Guzmán socializa costos y condiciona al que venga

Con sus modales de abanderado, el ministro Martín Guzmán se prepara para pintarle los dedos a buena parte de la casta política argentina. Acaba de mandar al Congreso un proyecto de ley para que el Estado no pueda contraer préstamos en divisas y bajo ley y tribunales extranjeros sin aprobación del Congreso. Y también exige que todo acuerdo con el FMI sea aprobado por el Congreso. Son muchas las cosas que surgen de ahí.

Una, es la redundancia. Es la propia Constitución la que dice que la toma de empréstitos es una atribución del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que en las últimas décadas el Congreso ha cedido esas atribuciones al Ejecutivo.

De hecho, este año Guzmán negoció sin preguntarle a nadie la deuda externa con los bonistas. Para eso sirvió la ley de emergencia con la que el Congreso le cedió esos superpoderes a Alberto Fernández apenas asumió la presidencia. Y después Guzmán se hizo sancionar una ley específica para que el Congreso le diera inmunidad y asegurarse de que nadie lo lleve a juicio por ceder la jurisdicción soberana argentina en temas de deuda. Después de cerrado el acuerdo, y viendo que gozaba de consenso, el gobierno decidió cubrirse por las dudas y mandó el acuerdo con los bonistas sabiendo que el Congreso lo transformaría en ley. No hubiera hecho falta. Los gobiernos que vengan lo van a tener que hacer aprobar sí o sí.

Otro punto. Guzmán invoca una buena razón para todo esto: hacer que la política de deuda sea una política de Estado, sustentable, de largo plazo y compartida con la oposición. Pero es un poco hipócrita: lo hace luego de negociar con los bonistas un acuerdo muy conveniente para Fernández, que casi lo liberó de vencimientos en lo que resta de su mandato y patea todo para los próximos gobiernos. Todo lo contrario de una política de Estado.

Por último: bajo la loable idea de que el acuerdo con el Fondo sea refrendado por toda la política argentina representada en el Congreso hay una jugada obvia: obligar a los legisladores a tragar el sapo del el ajuste fiscal y previsional y las posibles reformas que estén determinadas por el acuerdo con el FMI. Van a tener que aprobarlo y dejar los deditos marcados. Y esto no está tanto dirigido a los opositores -que pueden rechazar el acuerdo- sino sobre todo a las distintas facciones del Frente de Todos: diputados y senadores camporistas, piqueteros, que responden a gobernadores, a barones del conurbano o que son soldados de Cristina.