El martes último se firmó de manera definitiva la impunidad tras el asesinato de Nora Raquel Dalmasso. El crimen que se produjo el 25 de noviembre de 2006 en una coqueta vivienda de Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, trazó un antes y un después en la historia judicial de Córdoba. Jamás se habló tanto de un caso policial, con múltiples hipótesis y una activa participación política a su alrededor.
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Ahora, con la impunidad ya firmada luego de que el Tribunal absolviera al viudo Marcelo Macarrón, ya es tiempo de balances y de retrospectivas. ¿Qué pasó con los principales personajes políticos y judiciales que estuvieron alrededor de este caso?
José Manuel de la Sota. "¿Qué es lo que pido?... que agarren al o los asesinos y que los metan presos hasta el fin de sus días", dijo el entonces gobernador de Córdoba a fines de 2006. Ya en enero de 2007, cuando aún faltaban unas semanas para que la Justicia detuviera al pintor Gastón Zárate y se desatara el "Perejilazo", el creador de la alianza peronista que gobierna la provincia hace más de dos décadas volvió a referirse al crimen de Dalmasso: "Me gustaría que estuviera esclarecido, me gustaría que hubiera una dinámica más rápida que nos permitiera que a el o los asesinos se les pudiera aplicar todo el peso de la ley y se los estuviera juzgando. Esto llevaría tranquilidad jurídica a la población". Luego de la fallida detención de Zárate y las protestas sociales, De la Sota se despegó de la Justicia: "La gente se sintió descreída y yo también porque de la noche a la mañana se ordenó una orden de detención". En 2007, tras las elecciones provinciales, ungió como su sucesor a Juan Schiaretti. Regresó al poder provincial el 10 de diciembre de 2011 hasta fines de 2015. El 15 de septiembre de 2018, cuando intentaba instalar una supuesta postulación a la presidencia, murió al chocar su camioneta contra un camión en la autovía Río Cuarto-Córdoba. A partir de su relación con Adriana Nazario, tenía diferentes contactos sociales en Río Cuarto. En las investigaciones judiciales nunca se detectó que hubiera tenido algún vínculo con Macarrón.
Sergio Busso. Era ministro de Seguridad cuando se produjo el crimen. El 30 de enero siguiente, junto a la cúpula policial, fue echado por el gobernador De la Sota. Todos estos cambios en la estructura de Seguridad de la Provincia estuvieron ligados al caso Dalmasso y la repercusión social que iba generando. Considerado una pieza clave de Hacemos por Córdoba, había llegado al Gobierno de la mano de De la Sota, que lo nombró en la Secretaría de la Gobernación. En marzo de 2006 había asumido en Seguridad. Su salida en medio del escándalo lejos estuvo de significar su caída política: fue electo legislador provincial en 2007 y desde fines de 2015 ocupa el cargo de ministro de Agricultura.
Alberto Bertea. "Bertea vino y me dijo: 'no aguanto más tener que estar en la boca de todo el mundo por haber estado en un asado, me voy'. Bueno váyase, le dije", contó De la Sota en aquellos álgidos días de fines de 2006. Renunció en diciembre de 2006. Ahora, declaró en el juicio que terminó en la absolución de Macarrón. “Se me involucra a mí junto con Magnasco, por una vieja deuda (en alusión a diferencias por el manejo del Frigorífico de Sur) de un delirante. Transformó una situación lamentable familiar (asesinato de Nora Dalmasso) en un estrépito institucional para la Provincia de Córdoba”, dijo en directa alusión al abogado Daniel Lacase, quien en los primeros días después del crimen ofició de "vocero" del viudo. "Esta locura de este mitómano del vocero hizo trastabillar al estado mayor de la Policía de Córdoba (…). Hizo trastabillar al Fiscal General de la Provincia de Córdoba, se produjo una conmoción”, denunció. En 2008, fue precandidato a intendente de Río Cuarto por el PJ.
