"El menor de 15 años está, aparentemente, bajo los efectos de alguna sustancia". El reloj se aproximaba a las 19.30 del viernes último y la frecuencia policial de la zona este de la ciudad de Córdoba traía una de esas novedades que nadie buscaría escuchar.
En un domicilio de calle Villafañe, entre los barrios Müller y Maldonado, en la periferia social de la Capital cordobesa, los policías estaban intentando reconstruir cómo un niño de sólo 12 años acababa de ser baleado en el estómago. A esa hora, los principales sospechosos eran un adolescente de 15 años y su hermanastra de 21.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Todos los involucrados, vecinos de ese sector de la ciudad. Una zona considerada crítica en materia de inseguridad, narcotráfico, armas y, también, en lo que respecta a la fragilidad económica.
Mientras los policías buscaban sin éxito el arma con la que acababan de atacar al niño, iban retransmitiendo las novedades por los canales internos de la fuerza. En ese momento, todo era incertidumbre. Horas después, desde el Hospital de Niños confirmarían que el pequeño había sido intervenido de urgencia y que quedaba internado en estado delicado.
A todo esto, los agentes continuaban describiendo lo que podían recopilar en una escena donde imperaba el código no escrito del miedo: ahora nadie sabía que había sucedido.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
En esos resúmenes, dos datos llamaron la atención. Por un lado, los policías hablaron de un "qth conocido". ¿Qué significa esto en la jerga azul? Que no era la primera vez que los uniformados debían aproximarse a esa cuadra de la ciudad.
Sucede que, dentro de los informes internos de la Policía, el lugar donde el chico fue baleado hace tiempo que está marcado como una de las zonas en la que suelen ser emboscados los conductores de aplicaciones de viajes. Falsos clientes que piden viajes con la sola idea de asaltar a los choferes.
Como los taxistas ya están precavidos de que hay algunos lugares de la ciudad en los que ya prácticamente no pueden ingresar sin ser robados, estos delincuentes ahora están ensañados con los conductores de Uber y de otras aplicaciones de viajes, quienes por lo general son más inexpertos al momento de conocer qué sectores son peligrosos y cuáles no.
Al mismo tiempo, hace años que entre los barrios Müller y Maldonado, como en toda la franja aledaña al cementerio San Vicente, pululan los negocios clandestinos asociados al narcomenudeo y las armas.
Fue en todo este contexto que el viernes después de las 19 se conoció que un chico de 12 años acababa de ser baleado.
La Policía llegó pronto para detener al adolescente de 15 años y a su hermanastra de 21. Otra vecina relataría, entonces, que un grupo había llegado armado hasta el lugar para resolver "diferencias", sin especificar el real problema.
Pero nadie más habló.
En las últimas horas, los dos sospechosos fueron liberados. No significa que hayan quedado fuera del radar de la investigación, sino que a la fiscal Florencia Espósito aún le falta que los investigadores le acerquen más pruebas para sostener alguna hipótesis firme.
El segundo dato que llegó desde la frecuencia policial, el mismo viernes, no sólo hacía referencia al presunto estado de "intoxicación" que presentaba el adolescente de 15 años, sino a que también se trataba de un conocido del sistema penal, pese a su corta edad.
De acuerdo a los registros oficiales, en lo que va de este año ya fue detenido en ocho ocasiones más. El 1° de marzo, por tenencia ilegal de arma de fuego. El 17 de mayo, por incumplir una orden judicial. El 11 de junio, el 2 de agosto y el 5 de septiembre, por violentos robos. Además de otras tres contravenciones.
En todos los casos, se repitió el fracaso circular del sistema: policías que lo detienen, lo trasladan a una unidad judicial, se da aviso al área de Minoridad, intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), declaración de un juez o jueza Penal Juvenil de que es "inimputable" (menor de 16 años), pedido de "revinculación familiar", veloces informes sobre su situación familiar y de nuevo a la calle.
La semana pasada, el caso de un adolescente de 15 años de barrio Marqués Anexo, objeto de 18 intervenciones judiciales sólo durante 2024, obligó a la titular del Ministerio de Desarrollo Humano, Liliana Montero, a admitir que hoy el sistema no cuenta con las herramientas necesarias para contemplar esta clase de situaciones.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Ante esto, argumentó que se va a presentar un proyecto de ley provincial para incorporar también a los menores de 16 años en algunos regímenes de privación de la libertad, aunque hasta ahora no se conocen más detalles de esta situación.
Fue a raíz de esta situación que una jueza Penal Juvenil, Daniela Bianciotti, solicitó que se investigara penalmente a los funcionarios de la Senaf ante lo que consideró una actuación deficiente en este caso.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
En Río Cuarto, otro adolescente de 14 años, detenido más de 35 veces a lo largo de los últimos años, es otro caso grotesco que interpela a todo este sistema.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
