La intemperie social más pura. Un abismo cuyo fondo es cada vez más hondo. Y doloroso. El domingo, temprano, a través del domo policial, un agente divisó como un grupo de niños ingresaba en el Ipem 5 gobernador Amadeo Sabattini, de calle Germania al 2600, en barrio Yapeyú, en las profundidades de la ciudad de Córdoba.
Cuando el móvil llegó, los chicos se dispersaron. "Eran 10, todos menores", consignó un policía que trabajó en el lugar. Sólo lograron atrapar a uno. I.D.J., de 10 años, quien antes de ser subido a un patrullero le dijo a los uniformados que no recordaba el nombre de la calle en la que vivía y mucho menos el número de su documento de identidad.
Cuando al fin lograron saber dónde vivía, a sólo cinco cuadras de la escuela, no hallaron mayores respuestas. Los agentes fueron a golpear la puerta, para avisarle a su madre que debía ir a la unidad judicial donde el pequeño esperaba conocer qué iban a hacer con él. Pero nadie atendió los llamados en esa casa.
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No era la primera vez que los policías tenían que llevar a este chico a una unidad judicial. Hacía sólo 15 días, el domingo 13, lo habían sorprendido robando en un quiosco de la avenida General Paz al 90, pleno Centro de Córdoba. Dinero, cigarrillos, cargadores y golosinas formaban parte del botín.
El trámite es claro para los menores de 16 años involucrados en delitos. La Policía los atrapa, en una unidad judicial constatan la identidad y la edad y de inmediato se gira todo a un Juzgado Penal Juvenil y se da aviso a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El informe de esta última cartera estatal es clave para que el Juzgado resuelva si el niño vuelve a su entorno familiar o si es necesario adoptar alguna medida de resguardo.
Tras aquel robo, el pequeño regresó a su casa. O sea, volvió con su familia, la misma que ignoraba qué hacía aquella madrugada y que tampoco sabía qué estaba haciendo este domingo temprano. O que, acaso, sí estaba al tanto, y lo avalaban.
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Ahora, tras este segundo robo, se ordenó que quedara alojado en una residencia de barrio San Martín, bajo responsabilidad de la misma Senaf cuyo informe lo había devuelto a su familia hacía solo 15 días antes.
"Estamos muy movilizados, nos estamos ocupando, tratando de contener a los demás niños y haciendo todo lo que sea necesario", indicó.
I.D.J. figura como alumno de la misma escuela a la que fue a robar. El informe policial que luego de violentar una abertura con una barreta, el grupo de chicos ingresó e intentó saquear la institución. Cuando llegaron los patrulleros, con una carretilla y a pulso se estaban llevando un televisor, una consola electrónica, un auricular, cables, parlantes, micrófonos, dos notebook, un violín, una viola y varias cajas de golosinas, entre otros tantos elementos.
Aún compungida por lo sucedido, este lunes, la directora del colegio, Gabriela Alejandra Pezoa, intentó ponerle reflexión al dolor: "Seguramente hay mucha vulnerabilidad en su contexto que lo lleva a esto", refiriéndose al alumno detenido.
"Tiene apenas 10 años", resumió el drama.
El contexto social es atroz. El mismo informe policial alerta que en la madrugada en la que se producía el robo al colegio, desconocidos dispararon al menos seis veces contra un domo policial ubicado en Jesús María y Sinsacate, a sólo tres cuadras del colegio. Las cámaras de este dispositivo quedaron inutilizadas.
En septiembre pasado, otro domo instalado en Costa Rica y Eugenia Garro, también en Yapeyú, directamente había sido robado.
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En el barrio los vecinos repiten que los narcos de la zona ofrecen hasta 100 mil pesos por cada domo sustraído o dañado.
Una cámara policial con el ojo abierto las 24 horas funcionaba como un elemento disuasivo para aquellos que llegaban hasta esa zona en busca de una dosis de cocaína o para reducir algún objeto robado.
Yapeyú hace demasiado tiempo que se convirtió en un sector crítico por el avance del narcotráfico en Córdoba. Una oferta desmesurada de todo tipo de drogas que tiene entre los consumidores a jóvenes cada vez más chicos.
Hace sólo una semana, en Ampliación Yapeyú, a menos de siete cuadras del colegio robado este domingo, un joven que acababa de salir de la cárcel fue asesinado a puñaladas por una pareja vecina. Como represalia, allegados al fallecido atacaron a tiros y con bombas incendiarias domicilios de familiares de los acusados.
La espiral de violencia no deja de reproducirse.
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Hace 12 días, en Panamá al 2900, o sea a dos cuadras del Ipem 5, un joven resultó con seis orificios de bala producto de tres balazos que recibió aquella madrugada en medio de lo que la Policía supone que fue un raid delictivo bajo el consumo de drogas. Cuando los efectivos llegaron, un espeso código de silencio impidió identificar al atacante.
La escuela está ubicada a 200 metros del club Yapeyú, que el pasado 9 de septiembre fue escenario del crimen de Gabriela Pérez, la joven trabajadora de la limpieza que fue asesinada de un balazo que se coló en la cancha de básquet donde el gremio Soelsac ofrecía un asado a los afiliados en medio de una feroz puja con parte del Surrbac por el control del sindicato.
Un sicario llegó hasta la puerta, divisó a los custodios también enrolados en la barra La Fiel, de Talleres, y disparó a matar con una pistola nueve milímetros. Un proyectil se colgó por una puerta de chapa y mató a Gabriela, que era ajena a toda disputa gremial o de barras, tal como supone la fiscal Silvana Fernández.
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Cuando tuvieron que declarar ante las autoridades, los representantes de ese club, vinculados tanto al gremio como a La Fiel fueron bastante sinuosos para dar precisiones sobre lo ocurrido, según han resaltado en la investigación.
Yapeyú es, en síntesis, el barrio que terminó por ser una cárcel para Mónica Torres, la vecina que en 2010 se transformó, de manera patética, en la "testigo desprotegida" cuando se animó a denunciar a los que vendían drogas cerca de su casa. Quedó a merced de todo tipo de amenazas, que obligaron a que viviera encerrada en su casa con custodia policial permanente mientras los traficantes continuaron libres y multiplicando sus negocios ilegales.
Tras malvender su casa y huir a Bialet Massé, en 2013, Mónica murió de un infarto en 2016. Jamás pudo superar la sensación de impotencia.
Catorce años pasaron desde aquella denuncia. Hoy, un niño de 10 años robando en su propia escuela vuelve a dejar en evidencia que las urgencias en Yapeyú ya llevan casi una década y media de alertas.
