En la madrugada del 18 de diciembre de 2020, la inseguridad en la ciudad de Córdoba volvió a mostrar una de sus peores caras en el interior de una vivienda de barrio Urca.
Isaías Luna (21) y otros dos cómplices habían ingresado a robar en una vivienda de calle Julio Borda al 1200 y habían reducido a los tres miembros de la familia, momento en que llegó la Policía. Uno de los uniformados, el sargento Ariel Esteban Adavid, disparó y mató a Luna, que estaba desarmado. Sin embargo, en la mano derecha del cadáver se encontró una pistola.
En silencio y bajo un estricto hermetismo, el fiscal Juan Pablo Klinger comenzó a reconstruir toda la secuencia completa. Comprobó que el arma había sido plantada por los policías que desplegaron una logística muy aceitada: un uniformado se fue en un móvil hasta un domicilio de la zona norte para buscar un arma, mientras otros colegas removían otros patrulleros estacionados en la puerta de la casa de barrio Urca con el objetivo de que las cámaras de los vehículos no registraran cómo iban a alterar toda la escena del crimen.
Una de las víctimas del robo declararía luego haberse sentido defraudada por la Policía. Relató cómo observó al delincuente agonizando, sin ninguna arma y cómo los agentes le decían que se encerrara en una pieza. Y cómo luego vio, con pavor, que ese mismo ladrón, ya sin vida, tenía un revólver en la mano derecha.
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La investigación judicial impacta: pocas veces en Córdoba se puede leer con tanta nitidez cómo los policías alteraron una escena del crimen con el objetivo de engañar a la Justicia (y a toda la sociedad).
El fiscal Klinger sostuvo durante la investigación que un grupo de jefes policiales "se unieron a la organización del plan delictivo" para alterar la escena del crimen. "Con el objeto de que el policía Adrián Carranza no fuera filmado al retornar a la vivienda con el arma de fuego descripta (el revólver que le plantaron), el oficial inspector Jonathan Tabares le ordenó a una subordinada policial que alejara del lugar del hecho el móvil 8825, con cámaras, que filmaba hacia la vivienda", se indicó en la acusación.
Incluso, los policías demoraron la llamada a los servicios de emergencia, para que revisaran a las víctimas del robo y constataran la muerte de Luna, con la idea de poder "plantar" el arma antes de que llegaran los médicos.
El arma finalmente fue colocada en la mano derecha de Luna e incluso, cuando los peritos llegaron, constataron que tenía su dedo índice en el gatillo. Pero a los policías se les escapó un detalle: el joven era zurdo.
En total, siete policías llegaron a juicio: el sargento ayudante Ariel Esteban Adavid (el que le disparó a Luna), el suboficial principal Pedro Manuel Benka, el cabo primero Jorge Raúl Aguirre, el oficial inspector Jonathan David Tabares (quien revestía la función de Jefe de Compañía del CAP 10 y tiene otras causas pendientes por golpear a vecinos y simular falsos operativos-) el sargento Adrián Aníbal Carranza, el oficial principal Sebastián Raúl del Valle Colella (quien revestía la función de Supervisor de Compañía en el CAP 10) y el comisario Fernando José Navarro (Superior de Turno del Distrito 10).
Ayer, en la Cámara 5ª del Crimen de la ciudad de Córdoba terminó el juicio.
Dos cómplices de Luna en el robo, Martin Muñoz y Cristian Araya fueron condenados a tres años y a tres años y ocho meses de cárcel, respectivamente.
El policía Adavid recibió un año y medio de prisión condicional, ya que los jurados populares entendieron que mató con exceso en la legítima defensa.
Por encubrimiento agravado ("plantar" el arma a Luna) los policías Benka, Colella, Carranza, Tabares y Navarro entre dos años y medio y tres años de condena a prisión condicional.
En tanto, el policía Aguirre fue absuelto por el beneficio de la duda.
Al finalizar el juicio, el fiscal de Cámara Marcelo Fenoll resaltó que el policía que mató a Luna lo hizo "claramente" de manera imprudente y con exceso en la legítima defensa. Y subrayó: "Hubo un obrar posterior grave, doloso, intencional, que tuvo como objetivo engañar a la superioridad policial, a la fiscalía y a la sociedad toda haciéndonos creer que el sujeto estaba armado. Hay similitudes inquietantes con el caso Blas, lo que nos genera como sociedad la necesidad de impedir que esto vuelva a suceder".
El caso se convirtió en el cuarto "gatillo fácil" policial ocurrido durante ese año: los crímens de José "Beco" Ávila en barrio Villa El Libertador, en de Blas Correas en la avenida Vélez Sársfield y el de Joaquín Paredes, en el pueblo de Paso Viejo, en el norte provincial.
Uno de los policías condenados por el caso de Urca, el oficial Tabares, aún tiene otro juicio pendiente, por operativos que se llevaron a cabo en la zona de Granja de Funes 2 y Monja Sierra, cerca de Los Boulevares, que muestran una llamativa similitud con estos episodios. En ambos casos, ocurridos en 2015 y 2016, se lo acusa por detenciones ilegales, golpiza a los detenidos (uno de ellos recibió un disparo en un ojo y tuvo que ser operado) y, no podía ser menos, también por "plantarle" un arma.
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