"Hicieron como los narcos: cuando vieron que estábamos allanando, corrieron al baño a descartar todo".
La frase genera escozor. Porque el investigador se está refirieron a policías cordobeses. Desde el martes a la tarde, 54 efectivos del Departamento Motocicletas están bajo sospecha luego de que una fiscalía secuestrara dos celulares de alta gama robados escondidos en el baño de la dependencia.
Se trata de otro escándalo que sacude a la Policía de Córdoba en medio de una seguidilla de episodios que tiene a los propios uniformados en el centro de las sospechas.
Cadena 3 anticipó el martes a la noche que el fiscal Guillermo González acababa de encontrar dos celulares robados en un baño de esa base policial ubicada en Diego Cala y Duarte Quirós, en barrio Las Palmas, de la ciudad de Córdoba.
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La fiscalía tuvo que actuar con sigilo y rapidez luego de que una jovencita se presentara en una unidad judicial y denunciara que la geolocalización de su iPhone, que le habían robado en la madrugada del domingo dentro de un local bailable del Centro, apuntaba a esa dirección.
De inmediato, un equipo judicial comenzó a trabajar con la denunciante, ampliando el recorrido del celular, siempre de acuerdo a esta geolocalización. Fue entonces que se determinó que el aparato continuaba en ese lugar, marcado en el mapa con resaltador amarrillo: es que en esa base sólo ingresan policías.
El fiscal González sopesó el impacto de la causa: si bien a esta altura, por la fuerza de la realidad, ya a nadie le asombra el robo de un celular en Córdoba, sí entendió la gravedad del asunto, al haber policías involucrados.
Sucede que sólo una semana antes, el subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, quedó detenido junto al jefe de las Brigadas Civiles y una subcomisaria en el marco de la investigación contra lo que sería una megacueva dedicada a la compra y venta de celulares robados, además de otros delitos. Todo nació a partir del desbaratamiento de un "laboratorio" para desbloquear iPhone.
Pensar a esta altura que apañar la venta de celulares robados en Córdoba es un delito "menor" configura toda una ingenuidad: es tan grande el volumen de robos de este tipo de aparatos que se trata de un negocio multimillonario. Una trama que hace años que se expande en la provincia, con centros focalizados de "reducción".
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Con los datos reunidos por su equipo, el fiscal González ordenó allanar la base policial el mismo martes a la tarde. Cuando los comisionados de la fiscalía llegaron al Departamento Motocicletas Sur ordenaron que nadie más se moviera de allí. Ni que entraran ni que salieran. Los 54 policías que a esa hora se encontraban adentro fueron requisados.
Pero ya ninguno tenía el celular buscado encima. No obstante, los investigadores recorrieron las instalaciones, ya que la geolocalización continuaba marcando que el iPhone robado estaba allí, hasta que finalmente lo encontraron en un baño. Junto a este aparato había otro celular, también robado, pero que no estaba siendo buscado.
La pista azul es más que fuerte dentro de esta trama. El lugar donde se encontró el iPhone robado durante el fin de semana es una base oficial en la que se guardan las motos y los pertrechos oficiales, mientras se asignan las duplas que van a salir a patrullar. O sea, sólo ingresan policías.
Por eso, los 54 uniformados que fueron requisados quedaron bajo una enorme lupa judicial.
Los pesquisas son optimistas en lograr identificar a los policías que tenían estos celulares encima. La sospecha es más que delicada: horas después de concretarse el robo en el local bailable, los agentes policiales ya tenían en su poder los aparatos sustraídos. ¿Fueron ellos los que directamente los robaron? ¿O acaso actuaron como "reducidores"? Tampoco se descarta que los agentes le hayan secuestrado los celulares sustraídos a un delincuente y luego se los hayan quedado, sin entregar el operativo en ninguna parte.
Una sospecha es más grave que la otra.
Para los investigadores no hay dudas de que se trata de un delito. No hay margen para teorizar sobre si los policías se demoraron para entregar el operativo, ya que el protocolo en claro: apenas secuestran cualquier objeto en un operativo callejero, deben asentar todo en una unidad judicial.
En Córdoba, cuentan quienes conocen de sobra este submundo, se ha organizado una mega estructura alrededor de la "industria de los celulares robados": en los barrios pululan los negocios que se presentan con una fachada de reparación de celulares, pero que en realidad sirven para "enfriarlos" allí hasta que los delincuentes se cercioren de que no está activada la geolocalización de los aparatos.
Luego, asoman los "laboratorios" que se dedican a desbloquear y formatear estos celulares, para luego llevarlos a otros locales de apariencia legal donde son vendidos. O, directamente, los ofrecen por las redes sociales.
Parte de esta cadena quedó en evidencia la semana pasada cuando el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, avanzó sobre el denominado "clan Monge", una familia dedicada desde hace años a la compra y venta de celulares.
Con un comercio en la archiconocida Galería Norte, además de otros locales en galerías del Centro cordobés, un hombre y sus tres hijos fueron acusados de "reducir" teléfonos robados, además de otra gama de delitos.
Señalada por integrar, supuestamente, la misma organización, también fue detenido quien hasta hace unos meses revestía como jefe de las Brigadas Civiles de la Policía, el comisario Cristian Cabrera.
En febrero pasado, cuando Gavier ordenó un primer allanamiento contra esas "cuevas", este jefe policial fue sorprendido adentro de uno de estos locales. En aquel momento, no supo explicar qué estaba haciendo.
Le secuestraron dos celulares. La información que surgió de esos teléfonos terminó por ser esencial para el avance de la investigación, según apuntaron las fuentes consultadas.
A partir de esos análisis, más nuevas pruebas, el fiscal avanzó en dirección a otros dos policías. El subjefe Mercado permanece preso en Bouwer desde la semana pasada, acusado de haber encubierto a Cabrera. Jamás en los últimos 40 años un jefe de tanta jerarquía había sido detenido en actividad.
También fue capturada la subcomisario Verónica Aguilar, quien estaba trabajando en las Brigadas Civiles, con asiento en Saldán. Al ser allanada le secuestraron casi 15 millones de pesos en efectivo, además de una máquina para contar dinero.
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Junto a los tres policías, fue detenido un empleado judicial, Juan José Corzo, acusado por ahora de falsa denuncia y falsedad ideológica. Según confiaron las fuentes consultadas, se sospecha que cuando trabajaba en la unidad judicial 12, donde también estaba el comisario Cabrera, a pedido de este redactaba denuncias falsas sobre robo de neumáticos, con la idea de defraudar a las empresas aseguradoras.
La pista policial detrás del millonario y sangriento negocio de los teléfonos sustraídos empieza a convertirse en Córdoba en algo más que un escándalo. Una sospecha que atraviesa a la Policía.
