César Darío Moreno, el hombre de 50 años que murió tras sufrir una aparente tortura en la cárcel de Bouwer en septiembre pasado, caso por el que ahora hay nueve funcionarios del Servicio Penitenciario detenidos, había sido capturado sólo 48 horas antes de su muerte.
Según los registros oficiales, el pasado 14 de septiembre, Moreno protagonizó un incidente dentro de una panadería ubicada frente al Paseo del Buen Pastor, en Nueva Córdoba. Visiblemente alterado, discutió por un lugar en la fila y generó disturbios en el local, hasta que se peleó con dos empleados.
En un video filmado por transeúntes, que fue subido a las redes sociales, se observa cómo Moreno sale corriendo del local y dos empleados lo persiguen unos pocos metros, mientras se amenazan con continuar una pelea.
Finalmente, apareció un policía que logró detenerlo.
Fue trasladado, como se hace de manera usual en estos casos, al Establecimiento Penitenciario 9 (ex-UCA), ubicado detrás del Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Pero antes, cuando se estaba entregando el operativo en Tribunales 2, tomó una lapicera y pese a que tenía las manos esposadas, atacó al policía que lo custodiaba.
Ante esta secuencia, se lo imputó de manera provisoria por los presuntos delitos de lesiones leves, lesiones leves calificadas (por el ataque al policía) y daño.
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Tras ello, fue ingresado en la ex-UCA. ¿Por qué el Servicio Penitenciario no advirtió en ese momento que en realidad Moreno estaba bajo una crisis de salud mental, presumiblemente un brote psicótico?
Su familia advirtió ahora que Moreno padecía de un trastorno bipolar con episodios de esquizofrenia, que había estado internado y medicado. Si bien en ese primer momento no se tenía esta información en la Justicia ni en la cárcel, llama la atención que nadie en el Servicio Penitenciario le haya avisado a la fiscalía que en realidad no estaban ante un delincuente, sino que se trataba de una persona alterada por otros motivos.
"El día del hecho estaba sin medicación y entró a la panadería diciendo que lo perseguía La Cámpora", contó ahora su familia.
De acuerdo a los registros oficiales, adentro de la ex-UCA Moreno otra vez hizo crisis. Ante esto, fue conducido al Centro Psicoasistencial (CPA) que funciona detrás del Hospital Misericordia, junto al Establecimiento Penitenciario 9.
Se trata de un centro de asistencia psiquiátrico y psicológico destinado a los pacientes judicializados de Córdoba, que depende del Ministerio de Salud. O sea, está destinado para aquellos detenidos que presentan alteraciones en la salud mental. Por lo general, las internaciones son breves, de no más de 15 días, y siempre son ordenadas por la Justicia.
Pero no fue internado. La médica que lo revisó, pese a que el propio Moreno le dijo que era paciente psiquiátrico, dijo que no lo advertía descontrolado, por lo que sugirió un tratamiento ambulatorio, tanto en su casa o en una cárcel, si es que seguía detenido.
Así, el 16 de septiembre, mientras se esperaba la planilla prontuarial (Moreno no tenía antecedentes) finalmente se lo trasladó a la cárcel de Bouwer, ya que se suponía que allí había un mejor servicio médico en comparación a la ex-UCA.
Por lo general, los recién detenidos quedan alojados en la ex-UCA durante 15 días (o más) hasta que se resuelve si quedan con prisión preventiva o si son excarcelados. En caso de que sea lo primero, recién allí son trasladados a Bouwer.
Según la investigación que lleva adelante el fiscal José Mana, apenas ingresó en ese penal, Moreno habría intentado agredir a un guardiacárcel, momento en que fue reducido y sometido a una brutal golpiza por parte de otros penitenciarios. Luego, habría sido atado de pies y manos a una camilla, donde permaneció durante 48 horas hasta que murió.
El informe de la autopsia indica que había sufrido toda clase de golpes que desencadenaron una trombosis que le costó la vida.
Por ahora, hay nueve imputados en un caso que el fiscal Mana enmarcó como de "violencia institucional": el jefe del Módulo MD1 -hasta este miércoles estaba en funciones-, dos médicos y seis guardiacárceles.
Un escándalo de torturas que, al mismo tiempo, otra vez deja al desnudo a un sistema que no sabe qué hacer con los pacientes de salud mental involucrados en episodios violentos.
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