Llegaban en ómnibus que tenían que hacer recorridos por separados, escoltados por policías. Como si se trataran de hinchas de fútbol identificados cada uno con sus colores, los que iban a participar el jueves a la mañana en la asamblea del gremio de la limpieza (Soelsac) en el club Quilmes de Villa Allende ya tenían su camiseta "puesta" mucho antes de comenzar la votación a mano alzada.
Era todo tan patéticamente previsible en ese sentido, que no hubiese sido necesario contabilizar cada brazo elevado: bastaba con enumerar cuántos ómnibus había fletado cada facción en pugna.
La interna por el control del Soelsac pasó un límite que jamás se debió cruzar: un crimen.
El pasado 9 de septiembre, Gabriela Pérez fue asesinada de un balazo en medio de un ataque a tiros contra el club Yapeyú, donde el actual secretario general de Soelsac, Sergio Fittipladi, ofrecía un asado con fines electorales.
La familia de la joven muerta denunciaría luego que Gabriela había ido a ese almuerzo obligada, porque de lo contrario iba a perder su trabajo en una empresa terciarizada por la Municipalidad de Córdoba. La Justicia de Córdoba nunca avanzó hasta hoy en esa crítica que se hizo pública.
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Lo concreto es que el crimen de Gabriela no finalizó la disputa electoral ni puso paños fríos en la escalada de virulencia que se estaba observando en medio de todo el proceso.
Fittipaldi, el hombre todo poderoso de Soelsac, que incluso ingresó como legislador en la lista que ungió a Martín Llaryora como el próximo gobernador de Córdoba, vio cómo en los últimos tiempos le surgió un rival más poderoso, con el que antes había conformado una alianza estratégica: Franco Saillén, del gremio de la basura.
Saillén no es afiliado al Soelsac. Y nunca hasta hoy dijo quiénes van a ser sus candidatos en las elecciones pautadas para el próximo 20 de diciembre. Incluso, su lista, Más Soelsac, en los papeles aún no existe. Pero durante meses, junto a su gente comenzó un trabajo de hormiga al interior del gremio de la limpieza que generó un nivel de adhesión que ayer quedó en evidencia.
"Olé, olé, olé, Franco, Franco", lo vivaban ayer a las 16, cuando el escándalo de la asamblea de Soelsac llegaba a su fin. Nada de lo que había sucedido durante las ocho horas anteriores estuvo bien.
-Los afiliados llegaron a votar en ómnibus fletados por el oficialismo y por la oposición. Nadie preguntó cómo hicieron para costear los casi 80 colectivos que en total coparon el predio del club Quilmes.
-Como si fuera un clásico futbolero, cada facción llegó por una ruta diferente, custodiados por la Policía. No hubo lugar para los independientes.
-Las más de 4.000 personas que llegaron superaron la capacidad del predio cerrado en el que se iba a desarrollar la asamblea. La Municipalidad de Villa Allende lo tiene habilitado para un máximo de 3.500 personas. El acto se realizó igual.
-Para ingresar, cada afiliado debía presentar el DNI y el último recibo. Pero tenían que sortear un escollo clave: figurar en el padrón que controlaban seis empleadas de Soelsac.
-Este trámite se volvió eterno: las filas comenzaron a las 8 y a las 15, el último plazo que se fijó para iniciar la asamblea (pautada en un principio para las 10) había gente que aún no había podido llegar al filtro del padrón. No los dejaron participar.
-De manera llamativa, había personas en cuyos recibos figuran descuentos al sindicato, pero que no figuraban en el padrón. ¿Se trata de un error del padrón o que sus patrones les simulaban los aportes que en realidad no les efectuaban?
-A viva voz, las afiliadas comenzaron a reclamar por aguar y comida. Pasaron más de seis horas a la intemperie, bajo el sol, sin ningún tipo de asistencia.
-Esto provocó que al menos cinco personas se desmayaran. Además, una joven sufrió un ataque de epilepsia. Y una mujer, que había tenido que ir con su hijo que tiene un espectro autista, tuvo que salir de emergencia porque el joven sufrió una crisis. "No tenía con quién dejarlo", dijo al pasar la mujer cuando los policías la asistían. ¿Había ido por vocación o por obligación?
