“Me abordan en Balcarce e Illia. Y me dicen ‘Pasaje Brown’. Directamente cuando llegué a la esquina, les digo: ‘¿Acá es?’ Y me dicen: “Pasando el auto’. Cuando paro el vehículo, siento el disparo en la pierna. Directamente me disparó, ni me dio tiempo a nada”.
Hace casi un año, el pasado martes 22 de junio, Javier Biagioli le contaba a Cadena 3 cómo había sido baleado en un asalto.
El chofer no pudo activar los botones de emergencia del rodado porque todo fue muy rápido. “Cuando me dispara en la pierna derecha, me ponen el revólver de la cabeza. La chica me abre la puerta de conductor y me empieza a sacar las cosas”, agregó.
En el Hospital de Urgencias los médicos comprobaron que la herida no había puesto en riesgo su vida.
Pero un detalle insólito hizo que el caso captara la atención de las noticias de aquellos días. A través de su celular robado, el delincuente que le había disparado comenzó a escribirle. Decía estar arrepentido, le decía que dejara de denunciar y le dijo, en tono de burla, que si se pagaba un asado le iba a devolver el teléfono.
Balazo, asalto y burlas.
Días después, la Policía llegó hasta los sospechosos: una joven pareja que se alojaba en una pensión ubicada a metros de donde ocurrió el robo. El fiscal Rubén Caro no sólo los denunció por este asalto, sino que sumó otros dos robos a mano armada ocurrido noches después en la zona de la Terminal de Ómnibus.
Él ya tenía antecedentes penales, al igual que buena parte de su familia. Ella hasta entonces nunca había caído en una causa penal, más allá de que cuando era menor de 18 años sí había sido sorprendida robando un teléfono celular.
En aquel momento, estuvo alojada unas semanas en el Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes, en pleno Nueva Córdoba.
“El consumo de sustancias es la característica que más las atraviesa; también en los últimos ingresos se advierte que participan de la comercialización de drogas, pero todo como una cuestión familiar, en la que los adultos están involucrados”, ya advertían en aquel momento en ese centro que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
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Pero en su biografía nada cambió. Hija de una familia de clase media, tras el divorcio de sus padres, comenzó a boyar. Apenas comenzó la adolescencia, empezó a consumir, largó el colegio y la deriva pasó a ser su estado permanente.
A los 19 años, nació su primer hijo. Convivió un tiempo con el padre, pero terminaron por separarse. Dos años después, llegó el segundo bebé. Otra experiencia de pareja que se truncó pronto.
Hasta que en abril de 2021 llegó a la casa de su madre y le dijo sin mayores preámbulos que no estaba preparada para criarlos. Que quería salir y divertirse. Y así, los dejó y se fue. Las caídas en el consumo comenzaron a ser cada vez más prolongadas y difíciles. Sus apariciones familiares se fueron espaciando. Ya estaba con nuevo novio, el joven con antecedentes penales. A su madre comenzaron a llegarle noticias complicadas de digerir.
Cuando cayó detenida, no hubo sorpresas. Durante nueve meses, la cárcel de mujeres de Bouwer fue su nuevo hogar. De nuevo, bajo el ala del Estado. Su primer examen toxicológico reveló el consumo reciente de cocaína. El diagnóstico se repitió, como cuando aún era menor de edad.
El 11 de marzo último, volvió a su casa, un departamento en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Le dieron la prisión domiciliaria para que cuidara de sus pequeños hijos. Los primeros días, todo parecía ir bien. Ella sonreía y jugaba con los pequeños, mientras el resto de la familia giraba como satélites a su alrededor: buscarlos para ir al colegio, comprarles ropa y comida.
Los peritos del Servicio Penitenciario pasaban a verla dos veces por semana, a la mañana. "Sigue cumpliendo con las normas dictadas para la prisión domiciliaria", señalaban en los informes.
Ella pronto les tomó el tiempo: si estaba en su departamento esos días a la mañana, el resto de los días podía hacer lo que quisiera. La ficción cordobesa de las prisiones domiciliarias. Ni pulseras ni ningún otro medio de control.
Los fines de semana volvieron a ser los de antes: noche, alcohol, drogas y juntadas, con todo lo negativo que tiene la palabra "juntas".
Los niños a los que ella cuidaba con dedicación, según los informes oficiales, estaban de nuevo a la deriva. Su abuela, una tía, el resto de la familia empezaban a desplegar de nuevos las redes para contenerlos.
La angustia comenzó a invadir a la madre de la joven. "No quiero que esto llegue a mayores", se repetía. ¿A qué se refería? No la quería delinquiendo, no la quería con un arma en la mano, no la quería perdida en las drogas, no la quería cerca de unos niños a los que dejaba casi a la deriva perdida en sus propios sentidos alterados. "Peligrosa para ella y para terceros".
Su hija otra vez se burlaba de las reglas, de las instituciones, de un sistema que ve... pero no mira.
Hasta que al fin se decidió. Ya había buscado alguna salida sanitaria, sin encontrar ninguna contención. La joven nunca se asumió como adicta, lo que dificultaba todo aún más.
El viejo y renovado reclamo que días atrás puso en primera plana la mamá del cantante Chano Charpentier: una ley de salud mental que prevea internaciones compulsivas para este tipo de casos.
Falta otro costado: ¿está el sistema público de Córdoba preparado para contener esta demanda? El Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad) hace más de una década que es sinónimo de un fracaso colectivo mucho más amplio.
Mientras el narcotráfico continúa reproduciendo la oferta en los barrios de Córdoba, el sistema no sabe qué hacer para contener las secuelas profundas de tanto veneno a la vuelta de la esquina.
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La mujer, exhausta, terminó vencida por la impotencia. Hace 10 días fue a ver en su despacho al fiscal Rubén Caro y le dijo lo que estaba pasando. Que su hija ya no tenía, en la práctica, ningún arresto domiciliario. El funcionario judicial la escuchó con atención. Y ordenó la inmediata detención de la joven.
Ahora, ella está de nuevo en la cárcel para mujeres en Bouwer. Aún tiene las imputaciones por los robos y se espera que la causa sea elevada a juicio.
El fiscal fue más allá y pidió que muros adentro la joven tenga contención y tratamiento psicológico por las adicciones.
La realidad es brutal: la cárcel como destino de una persona enferma por el consumo de drogas.
No hubo otras respuestas para la madre. Tuvo que ir a un sistema, el judicial penal, en el que las personas son catalogadas como delincuentes o inocentes. Su hija es, en este caso, lo primero.
"Yo soy una de las tantas mamás que tienen a sus hijos con problemas de adicciones. En mi caso, es mi hija, que tiene 23 años y dos hijos pequeños. Desde hace años vengo padeciendo una situación compleja, que te desgasta, es desbordante, con todo lo que esto conlleva. A veces siento que estoy en un laberinto sin salida. He tenido que pedir muchas veces ayuda, sin encontrar la ayuda adecuada. Me he topado con situaciones extremas: mi hija delinquió y tuve que denunciarla porque se ponía en riesgo ella y terceros también. Es realmente complicado, porque nos terminamos enfermando todos. Uno como madre no pierde la fe, pide ayuda, que a estos chicos los traten en lugares adecuados. Porque están enfermos. Y queremos que se recuperen, que salgan adelante y que puedan tener una vida normal", contó la mujer en Cadena 3.
Su historia es de la cientos en Córdoba. Un laberinto sin salida. En el que la cárcel aparece hoy como el único horizonte posible antes que la muerte. Soluciones penales ante dramas sociales.
