Preso, "el Chancho" habría continuado activo con un celular

Juan Federico

Múltiples delitos: estafas virtuales desde las cárceles, sobornar a guardias penitenciarios y continuar liderando una banda narco en el exterior. Una radiografía del call center tumbero con un nombre de peso en la historia criminal de Córdoba: René Alejandro Sosa, "el Chancho".

Esta es la síntesis de una compleja investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier y que en las últimas horas agregó uno de sus capítulos más importantes: seis kilos de cocaína de muy buena pureza con un llamativo logo de "Ferrari".

Una causa que vuelve a dejar en evidencia cómo el crimen organizado continúa activo, aún detrás de los gruesos barrotes de una prisión. Lo que obliga a volver a preguntarse sobre las complicidades oficiales: detenidos que delinquen bajo el ala del propio Estado.

El expediente comenzó a agregar párrafos cada vez más calientes desde el 13 de mayo del año pasado. Ese día, el guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado (42) fue sorprendido por sus superiores en la cárcel de Bouwer cuando intentaba ingresar con dos teléfonos celulares escondidos en los borceguíes, según se sostiene en la causa penal.

Casado ya estaba en la mira interna porque hacía tiempo que insistía con tener cualquier tipo de el núcleo D, de pabellón D3, en el Módulo MX1 de Bouwer, donde estaba alojado Sosa.

Las sospechas sobre las complicidades oficiales en torno al call center tumbero no eran antojadizas: en plena cuarentena, con los presos sin recibir visitas, el tráfico de celulares adentro de las cárceles de Córdoba jamás cesó.

El mito narco

En 2015, “el Chancho” fue condenado a ocho años de cárcel por comercialización agravada de estupefacientes, a raíz de unos 18 kilos de pasta base que eran transportados en matafuegos. Apuntado desde mediados de la década de 2000 de haberse convertido en un importante narco con asiento en la zona de barrio Maldonado, en los alrededores del cementerio San Vicente, la condena fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba. 

Estuvo preso hasta fines de 2017, cuando volvió a salir en libertad, beneficiado por el régimen de salidas transitorias. Logró ese beneficio por haber pasado las dos terceras partes de la condena y por haber empezado estudios. Pero 469 días después volvió a ser detenido, esta vez acusado de haber encargado un crimen en su propio barrio, como represalia por un robo.

En el juicio, celebrado en marzo de 2021, la acusación en su contra se desmoronó y terminó condenado a tres años de prisión por violación de domicilio agravada por el uso de arma y agresiones.

Cuando Sosa pensaba que quedaba a las puertas de volver a la libertad, cayó el guardia con los celulares y el fiscal Gavier lo puso en el centro de todas las sospechas. Acusado de haber montado una asociación ilícita dentro de la cárcel, no regresó a la calle: quedó con prisión preventiva.

"Queda claro que Sosa utiliza a los empleados del Servicio Penitenciario para que lo provean de aparatos celulares y que logró introducir en la asociación ilícita a Casado, quien dada su condición de guardiacárcel tenía conocimiento de las actividades ilícitas llevadas adelante por los detenidos desde el interior del establecimiento", se sostiene en el expediente judicial.

Al otro día, 14 de mayo de 2021, fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Pero no todo terminó allí. 

Meses antes, en enero de 2021, su concubina y madre de sus hijos, su suegro y otras cinco personas fueron detenidas acusadas de vender drogas en barrio Maldonado. En ese momento, varias miradas enfocaron hacia adentro de la cárcel.

Mientras su pareja aún estaba detenida, Sosa comenzó a recibir la visita de otra mujer. Muy pocos sabían que con ella tenía hijos mellizos, desde hace más de una década. 

Uno de los celulares que se le incautó a Sosa adentro de la cárcel tenía un contacto agendado como "Dupla", con llamativas conversaciones: cuánto salía un celular adentro de la cárcel (se ingresan por cerca de 100 mil pesos y se revenden por el doble), para qué se usan, además de directivas relacionadas con el comercio clandestino de drogas, según se presume.

Descifrar quién estaba detrás de ese apodo llevó ahora a Alejandra del Valle Vázquez (49), la "otra" pareja de Sosa, según se sospecha. En su domicilio ubicado en barrio General Urquiza los policías hallaron ayer los seis kilos de cocaína. La droga estaba dividida en seis panes envueltos en un papel amarillo con el logo de Ferrari. Una marca que apunta a un proveedor exclusivo. 

En el lugar fueron detenidos la mujer y un hijo de ella, Gastón Vázquez (27). Pero no fueron los únicos procedimientos. También hubo operativos en barrio Maldonado y en otros sectores de la ciudad. Faltaba un quinto sospechoso, Elio Juncos, quien es hermanastro de Sosa, hijo de la exlegisladora del PJ e histórica puntera del oficialismo cordobés, Liliana Juncos, y que ya ha sido nombrado hace años en distintas investigaciones por narcotráfico. Este hombre salió corriendo cuando vio a los policías y ahora se encuentra en calidad de prófugo.

Los mismos nombres que hace más de una década y media se repiten en las causas judiciales.

El fiscal Gavier sostiene que Sosa lideraría una asociación ilícita conformada por Alejandra Vázquez, el hijo de ella -Gastón-, Elio Juncos y el guardiacárcel Casado.

Ante el secuestro de la droga, se abrió también una causa provincial por narcomenudeo, en la fiscalía de Marcelo Sicardi. No está claro si continuará en ese expediente o si será girada al fuero federal.