Rafael Magnasco. Al momento del crimen era asesor del ministerio de Seguridad. Sobre todo, era un funcionario de confianza de Bertea. Ante rumores (infundados) en Río Cuarto que lo sindicaban como un supuesto amante de la víctima, se presentó voluntariamente en la Justicia para que le hicieran un examen de ADN. Ante esto, fue imputado. Tras el resultado negativo, quedó sobreseído, pero no regresó a la función pública.
Daniel Lacase. Su nombre sonó con fuerza durante el juicio al viudo. El fiscal de Cámara Julio Rivero indicó que en la acusación debió haber figurado. En los albores del menemismo, secundó a Julio César “Chiche” Aráoz en la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar). En la actividad privada tuvo varias vinculaciones. Amigo de Marcelo Macarrón, ofició como su vocero "informal" tras el crimen. También trabajaba para el empresario Miguel "el Francés" Rohrer sindicado por los hijos de Dalmasso como el supuesto asesino, acusación que tampoco se demostró.
Gustavo Vidal Lascano. Era fiscal General de la Provincia al momento del asesinato. En febrero de 2007, tras "el Perejilazo", renunció a su cargo y volvió a su fiscalía federal en Córdoba. En 2020 se jubiló. A fines de 2021 asumió como miembro del nuevo tribunal de Conducta Policial a propuesta del ministerio de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Alfonso Mosquera. Militante del PJ, con un efímero paso por el Partido Nuevo que fundó Luis Juez, fue legislador provincial, asesor de Concejo Deliberante Río Cuarto y procurador del Tesoro. Integró el grupo de amigos con el que Marcelo Macarrón viajo a jugar al golf a Río Cuarto cuando mataron a su pareja. En 2018 fue nombrado como secretario de Seguridad y desde fines de 2019 tiene rango de ministro de la misma área. Se especuló con que durante el juicio iba a ser citado a declarar, como testigo a favor de la coartada del viaje de Macarrón, pero finalmente el fiscal Julio Rivero y el defensor Marcelo Brito decidieron no citarlo.
Sergio Comugnaro. Era el jefe de la Departamental Río Cuarto de la Policía el día en que mataron a Nora Dalmasso. En 2007 fue ungido en la Plana Mayor de Jefatura, a cargo de Investigaciones Criminales. A fines de diciembre de 2011, apenas De la Sota asumió su tercer mandato como gobernador de Córdoba, fue nombrado como jefe de Policía. Un año después, pasó a retiro.
Rafael Sosa. Era jefe de Homicidios. Viajó de manera especial desde la ciudad de Córdoba hacia Río Cuarto para investigar el crimen. Fue uno de los policías que llevó a un tridente de fiscales la acusación contra el pintor Gastón Zárate. Luego, quedó envuelto en una denuncia porque al parecer al hotel donde se alojaba la comitiva policial en esa ciudad era pagado por el abogado Lacase. Pasó a cuarteles de invierno dentro de la Policía, hasta que asumió como jefe de Drogas Peligrosas. En 2013, fue detenido por el narcoescándalo. En 2015, recibió una pena menor por este caso, pero Casación aumentó la condena. Ahora, espera la resolución de la Corte Suprema. Acaba de ser condenado en una causa federal por tráfico de dólares falsos, junto al informante ilegal Juan "el Francés" Viarnes. Nunca más regresó a la Policía.
Javier Di Santo. Llegó a su cargo de fiscal instructor en Río Cuarto por concurso, a principios de 2005. El caso Dalmasso fue la primera gran investigación que le tocó. En un momento, tuvo dos imputados simultáneos bajo hipótesis bien diferentes: el pintor Zárate, acusado de haberla matado en un ataque sexual, y el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, en un supuesto crimen por odio. Se apartó del caso en 2015, tras una denuncia de supuesta imparcialidad presentada por el Observatorio de Derechos Humanos. Hoy continúa en el mismo cargo.
Fernando Moine. Fiscal de instrucción de Río Cuarto, intervino en la fallida detención de Zárate, junto a Di Santo y el fiscal Marcelo Hidalgo. Luego, dejó de participar en esta investigación. Hoy continúa en el mismo cargo.
