Zoe azul: los hijos de la "Cuca" Antón, entre los detenidos

Juan Federico

Mirta Graciela Antón es "la Cuca". Apócope de un sobrenombre de insecto. "La Cuca", a secas, dice demasiado: en 2016 fue condenada a prisión perpetua por 16 hechos de privación ilegítima de la libertad; 21 hechos de imposición de tormentos; un hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía; 11 hechos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes; seis hechos de abuso deshonesto; cinco hechos de desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima.

"La Cuca": en la única mujer en Latinoamérica condenada a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

En la década de 1970, cuando aún era muy joven, ingresó como cabo en la Policía de Córdoba. Siguió el designio familiar, de padre y abuelo azules. Terminó en pareja con Raúl Buceta, conocido como "Sérpico" o "el Barba". Bucetoa no fue condenado a perpetua porque murió antes del juicio en circunstancias que aún generan intrigas.

"La Cuca" y "Sérpico" fueron policías, pareja y criminales: integraron el temible grupo de tareas conocido como "D2", vinculado de manera estrecha al horror de la última dictadura militar. Se trató del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de Córdoba, que funcionaba en el Pasaje Cuzco -actualmente Pasaje Santa Catalina-, a un paso del Cabildo. Allí, se produjeron toda clase de tormentos y delitos en contra de presos políticos.

"La Cuca" y "Sérpico" tuvieron tres hijos, Mariano Buceta, Guadalupe Buceta y Leticia Buceta, que continuaron la herencia policial. Hace años que trabajan dentro de la fuerza. Y desde este martes, los tres permanecen presos, acusados de integrar la supuesta organización que habría cometido un desfalco millonario en forma de esta piramidal.

Los hermanos Buceta, hijos de "la Cuca" y de "Sérpico" fueron detenidos junto a otras siete  personas: la abogada y expolicía María Eugenia Zulberti, un contador de apellido Moreno, el actual comisario y jefe de Logística de Transporte de Investigaciones, Héctor Juncos, el padre de este (un comisario mayor retirado) y otros tres policías en actividad cuya identidad aún no trascendió.

El martes temprano, el fiscal José Mana ordenó allanar diferentes bases policiales: Transporte, Armamento y Cabildo, entre otras.

Se investiga una defraudación millonaria en forma de pirámide: un grupo de personas que le ofrecían a los policías jugosos intereses mensuales si "invertían" con ellos. O sea, los policías debían dejar una suma importante de pesos o dólares y comenzaban a percibir intereses. Y, al mismo tiempo, comenzaban a llamar a otros policías o familiares, por lo que la masa de "inversores" comenzó a aumentar de manera significativa.

En los dos primeros meses los organizadores cumplían y pagaban los intereses prometidos. Los "inversores" se emocionaban y buscaban aportar más dinero o atraer a más personas. Pero luego, los pagos comenzaban a postergarse de manera cíclica, siempre de acuerdo a lo que se investiga. Una suerte de "Zoe azul", según el paralelismo que trazó un investigador en obvia referencia al enorme desfalco articulado en torno a la firma Zoe.

Hasta ahora, hay 30 denunciantes, en su gran mayoría policías en actividad. Se estima que esta actividad nació al menos en 2019 y que el monto del dinero reclamado superaría de manera holgada los 30 millones de pesos, según confirmó a Cadena 3 la secretaria del fiscal, María José López.

"Hay policías que vendieron sus vehículos o otros objetos de valor para poner su dinero ahí", acotó una fuente judicial.

En ese sentido, se destacó que si bien la mesa tenía la particularidad de estar integrada por policías, entre la mayoría de los organizadores y, sobre todo, entre los aportantes, no se trató de una actividad amparada institucionalmente.

No obstante, llamó mucho la atención que los allanamientos se hayan producido, en su mayor parte, en dependencias policiales: Transporte, Armamento y la guardia del Cabildo. Es que allí trabajan actualmente los ahora detenidos. En esos procedimientos participó la secretaria de la fiscalía, María José Mana.

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