El espanto por la seguidilla aún inexplicable de muertes de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba ya tiene a seis funcionarios políticos imputados por el fiscal Raúl Garzón.
Además de la enfermera Brenda Agüero, sospechada de haber matado de manera intencional a dos de los bebés, según la hipótesis que hasta ahora maneja el fiscal, hay seis funcionarios políticos y jerárquicos del Ministerio de Salud acusados de no haber denunciado a tiempo esta sucesión de muertes.
Una omisión que no sólo desvió a la Justicia, sino que impidió que se realizaran autopsias a tiempo, peritaje forense que ahora es imposible de realizar en aquellos tres casos, por lo que se perdió una prueba más que clave en toda esta historia.
Ante el fiscal Garzón, ya fueron citados a declaración indagatoria cuatro de los seis funcionarios imputados. Y todos ellos han seguido hasta acá el mismo guion: se negaron a declarar. La única que habló hasta ahora ante el fiscal es la enfermera, que permanece presa y no tenía ningún cargo jerárquico.
Liliana Asís: era la directora del Hospital Neonatal. La médica de 75 años, está acusado de los delitos de omisión de los deberes de funcionario público (no haber denunciado a la Justicia la seguidilla de bebés muertos) y de falsedad ideológica (haber avalado los tres primeros certificados de defunción, en los que se aseguraba, de manera engañosa, que los bebés habían muerto de un paro cardiorrespiratorio -la misma causa de la que fallece todo el mundo- sin especificar el motivo).
Cuando la semana pasada fue citada a declaración indagatoria, se presentó junto a su abogado Franco Vitozzi, escuchó la acusación en su contra y se negó a hablar ante el fiscal.
La ahora exdirectora fue protagonista de un episodio que llamó mucho la atención de los investigadores: cuando se le pidieron sus teléfonos celulares para ser peritados, entregó sólo su aparato particular y dijo que al corporativo del Ministerio de Salud ya lo había devuelto. Luego, se descubrió que aún lo tenía, pero cuando finalmente el teléfono fue secuestrado ya había sido formateado.
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Marta Gómez Flores y Adriana Morales: se trata de la exjefa del servicio de Neonatología y de la exjefa del Departamento de esa misma área, respectivamente. Soportan la misma acusación que Asís: omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Si bien de manera extraoficial indicaron que ellas presentaron una nota interna pidiendo que se investigaran estas muertes inexplicables, lo concreto es que cuando se sentaron frente al fiscal Garzón no hablaron, según confirmó el abogado que las representa, Felipe Trucco.
Alejandro Escudero Salama: es abogado y en noviembre de 2021 fue nombrado como vicedirector de Gestión Hospitalaria del hospital Materno Neonatal. Venía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde trabajó en el área de minorías sexuales y diversidad, lo que le valió ganar protagonismo mediático.
Hasta ahora, no está claro el motivo por el que cambió de ministerio y por qué ingresó en el Neonatal, meses antes de cuando comenzó supuestamente la seguidilla de muertes de bebés sanos.
El fiscal Garzón lo imputó de "omisión de los deberes de funcionario público": llevó adelante un sumario administrativo, en el que entrevistó a diferentes empleados, pero nunca denunció ante la Justicia. Quedó en el centro de la mira judicial cuando el jefe de la Morgue Judicial de Córdoba, David Dib, declaró ante Garzón que en mayo, cuando ya había dos muertes raras, se juntaron junto al fiscal Guillermo González para hablar de este tema. Ante estos dichos, se abrió una investigación que lleva adelante Iván Rodríguez, para determinar si hubo otra omisión de denunciar.
Este lunes, Escudero Salama fue citado a declaración indagatoria. Se presentó junto a su abogado Claudio Orosz y se negó a declarar.
Diego Cardozo: el ahora exministro de Salud de Córdoba está citado a declaración indagatoria para este jueves. Aún no oficializó quién será su abogado defensor. Estuvo en conversaciones con el exfiscal General Darío Vezzaro, cuyo estudio defiende al exjefe de Defensa Civil, Diego Concha, y al exdirector del Hospital de Niños, Juan Ledesma, entre otros casos resonantes de los últimos tiempos que involucraron a funcionarios públicos. No habrían llegado a una acuerdo.
El fiscal Garzón lo acusa de "omisión de los deberes de funcionario público": Cardozo admitió en declaraciones a Cadena 3 que sabía de la seguidilla de casos y que estaba al tanto de la investigación administrativa interna. Pero jamás fue a tiempo a la Justicia. No está claro si se abstendrá de declarar o si hablará ante el fiscal.
Pablo Carvajal: exsecretario de Salud de Córdoba (presentado varias veces como virtual viceministro de Salud durante la gestión de Cardozo). Un hombre de extrema confianza del entonces ministro. Tenía a su cargo la coordinación de los hospitales. Era el nexo entre la directora Asís y el ministro Cardozo.
El lunes, el fiscal Garzón lo imputó de "omisión de los deberes de funcionario público": se sospecha que estaba al tanto de la investigación administrativa y tampoco fue a tiempo a la Justicia. Tras ser imputado, se le solicitó que entregara su teléfono celular: dijo que lo perdió, según confirmaron las fuentes que siguen de cerca la investigación. El lunes deberá ser sometido a declaración indagatoria y aún no oficializó quién será su abogado defensor.
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