Marcelo Hidalgo. Era fiscal de instrucción de la ciudad de Córdoba. En ese momento, su consideración pública figuraba en ascenso a partir de diversas investigaciones resonantes, varias de las cuales las realizó junto al policía Rafael Sosa. De manera llamativa, fue convocado a integrar un tridente de fiscales en Río Cuarto abocado de manera exclusiva al caso Dalmasso. Este tridente decidió la detención e imputación del pintor Zárate. Tras el "perejilazo", volvió a Córdoba. Años después, ascendió a fiscal de Cámara, cargo que aún ocupa. De manera sorpresiva, fue nombrado para ser uno de los dos fiscales que acusarán en el juicio por el gatillo fácil policial que mató a Blas Correas, proceso que iniciará en septiembre próximo.
Daniel Miralles. Fue ungido como fiscal a fines de 2015 y a las pocas semanas quedó a cargo del caso Dalmasso. En 2016, imputó al viudo Marcelo Macarrón por el homicidio. Elaboró una teoría que sostenía que el viudo había viajado en un vuelo clandestino desde Punta del Este a Río Cuarto, mantuvo relaciones sexuales con su mujer, la mató y luego regresó a Uruguay para ganar al otro día el torneo de golf que jugaba con amigos. No logró ninguna prueba para sostener la teoría del supuesto vuelo clandestino. En 2017, la Cámara del Crimen Nª 2 de Río Cuarto hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Macarrón y decidió su apartamiento por haber adelantado opinión. En su corto tiempo en el cargo, que aún ocupa, fue cuestionado por haber detenido a dos "perejiles" tras el crimen del cura de Vicuña Mackenna y por haber sostenido que el falso médico del COE Ignacio Martin no había tenido cómplices en el aparato oficial de la provincia ni en la Municipalidad de Río Cuarto.
Luis Pizarro. Tiene a cargo la fiscalía de Narcomenudeo de Río Cuarto, de Río Tercero y a fines de 2016 estaba, transitoriamente, también a cargo de la fiscalía de Primer Turno de Río Cuarto, entonces vacante. Ante esto, le tocó el expediente del caso Dalmasso y terminó por elaborar la teoría que ahora llegó a juicio: en 2019, firmó una llamativa elevación a juicio: sostuvo que el viudo había contratado sicarios para matarla, ya que había problemas en la pareja y conflictos económicos. En todo el expediente no dejó asentada ninguna prueba concreta. Jamás en la historia judicial argentina se condenó a alguien por haber encargado un crimen sin antes saber quién lo cometió. Ante la orfandad de pruebas, la defensa de Macarrón eligió no apelar e ir directamente a juicio. Pizarro fue señalado como allegado al exsecretario de Seguridad Alberto Bertea, con quien había trabajado en el antiguo Tribunal de Conducta Policial de Córdoba. Hoy, continúa investigando el narcomenudeo en la zona de Río Tercero.
Julio Rivero. Fue el fiscal de Cámara que durante el juicio eligió continuar con la hipótesis elaborada por Pizarro, aunque este martes, en los alegatos, terminó por contradecirla, en medio de críticas a este funcionario judicial y a los otros fiscales que tuvo el caso. Desistió de escuchar a 166 testigos, pero indicó que los procesos deberían ser orales en su totalidad y no escritos. Repasó en qué casos condenó, aunque nada tuviera que ver con lo que se estaba juzgando. Equiparó el actuar judicial en esta causa con lo que pasó a nivel social y periodístico. Fustigó al bioquímico oficial que tenía el Poder Judicial al momento del crimen, que durante años utilizó su "propio protocolo", y justo antes de afirmar que no iba a acusar y que el caso quedaba prescripto para siempre, apuntó que el Poder Judicial de Córdoba era "el mejor del país". Durante el juicio, se fue un de un grupo informal de fiscales de Whatsapp, en medio de insultos y acusando una supuesta falta de apoyo. De manera increíble, este episodio menor terminó por ser noticia y el propio Rivero terminó por responder a la prensa al respecto. Ahora, tras no acusar, no quiso haber de manera pública. Pidió que el caso, pese a estar prescrito, continúe siendo investigado para encontrar "la verdad", lo que ya generó varios cuestionamientos de especialistas en Derecho.
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