El escándalo por el Zoe azul, la fenomenal estafa piramidal que se habría producido dentro de las propias bases de la Policía de Córdoba no deja de escalar.
Tras los últimos allanamientos que el fiscal José Mana ordenó el viernes pasado, y que tuvieron epicentro en la propia Jefatura de Policía, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera se refirió por primera vez a este tema y ensayó una defensa que no cayó para nada bien al interior de la Policía.
“En vedad que es una verdadera asociación ilícita integrada por contadores, abogados y algunos facilitadores infiltrados en la fuerza. Lo que hay mayoritariamente son víctimas policías. Se han servido de esto porque el policía termina siendo una presa fácil”, dijo en Río Cuarto, donde estuvo el viernes presentando la incorporación de nuevos móviles.
"¿Qué quiso decir con que los policías son presa fácil? Esto significa que están desprotegidos, por lo que hay que preguntare por qué lo están", apuntó un informante de Jefatura y amplió: "¿Qué nos está pasando institucionalmente para que esta estafa se haya desarrollado en nuestras narices durante tanto tiempo y nadie haya reaccionado?".
A nivel social, los dichos del ministro generaron otra intranquilidad: cuál es la capacitación que tienen los policías, quienes deberían ser los primeros en advertir esta clase de estafas.
El dato de que cuando la fiscalía haya allanado Jefatura tanto el ministro como la jefa de Policía, Liliana Zárate, hayan estado en Río Cuarto no pasó inadvertido para nadie. "No queda bien que el vecino te toque el timbre para avisarte de que en tu casa tenés un problema con tus hijos", graficó una fuente que hace años conoce bien de cerca tanto los pasillos policiales como los judiciales.
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En la causa se investiga una defraudación millonaria en forma de pirámide: un grupo de personas que le ofrecían a los policías jugosos intereses mensuales si "invertían" con ellos. O sea, los policías debían dejar una suma importante de pesos o dólares y comenzaban a percibir intereses. Y, al mismo tiempo, comenzaban a llamar a otros policías o familiares, por lo que la masa de "inversores" comenzó a aumentar de manera significativa.
En los dos primeros meses los organizadores cumplían y pagaban los intereses prometidos. Los "inversores" se emocionaban y buscaban aportar más dinero o atraer a más personas. Pero luego, los pagos comenzaban a postergarse de manera cíclica, siempre de acuerdo a lo que se investiga. Una suerte de "Zoe azul", según el paralelismo que trazó un investigador en obvia referencia al enorme desfalco articulado en torno a la firma Zoe.
Hasta ahora, hay cerca de 100 denunciantes, en su gran mayoría policías en actividad. Se estima que esta actividad nació al menos en 2019 y que el monto del dinero reclamado superaría el millón de dólares, según confirmó en su momento a Cadena 3 la secretaria del fiscal, María José López.
"Hay policías que vendieron sus vehículos o otros objetos de valor, hasta una casa, para poner su dinero ahí", acotó una fuente judicial.
En ese sentido, el informante fue directo: "No van a recuperar más la plata; la guita desapareció".
El aviso apunta a que las víctimas de esta maniobra se acerquen a denunciar, para que la Justicia pueda estimar de manera más completa el volumen real de esta historia, que ascendería al menos al millón de dólares.
En este punto, llama la atención que desde la Policía, a nivel institucional, aún no se articuló ningún método para llevar a los nuevos denunciantes a la Justicia y apoyarlos en este proceso.
En cuanto a los 12 acusados, a través de diversas fuentes Cadena 3 ha logrado reconstruir algunos roles, siempre según se sospecha hasta ahora.
La abogada María Eugenia Zulberti, una de las primeras en ser detenidas, aparece con un rol central en la acusación. La mujer, expolicía y con aceitados vínculos aún dentro de la institución, intentó viajar a Europa a fines del año pasado, idea que la Justicia logró frustrar a último momento.
En España viven sus dos hijos, a los que envió meses atrás. Estos viajes ahora están siendo investigados, en lo que se empieza a denominar como "la conexión Europa" en esta causa. "Se está analizando el movimiento financiero de esta abogada", confió una fuente.
Zulberti es socia fundadora de la Fundación Mayeutica, cuya sede ubicada en Arturo M. Bas al 100 también fue allanada el viernes pasado.
A través de la "pista Zulberti", la investigación llegó a la familia Juncos, conformadas por generaciones de sangre azul.
Se trata del actual comisario y jefe de Logística de Transporte de Investigaciones, Héctor Juncos, un hermano también policía, el oficial Luciano Juncos, y el padre de ellos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos. Estos dos últimos, de acuerdo a lo investigado hasta ahora, habrían oficiado como custodios de la abogada Zulberti.
Entre los detenidos hay otros tres hermanos también de sangre policial: Mariano Buceta, Guadalupe Buceta y Leticia Buceta. Son hijos de Mirta Graciela "la Cuca" Antón y Raúl Buceta, vinculados al temible grupo parapolicial del D2 que perpetró delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El hermano de "la Cuca", Herminio "Perro" Antón, también fue policía y terminó condenado por formar parte del D2.
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Leticia se desempeñaba en el Departamento Transporte (hasta ahora uno de los puntos claves de la investigación); Mariano trabaja en la división Recarga de Cartuchos para Armas; mientras que Guadalupe estuvo trabajando en la división Tecnología y Telecomunicación de la Jefatura de Policía, aunque ya hacía un tiempo que se había tomado una licencia sin goce de sueldo.
En tanto, el viernes fueron detenidos el subcomisario Federico Barrionuevo, a cargo de la comisaría 9ª de la Castro Barros, en medio de un allanamiento que arrojó el secuestro de una máquina de contar billetes y cuatro celulares, entre otros elementos, y el sargento Lucas Torres, también de Transporte, que fue allanado en su vivienda de la localidad de Toledo, donde vive con su mujer, quien sería empleada de la Municipalidad de Córdoba.
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En la investigación hay referencias al muy buen pasar económico de Barrionuevo, Torres y Leticia Buceta, cuyo patrimonio y cuentas bancarias también se analizan por estas horas.
El resto de los 12 detenidos son: el licenciado en matemáticas Aldo Daniel Moreno, apuntado como el supuesto “contador” de la organización (hasta ahora el único de los imputados que no pasó por la Policía), el sargento Jorge Luis Díaz (trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
Además de los domicilios particulares, entre el pasado 8 de este mes y el viernes, el fiscal ya ordenó allanamientos en diversas enclaves policiales, lo que desnuda la raíz de esta maniobra: la propia fuerza.
Jefatura (Comunicaciones y Repracor), Transporte, Explosivos, Cabildo y la comisaría 9ª figuran entre las dependencias oficiales en las que ya hubo allanamientos tras la pista del Zoe azul.
