Bondis: prohibido encontrar al culpable

Kafkiana es poco. La resolución del Ministerio de Transporte de la Nación por el que se cuadruplicaron los subsidios a los colectivos de la provincias es una exhibición de la maraña burocrática incomprensible que impide a estas alturas saber cuál es la lógica que guía todo el sistema.

Aclaración innecesaria: esto no es culpa de las autoridades actuales, ni es exclusiva de esa jurisdicción. Sólo es una muestra de lo que ha quedado del Estado luego tantas décadas de “vamos viendo y le vamos dando”, de acumulación de capas geológicas de parches.

De entrada, la resolución cita 25 leyes, decretos de necesidad y urgencia y decreto simples para fundarse. También se citan cuatro DNU que se fundan cada uno en el anterior para justificar medidas de emergencia.

La cantidad de reparticiones a las que se le corre vista o se les ordenan cosas son al menos una docena. Ya no quedan combinaciones posibles de las palabras “transporte”, “pasajeros” y “automotor” para crear nuevas reparticiones.

Y la remisión a las distintas vías por las cuales se reparten los subsidios -que fueron inventadas por los sucesivos gobiernos- es inabarcable. Están desde el viejo Sistau que surgió tras la emergencia del 2001, hasta fondos compensatorios, fondos fiduciarios, fideicomsos, la tarjeta Sube. Hay hasta subsidios para compensar otros subsidios. Por ejemplo: un fondo compensador para compensar a los distritos que no reciben la Sube. De hecho, hay una Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios. Deben marear ya.

A esta altura es difícil pensar que alguien tenga la memoria histórica de la maraña que dejaron dos décadas de parches a las apuradas o que pueda hacer una justificación racional del sistema.

O que pueda responder a una pregunta muy sencilla: cuánto dinero por habitante y por provincia destina la Nación a subsidiar el transporte público por todo concepto, incluyendo colectivos de toda distancia y trenes de pasajeros. Eso, que mostraría la exhuberancia irracional y la tremenda inequidad a favor del Gran Buenos Aires, no se puede saber.

Y tal vez sería lo más simple. Podría dar lugar a que la Nación deje de agrandar la máquina de confundir, reparta el dinero de los subsidios equitativamente entre las provincias y que después cada electorado raje o reelija a los gobernadores e intendentes según sus resultados.

Hoy, el sistema es imposible de comprender. Y el objetivo se ha logrado: es imposible encontrar a los culpables de este país sin transporte en el que vivimos desde hace tantos años que ya nos parece normal.