A medida que pasan las horas, crece el escándalo en torno a la presunta patota integrada por policías y civiles que habrían ejecutado allanamientos ilegales en la ciudad de Córdoba y que incluso se habrían llevado secuestrado a un adolescente al que acusaban por el presunto robo de una moto.
Una causa en la que la fiscal Jorgelina Gutiez se viene moviendo de manera veloz, para evitar que se pierdan pruebas sensibles, y que ya tiene a cuatro uniformados detenidos, otros dos civiles presos, y que dejó a cuatro agentes más bajo investigación administrativa.
O sea, hoy son al menos ocho los policías que quedaron bajo sospecha.
Hasta ahora, desde la Jefatura de la Policía de Córdoba no han emitido ninguna información oficial al respecto.
En tanto, el nuevo Tribunal de Conducta Policial, que no depende de la fuerza, comunicó ayer a la tarde que había iniciado una investigación administrativa "a fin de determinar las responsabilidades de los agentes de la Policía de Córdoba, pertenecientes al Comando de Acción Preventiva (CAP), investigados por haber participado presuntamente de un procedimiento de dudosa legalidad en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba".
Al respecto, y luego de que este lunes a la mañana Cadena 3 revelara este caso, se indicó que seis de los efectivos involucrados fueron puestos en situación pasiva (cuatro de ellos están presos), mientras que a otros dos se les ordenó el retiro preventivo del armamento oficial.
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De acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, el pasado jueves, un policía retirado le avisó a un grupo de agentes en actividad de que le habían robado la moto de su hijo de la playa de estacionamiento de un conocido complejo comercial de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Y les brindó una serie de detalles sobre los supuestos ladrones.
Fue entonces que los ocupantes de dos móviles policiales decidieron actuar por cuenta propia, sin ningún tipo de orden judicial. "Ni siquiera radicaron alguna denuncia o dieron algún aviso", apuntó uno de los informantes consultados.
Pero no fueron solos. Siempre según consta en la causa, se conformó un grupo "parapolicial" conformado por estos agentes, policías retirados y guardias de una empresa privada de seguridad.
Al parecer, los policías se dirigieron a una vivienda particular y por la fuerza se llevaron a un joven menor de 18 años que vive allí (tendría 15). Lo sentaron en un móvil y bajo amenazas (le apuntaban con las armas) comenzaron a exigirle que les dijera dónde estaba la moto.
Como este muchacho no les dio mayores datos, los agentes continuaron hacia otro domicilio de barrio Policial Anexo, donde ingresaron también sin ningún tipo de orden judicial.
Minutos después de este raid, al joven que habían sacado de la primera casa lo dejaron abandonado en una esquina. A esa altura, la madre del muchacho ya estaba denunciado un supuesto secuestro. "Le habían dicho que unos tipos que se hacían pasar como policías habían 'chupado' a su hija, la mujer estaba desesperada", agregó otra de las fuentes.
Ante esto, todo se judicializó. La fiscal Gutiez quedó a cargo de la investigación y pronto encontró indicios que comprometían a los policías. El viernes último finalmente se concretaron las cuatro órdenes de captura. Los agentes fueron convocados con una excusa para que se presentaran en la propia Jefatura de la Policía, de donde salieron esposados. Continúan presos.
El secretario de la fiscalía, Iván Vocos, indicó: "Se investiga a un grupo de personas, entre ellos policías en actividad, personal policial retirado y civiles que pertenecen a una empresa de seguridad, que habrían ingresado a una vivienda particular, aparentemente en procura de dar con una motocicleta sustraída del interior del Dino de Alto Verde. Del interior de esa casa, a la cual ingresaron sin orden de allanamiento, retiraron a un menor de edad, a quien privaron de su libertad y lo habrían amenazado con un arma de fuego. Así, la fiscal Gutiez ordenó la detención de los presuntos autores a los que imputó por privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción, violación de domicilio y allanamiento ilegal. Personal de la unidad judicial 19 junto a personal policial se encuentran trabajando a fines de recaudar la prueba necesaria para establecer todas las demás circunstancias que rodean a este hecho".
"La fiscal les tiró con todo el Código Penal por la cabeza. Es muy grave este caso", acotó una fuente de Tribunales 2.
Los informantes precisaron que los policías acusados son el sargento Darío Navarrete, el oficial principal José Gutiérrez, un suboficial inspector de apellido Mubarqui y el cabo Nahuel Alaniz. Todos forman parte del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito 11. Al respecto, se destacó que los dos primeros son policías que tienen varios años dentro de la fuerza.
También fueron detenidos dos civiles, que serían guardias de seguridad. Sus identidades aún no trascendieron.
Los otros cuatro policías bajo sospecha, sobre los que por ahora sólo pesa una sanción administrativa, integraban otras dos patrullas policiales que, según se está analizando, también habrían estado al tanto del supuesto raid ilegal de sus compañeros.
O sea, en la maniobra bajo investigación habrían participado al menos cuatro móviles oficiales.
Al respecto, las fuentes consultadas indicaron que lejos de estar cerrado, esta investigación recién comienza. Y no se descarta que en las próximas horas se produzcan más detenciones.