-La Policía ejecutó un despliegue nunca antes visto en Córdoba para una asamblea gremial. Un inmenso operativo policial que incluyó a 320 efectivos en total, con cortes de calles, controles en rutas y cacheos en los ingresos al club Quilmes. Incluyó un helicóptero y hasta se había diagramado una ruta de escape, a través de un barrio cerrado vecino, en caso de un atentado contra Sergio Fittipaldi.
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Desde la fuerza de seguridad se justificó la envergadura del operativo ante el crimen reciente que habría sido consecuencia de la interna gremial y que aún no tiene detenidos. Y se subrayó que hubo un pedido de dos fiscales (Silvana Fernández y Patricia García Ramírez) para que aseguraran la prevención en la asamblea. Las solicitudes judiciales ya se habían girado ante los dos fallidos llamados a asamblea que se habían realizado en las últimas semanas.
En la asamblea no se elegía secretario general, sino quiénes iban a ser los tres afiliados que se iban a encargar de conformar la Junta Electoral para el proceso de elecciones generales que se deberían realizar el próximo 20 de diciembre. Resumido: se tenía que definir a los "árbitros", que se encargan de fijar el padrón, el método de elección (por lo general con urnas y sobres en diferentes puntos de trabajo) y, sobre todo, avalar las listas que se presenten.
¿Semejante tensión para definir algo que debería ser sólo burocrático? Nadie lo dijo en voz alta, pero la sensación que se evidenciaba es que quien se quedara con los "árbitros" era el que va a tener serias chances de ganar.
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Franco Saillén fue, a todo esto, un enorme fantasma. Él no es empleado de limpieza ni afiliado. Su lista no tiene ningún candidato con nombre propio ("si lo decimos ahora, seguro que los echan de las empresas para que no puedan participar", justificaron en su entorno) y sus abogados no tenían injerencia formal en todo el acto de ayer. Pero todos lo nombraban y lo coreaban.
De manera llamativa, a Fittipaldi (que ingresó por una puerta trasera y evitó todo contacto con la prensa) varias veces le gritaron "asesino".
Cuando la asamblea comenzó, un afiliado cercano al oficialismo, Vicente Martín, propuso tres nombres (Natalia Moreno, Soledad Vaca y Rodrigo Ávila) para que conformaran la Junta Electoral. Tras ella, otra afiliada, María Elena Ludueña, vinculada a la opositora Más Soelsac, pidió que sean otros tres los que la conformaran (Hugo Ávalos, Jonathan Gómez y Carolina Álvarez). Nadie más pidió nada. Y se pasó a votar a mano alzada.
A simple vista no hubo dudas: los que respondían al invisible Saillén eran bastantes más dentro de ese recinto. Fittipaldi, desde el escenario, indicó que no quedaba claro quién había ganado. Otra vez, hubo que levantar las manos. El resultado fue igual. También, la idea de desconocerlo. Por lo cual, desde la dirección del sindicato se solicitó que, "al no haber un claro ganador, era necesario realizar el conteo de votos individual".
Sucedió lo lógico: fue imposible hacerlo y se decretó un cuarto intermedio. O sea, se suspendió la asamblea sin resultado alguno.
Pero a la noche, los seis veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación elevaron su informe al jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación en Córdoba, Ignacio Baselica. Y fueron claros: "En nuestra apreciación personal coincidimos que en ambas votaciones ganó la moción de la afiliada María Elena Ludueña por mayoría".
El dato es clave: con este informe, el Ministerio de Trabajo de la Nación deberá resolver si ya se da por ganada a la junta electoral que responde a los opositores, si declara todo nulo (en el informe de los veedores hay escasas referencias a las notorias falencias que se advirtieron durante todo el proceso) y llama a una nueva asamblea, o si busca sentar a las partes para que se sienten a negociar.
Informe de Francisco Centeno y Juan Federico.
