La desaparición del dinero secuestrado en una caja fuerte ubicada en la propia Departamental Punilla.
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Un fenomenal movimiento de dinero clandestino en las narices de la propia Policía.
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Violencia policial contra un joven en las afueras del Festival de Jesús María.
Una gravísima denuncia por abuso sexual y laboral dentro de una comisaría de la Departamental Colón.
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El robo de objetos de limpieza de un hospital público del a Capital cordobesa.
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La sustracción de computadoras de Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba.
Un balazo que se escapó por negligencia y mató a una familiar.
El robo de un muñeco que estaba a la venta en un comercio.
Un comisario que no supo cuidar su vehículo oficial, al que se lo robaron.
Todos estos casos representan sólo la parte más visible de una mancha profunda. En cada uno de estos episodios, aparece al menos un policía involucrado y no precisamente del lado de los buenos.
El dato asombra: desde que comenzó el año, hubo más de un policía sancionado por día en Córdoba. Escrito de otro modo: todos los días, al menos un policía se pasa al otro lado del mostrador. De perseguir al delito a formar parte de la actividad delictiva, según se sospecha.
Cadena 3 accedió a una información sensible y hasta ahora reservada: desde el 28 de diciembre (día en el que comenzó a funcionar el nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana) hasta el 31 de marzo de este año, se iniciaron 720 causas contra policías de diferentes jerarquías, lo que refleja un promedio de 240 casos por mes.
Del total de estas causas iniciadas, en el 15 por ciento ya se dictaron medidas cautelares: más de 100 policías fueron pasados a situación pasiva o que terminaron sancionados en sólo 93 días.
Esto, apuntaron las fuentes consultadas, no significa que el resto de las causas haya sido desestimado, sino que en varias de ellas aún no se ha tomado alguna resolución.
En todos los casos las sanciones son administrativas, internas, y corren de manera paralela a las investigaciones penales.
"Tolerancia cero" y "depuración", son los conceptos que se repiten desde la estructura de Seguridad de la Provincia cuando se les consulta sobre esta seguidilla de policías sancionados.
Se trata, al fin y al cabo, de buscar otra explicación a la sensación de vulnerabilidad social que genera ver, a diario, cómo los encargados de cuidarnos están bajo la lupa por diversos delitos.
Cómo surgió
A fines de 2020, y en medio de duras críticas opositoras, la Unicameral aprobó por mayoría los cambios en las leyes de Seguridad Pública y en la conformación del Tribunal de Conducta Policial. Se trató de una respuesta política ante la seguidilla de casos de gatillo fácil que provocaron intensas movilizaciones urbanas, sobre todo tras el asesinato de Valentino Blas Correas (17).
De esta manera, por un lado se resolvió unificar y elevar a tres años la formación para los aspirantes a policías, con una currícula ampliada de cuya confección participó el Ministerio de Educación de la Provincia. Por eso, en lo que le queda de gestión a Juan Schiaretti como gobernador ya no podrán ingresar nuevos agentes.
Y, al mismo tiempo, se dispuso una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano hasta entonces dependía del Ejecutivo. A partir de esta nueva ley, se dispuso que iba a contar con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); de la Legislatura, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
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El dato más importante radicó en que a partir de esta modificación, la presidencia del Tribunal estará a cargo de un representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). El flamante Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que ahora será de "fuerzas de seguridad", tal como es su nueva denominación, comenzó a funcionar desde la medianoche del lunes 28 de diciembre último.
Se denomina ahora como el "Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia". Abarca a la Policía de Córdoba, al Servicio Penitenciario y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El presidente del Tribunal es el abogado Maximiliano García, un letrado litigante que llegó del campo privado a través de una propuesta que hizo el Fiscal General Juan Manuel Delgado.
García está acompañado en el Tribunal por un exfiscal General de la Provincia y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, quien aceptó la propuesta del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
El tercer integrante es el abogado Fernando Martínez Paz, integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba, quien llegó de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que conduce Julián López.
El área clave de la Dirección General de Control e Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de la abogada litigante Ivana Celeste Rossi.
Ella tiene a su cargo liderar las investigaciones administrativas sobre las cuales luego el tribunal impondrá o no las sanciones correspondientes. O sea, es su área la que receptó las 720 causas sobre las que luego el Tribunal ya dictó resolución administrativa preventiva en más de 100.
Entre otros puntos, a partir de la nueva ley se dispuso que con la nueva conformación del Tribunal de Conducta Policial el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad (Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario), más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
A partir de la entrada en funcionamiento de este nuevo tribunal, cesó en sus funciones el viejo Tribunal de Conducta Policial, aunque continúa con las causas que había acumulado hasta entonces. Recién cuando se cierre el último expediente, se le bajará la persiana de manera definitiva.
Este viejo Tribunal de Conducta continúa siendo presidido por Ana María Becerra, pese a que en mayo del año pasado el fiscal anticorrupción Matías Bornancini la imputó por el delito de "abuso de autoridad", acusación que aún pesa en su contra.
Becerra fue acusada levantar la situación pasiva al cabo primero Lucas Gómez, quien luego terminó por asesinar de un balazo a Blas Correas, el 6 de agosto de 2020.
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Pese a que Gómez esperaba ser enjuiciado por el presunto encubrimiento al violador serial de La Calera, Leandro Castañaras, el Tribunal de Conducta le levantó la situación pasiva y regresó a trabajar en la fuerza. En febrero pasado, Gómez terminó condenado por haber encubierto al depravado.
En su descargo, Becerra había indicado que el Tribunal le permitió volver a trabajar, pero que la decisión de entregarle un arma reglamentaria de nuevo corrió por parte de la propia Policía.
Informe de Francisco Centeno y Juan Federico.
