Ya está todo listo para que en la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje comiencen sendos juicios contra policías acusados de graves delitos.
Por un lado, el oficial Franco Llanos deberá responder por las acusaciones de coacción, amenazas, vejaciones y lesiones leves calificadas.
En tanto, el oficial inspector Cristian Orlando Mytelsky y el sargento Gustavo Matías Silva deberán responder, en otro juicio que se va a desarrollar durante estos días, por los delitos de lesiones leves, amenazas calificadas y abuso de arma, entre otras figuras penales que pesan sobre ellos.
Las graves acusaciones podrían concluir con pedido de condenas efectivas para los uniformados que siguen en funciones y que pese a contar con requerimientos firmes siguieron ascendiendo en sus carreras. En ese sentido, fuentes judiciales calificaron como "inaudita" y de "gravedad institucional" esta situación: policías imputados por delitos que continuaron trabajando y que incluso fueron ascendido.
Según la instrucción que se llevó adelante en la fiscalía de Cosquín, el 10 de septiembre de 2016, Llanos y otros policía que hasta hoy no fue identificado golpearon a un joven de esa ciudad, al que persiguieron y terminaron por detener. Al parecer, el uniformado llegó hasta una esquina céntrica alertados por una supuesta riña, momento en el que se toparon con tres jóvenes a los que habría maltratado. Uno de ellos denunció los presuntos apremios ilegales que le habrían causado diferentes traumatismos en el rostro, sobre todo.
Por su parte, los policías Cristian Orlando Mytelsky y el sargento Gustavo Matías Silva llegan acusados por la fiscalía de Cruz del Eje.
Según la instrucción que llevó adelante el fiscal Raymundo Barrera, el 10 de mayo de 2015 a la madrugada, los dos policías, que estaban de franco, en la zona céntrica de esa ciudad del norte cordobés le cruzaron el auto a un utilitario en el que viajaba una joven pareja. Armados con la pistola reglamentaria, los policías se bajaron y apuntaron al conductor. Fue entonces que Mytelsky, siempre según la acusación, efectuó un primer disparo en contra del utilitario. Ante esto, la joven que iba en ese rodado abrió la puerta y salió corriendo, mientras los dos policías comenzaban a increpar y a amenazar al conductor. Cuando este intentó hacer marcha atrás para escapar de allí, le dispararon a una de las ruedas.
Justo en ese momento, aparecieron en otro vehículo unos amigos del conductor, quienes también denunciaron que fueron amenazados y golpeados por los policías. Quien manejaba este segundo rodado indicó que Silva le apoyó en la sien la pistola y que lo obligó a bajarse.
Luego -se indica en la acusación- fueron golpeados por los policías.
Ahora, con las dos causas ya listas para ser juzgadas, llamó la atención en la sede judicial que los policías acusados continúen en situación activa y que hasta hayan sido ascendidos durante estos años.
Esta situación vuelve a poner en debate qué pasa con los controles al interior de la principal fuerza de seguridad de la provincia, situación que quedó en evidencia con el asesinato policial de Blas Correas (17) en los primeros minutos del 6 agosto de 2020.
Los dos policías que aquella madrugada dispararon contra el auto en el que viajaban Blas y sus amigos estaban trabajando armados pese a que ya tenían sendas causas penales previas.
Lucas Gómez, el que disparó el tiro que mató a Blas, ya estaba imputado por haber encubierto al violador serial de La Calera, Leandro Castañares (atacó seis veces en 2016). En febrero último, Gómez terminó condenado por este caso a una pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional.
El otro policía que disparó contra el auto Fiat Argo fue Javier Catriel Alarcón, quien estaba imputado desde 2013 por agredir a un remisero en un control vehicular en Pilar.
Pese a que en su momento habían sido puestos en situación pasiva a raíz de estas imputaciones, el Tribunal de Conducta Policial luego los reincorporó a la función activa. Así, aunque continuaban imputados y bajo investigación, volvieron a la calle a portar un arma reglamentaria.
El 11 de mayo de 2021, el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini imputó por el delito de abuso de autoridad a Becerra, a quien se le reprochaba haber autorizado que estos dos policías volvieran a la actividad en la fuerza pese a que continuaban imputados.
En su momento, Becerra ensayó una explicación pública: dijo que el Tribunal de Conducta Policial podía ordenar que una persona imputada regresara a trabajar (por demoras en la causa, porque se entendía que ya no podía entorpecer la investigación o por cualquier otro motivo), pero que la decisión de darle un arma y reponerlo en un lugar en contacto con la sociedad civil ya era puramente policial. O sea, apuntó en dirección a la propia Jefatura de Policía.
Ahora, en mayo último, tras analizar el descargo de Becerra y la ley del Tribunal de Conducta Policial, el fiscal Bornancini solicitó el sobreseimiento de la funcionaria pública. El juez de Control Gustavo Hidalgo deberá resolver.
Aunque no hubo ninguna declaración oficial al respecto, fuentes que siguen de cerca la investigación aseguraron que la normativa del Tribunal de Conducta Policial en ningún lado dice que es delito reincorporar a un policía imputado, aún sin condena.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
