, alguien le puso un arma en sus manos. Junto a dos cómplices, Gustavo Sosa y Gustavo Sánchez, comenzó a caminar hacia afuera, mientras las puertas se iban abriendo. Una vez en la puerta, se subió a un utilitario y escapó. Días después, sería recapturado en la población de Vinchina, en La Rioja.

El sistema de alarma de la cárcel nunca se activó y la Policía fue avisada varios minutos después. Una demora más que sugestiva.

El fiscal Chiapero siempre advirtió que las pocas imágenes internas que registraron la evasión daban la sensación de una "burda puesta en escena". Traducido: obvias complicidades internas.

En realidad, el primer fiscal en llegar a la cárcel de Bouwer fue Roberto Matheu (luego condenado en otra causa por coimas). Junto a peritos de la Policía Judicial, de inmediato sospechó que toda la escena había sido alterada.

Pero la causa se desdobló de manera llamativa. A Matheu le asignaron la recaptura de los evadido y Chiapero quedó a cargo de la investigación por las responsabilidades de la fuga.

Si bien Chiapero imputó en un comienzo a siete guardiacárceles, a dos exjefes, a un hombre que le dio refugo de los fugados y al padre de Luzi, la causa nunca llegó a juicio y prescribió.

La sombra detrás de esta fallida investigación siempre persiguió a Chiapero. Y dejó inconclusa una de las preguntas fundamentales: ¿quién movía los hilos detrás de Luzi?

Leandro Jatib. Cuando fue detenido en la madrugada de este lunes, Luzi estaba acompañado Leandro Jatib (36), Alexis Eduardo Cimentón (32, tiene robos calificados en su prontuario) y Roberto Romero (49, acusado por encubrimiento, portación de arma de guerra y resistencia a la autoridad). 

El nombre de Jatib hizo encender otras alarmas dentro de la Policía: en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por un secuestro. Se trata de un miembro de la familia Jatib, con base en barrio Villa Inés (cerca del cementerio San Vicente), muy conocida por haber sometido durante años a los narcos de la zona, a los que los que les exigían dinero para no secuestrarle a sus familiares. 

Durante años, los Jatib se movieron con impunidad: sus víctimas no podían denunciarlos ante la Justicia, por razones lógicas. Sin embargo, cuando comenzaron a trascender informes periodísticos que alertaban en 2007 de la proliferación de los narcosecuestros en Córdoba, el entonces jefe de Investigaciones Criminales, Sergio Comugnaro (luego sería jefe de Policía) decidió cortar todo de cuajo. Ordenó la captura del clan familiar y aún se recuerda su enojo cuando los policías regresaron a la Jefatura y le dijeron no tener pistas. Les puso un plazo de una hora para atrapar a los Jatib, o los echaba de la institución. Fue así que los narcosecuestradores comenzaron a ser detenidos.

Aún se recuerda el velorio de uno de los jefes del clan familiar, en 2020. Un colectivo del Servicio Penitenciario de Córdoba tuvo que trasladar a varios de los familiares detenidos hasta la casa de Villa Inés, mientras la Policía organizaba un impresionante operativo de seguridad.

Ernesto De Aragón. Este fiscal de instrucción tiene una competencia especial para investigar todos los robos en los que aparezcan delincuentes utilizando indumentaria policial: los "poliladrones". Cuando fue detenido en la madrugada de este lunes, Luzi y sus cómplices tenían chalecos antibalas de la fuerza y el arma que una mujer policía había denunciada como robada. Estaban por ingresar en la casa de un ingeniero.

Por eso, quedo él a cargo de la investigación que había iniciado el fiscal Rubén Caro. Y ya hay datos sensibles: se sospecha que este grupo está detrás de millonarios robos cometidos en los últimos tiempos en barrios cerrados de Córdoba, en los que las víctimas fueron maniatadas y golpeadas. Atracos en los que los ladrones incluso violentaron cajas fuertes y en los que siempre demostraron conocer a la perfección cómo se investigan estos tipos de hechos, ya que se cuidaban de robar los registros de las cámaras internas y descartaban casi de inmediato los celulares que les quitaban a sus víctimas.