A Diego Vieyra Ferreyra la libertad le duró 876 días. O sea, poco menos de dos años y cinco meses. A fines de 2021, en un fallo que generó una gran polémica en el interior de los Tribunales Federales de Córdoba, el entonces juez Ricardo Bustos Fierro (hoy jubilado) dejó la megainvestigación conocida como la "usina de las facturas truchas" a punto de desmoronarse.
Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leían en los 92 hechos delictivos fijados en la acusación que a mediados de 2020 llevaron adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian.
En su momento, fue presentada como una megaevasión sin antecedentes en la Justicia federal de Córdoba: se analizaba la presunta creación de usinas de facturas para simular operaciones tendientes a incrementar el crédito fiscal de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
¿Cuál era el objetivo de la maniobra? Haciendo uso de ese crédito, se consigue desgravar impuestos y se perjudica al fisco con una evasión.
La causa es una de las más complejas que se hayan investigado en los Tribunales federales de Córdoba en los últimos tiempos: se hallaron casi 20 mil facturas consideradas “apócrifas” por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
¿Por qué apócrifas? Porque eran generadas a nombre de personas de bajo recursos y en las que presuntamente se simulaban contratos por altos valores que eran pagados de manera ficticia por las firmas bajo sospecha, siempre según la investigación.
En total, había 639 empresas de todo el país en la mira, aunque fueron 47 los acusados que quedaron bajo la investigación penal. Entre ellos, figuran varios empresarios y los entonces intendentes Cayetano Canto, de Saldán, y Daniel Salibi, de Mendiolaza.
En aquel fallo de fines de 2021, Bustos Fierro desinfló gran parte de la acusación. Como la mayoría de los empresarios se había acogido a una moratoria con Afip, el magistrado consideró que se debía ordenar la suspensión de la acción penal en su contra.
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La nueva legislación tributaria (la ley 27.541) permite la extinción de la persecución penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La norma ha generado controversia en todo el país. Fiscales y jueces consideran que todo el trabajo judicial queda en la nada cuando los acusados deciden pagar a la Afip los montos evadidos. "El mensaje es que a los contadores les conviene especular: si evaden y no los descubren, no pasa nada; y si los descubren, pagan y listo", concluyó en aquel momento un investigador judicial especializado en la persecución de los delitos económicos.
Además, el juez apuntó que los empresarios no habían lavado dinero (una de las figuras más gravosas de la acusación) y que al figurar como "clientes" de esta maniobra no se los podía considerar integrantes de una asociación ilícita.
Ante esto, de los 47 imputados, sólo siete quedaron procesados. Se trata del núcleo duro de la causa, o sea, de quienes lideraban la presunta "usina", según se sospecha: Diego Alberto Vieyra Ferreyra y su hermana Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, y otros cinco imputados más.
En ese mismo fallo, Vieyra Ferreyra fue excarcelado, ya que su abogado presentó un recurso indicando que tenía una hija pequeña que cuidar.
El fiscal Senestrari y la Afip fueron apelando todo. La caída de la mayor parte de las acusaciones y la excarcelación de Vieyra Ferreyra. Sobre este último punto, la Cámara ratificó el criterio de Bustos Fierro, por lo que otra vez apelaron y el expediente "viajó" a Comodoro Py.
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Senestrari subrayó la gravedad del delito que le imputaba, además de señalar "el desinterés por cuidar su imagen dentro del ámbito social en el que convive". "El mecanismo que habría desplegado para delinquir estaba destinado a mantener su impunidad frente a los organismos de control, mediante maniobras de carácter informáticas y a través del uso de internet, de modo tal que nada impide que continúe cometiendo los mismos delitos en presencia de su hija menor de edad desde su domicilio".
En un fallo que se conoció el viernes pasado, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, se ordenó revocar la excarcelación de Diego Vieyra Ferreyra, que ya fue enviado de nuevo a la cárcel.
Mientras que Carbajo hizo hincapié en que en estos meses la acusación contra Vieyra Ferreyra fue ampliada, por lo que propuso enviar todo de nuevo al Tribunal de origen para que medite otra resolución, Borinsky y Hornos hicieron lugar de manera directa al recurso de la fiscalía y revocaron la excarcelación.
