En septiembre de 2023, Rafael Antenor Medina (32) fue condenado a purgar tres años y un mes de prisión efectiva por un robo a mano armada.
Su estadía en una celda no asomaba muy prolongada. A partir del 1 de marzo de 2024 iba a poder comenzar a solicitar la libertad condicional, siempre y cuando su conducta fuera ejemplar y cumpliera con las distintas fases del tratamiento penitenciario. Caso contrario, la pena iba a expirar el 10 de marzo de 2025.
Pero nunca logró la condicional. A los pocos meses de haber sido detenido, comenzó a manchar su legajo como presidiario. El secuestro de drogas y las peleas con otros presos lo sindicaron como un detenido de mala conducta.
Hoy, ni siquiera puede ilusionarse con terminar su pena en marzo próximo.
Sucede que un año después de su primera sentencia en contra, aún detenido, sumó una condena bastante más grave: recibió una pena de siete años y seis meses de cárcel, acusado de haber montado un búnker para vender drogas en el interior del presidio de Bouwer.
Ambas condenas se unificaron en ocho años de prisión en total.
O sea, Medina cometió su peor delito -en cuanto a la escala penal- cuando ya estaba preso. Paradojas de los inframundos carcelarios en Córdoba.
La última sentencia fue dictada días atrás por el juez unipersonal de la Cámara 8° del Crimen de la ciudad de Córdoba, Juan Manuel Ugarte, luego de escuchar una larga declaración del acusado, quien involucró a miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba en esta densa trama que vuelve a relevar el lucrativo negocio ilegal que se sustenta al interior de las penitenciarías cordobesas.
Drogas y celulares, dos mercancías que adentro de las cárceles multiplican varias veces su valor.
Esta investigación se remonta a marzo del año pasado cuando a poco de haber sido detenido, y mientras aguardaba ser juzgado por el robo calificado, a Medina le encontraron 41 envoltorios de cocaína que tenía escondidos dentro de la base de un mate de plástico.
Si bien el detenido negó haber sido el único propietario de ese utensillo, una cámara de seguridad interna lo delató: de espaldas a la filmación, tomaba el mate y hacía el movimiento típico de alguien que está girando algo con sus manos.
Pero su situación se complicó aún más en septiembre siguiente, justo cuando estaba por empezar el juicio en su contra. Fue divisado por un guardiacárcel cuando le vendía drogas a otro preso con el que se había encontrado en la enfermería del penal de Bouwer.
El lugar no tenía nada de casual: tanto Medina como su cliente debían ir allí, ya que el primero recibía pastillas para la tiroides, mientras que el segundo es insulinodependiente.
Hay otro detalle que no escapa a los investigadores: en la enfermería no hay cámaras de vigilancia.
Allí, siempre según la investigación judicial, Medina le entregó 70 dosis de marihuana al otro preso, que le pagó con 35 mil pesos en efectivo.
Ahora, al llegar a este nuevo juicio en su contra, junto a su asesor letrado, Juan Carlos Rodríguez, y enfrente del fiscal acusador, Hugo Almirón, Medina intentó dar su versión.
El hombre, oriundo de la localidad de Malagueño, padre de tres hijos adolescentes, que si bien no terminó el secundario logró ingresar como operario en una empresa de demoliciones, contó ante la Justicia que luego de la primera condena, cuando regresó al pabellón un guardiacárcel lo llamó y le ofreció un trato: el penitenciario le iba a dar celulares y drogas para que él se los vendiera a otros presos y, a cambio, le iba a ir anotando diversos "progresos" en su legajo, para que lograra los puntos necesarios para solicitar rápido la libertad condicional.
E indicó que el agente penitenciario con el que supuestamente había negociado esto era Marcelo Fernando Matos. No se trata de un nombre cualquiera dentro de la estructura del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Desde noviembre último, Matos está en condición de prófugo ante la Justicia.
El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó su detención en el marco de una investigación por el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer, causa que ya tiene detenidos a cinco miembros del Servicio Penitenciario: los guardiacárceles, Ramón Emanuel Dewar (41), jefe de seguridad del módulo MD1; Fernando Ángel Monserrat (28); Leandro Nicolas Agüero (29) y Darío Luis Cortez (27), la enfermera Jésica Pamela Barrera (36), además del "pluma" (un detenido que es jefe de un pabellón) Emanuel Alejandro Méndez (43), y un civil, Emanuel Maximiliano Vélez (32), acusado de ser un supuesto "proveedor" externo de la banda.
En su confesión, Medina fue claro al momento de retratar el grueso negocio que se mueve alrededor del "call center tumbero": "En el pabellón vendí seis teléfonos y un poco de marihuana –que él (por el guardia Matos) había sacado del A4 de una requisa-, después en patio de cancha me dio tres teléfonos más para que lo entregara en el D2, y la última vez –que yo le dije que no lo quería hacer más porque me estaba por ir a la calle- fue lo de G.; en total gané 700.000 pesos aproximadamente. Se los giré a la madre de mis hijos".
Y agregó más detalles: "El contacto con Matos era por teléfono, me avisaba que tenía tres o cuatro teléfonos para 'embrollar' y le confirmaba que sí, cuando pasaban la vista a la mañana, y salían todos a los pasillos, él entraba y me lo dejaba en la almohada, las cámaras dan al pasillo y sólo abarcan hasta la pieza 8. Hay otro chico del E4 que también le vendía, y lo cambiaron hacia el MD1 pero no sé el nombre".
Para Méndez, el negocio adentro de la cárcel le reportaba interesantes ganancias.
En el medio, su madre fue sorprendida en una requisa, cuando intentaba ingresar con drogas escondidas en el cuerpo.
"No sé por qué lo hizo, si a mí no me hacía falta porque ya estaba haciendo estos negocios y conseguía la plata para comparar todo", apuntó ahora el preso en el juicio sin ponerse colorado.
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Al finalizar el juicio, tanto el fiscal Almirón como el juez Ugarte hicieron especial hincapié en las condiciones del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Almirón subrayó la "naturalización" con la que los empleados penitenciarios hablaron sobre el ingreso y secuestro de celulares y drogas dentro de los pabellones, llamando la atención sobre por qué no les llamaba la atención la permeabilidad de los controles internos.
"Se impone oficiar al Servicio Penitenciario para que se adopten las medidas necesarias para instruir al personal y actuar con mayor eficiencia en cuanto a la propia función que desempeñan, siendo nada menos que la custodia de las personas privadas de su libertad", apuntó, en tanto, el juez.
