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Adrián Simioni
Crisis sanitaria
Por pobre y desorganizada, Argentina no tiene alternativa a la cuarentena. Sobrevirla es la cuestión.
FOTO: patas
Sin recursos sanitarios para aguantar un golpe sin amortiguadores del Covid-19, los políticos argentinos con responsabilidad de gobierno decidieron ir rápido y a fondo con el cierre del país.
No tenemos ni la capacidad de testeo de países como Corea del Sur o de Chile (que por eso pueden hacer una cuarentena focalizada) ni la cantidad de camas, respiradores, médicos y enfermeros que harían falta para atender a todos de golpe (y que ni siquiera potencias europeas o Estados Unidos tienen).
Así que la única opción fue inducir el coma a la sociedad en general. Todos internados en nuestras casas aprovechando que aún estamos sanos al menos en apariencia.
Es lógica pura. Lo explicó razonablemente el presidente Alberto Fernández desde el momento en que se tomó conciencia de la gravedad de la peste. Ayer lo reiteró: “El contagio va a existir y no hay que intranquilizarse porque el número suba. Lo único que tenemos que cuidar es que el ritmo sea lento. Así tendremos capacidad para atenderlo. Italia y España no tuvieron este cuidado, cuando declararon la cuarentena ya era tarde”. Clarito.
Hay un problema, que desde el presidente hasta el último intendente saben mejor que nadie. Una cosa es inducirle el coma a una sociedad rozagante con una economía floreciente. Y otra cosa es hacerlo sobre un cuerpo social empobrecido desde hace 8 años e inflacionado desde hace 12.
Hacer esto último no sólo es un enorme desafío económico. Es un desafío institucional, administrativo y demográfico. Y acá surge el riesgo de que los remedios empeoren la enfermedad.
Alberto Fernández encontró en la desgracia la oportunidad de afirmar su liderazgo y mostrar gestos de autoridad. Pero no todas las medidas que vino tomando su gobierno son coherentes. El caso más claro es el de los argentinos varados en el exterior.
Comenzó con una prohibición intempestiva y prematura de aterrizaje, algo que muy pocos países hicieron tan temprano. Eso multiplicó la cantidad de argentinos afuera. Después siguió con una campaña chauvinista según la cual Aerolíneas Argentinas iba a repatriarlos.
Una semana les llevó darse cuenta de que no iba a ser posible. Entonces exigieron los vuelos que antes les habían prohibido a otras aerolíneas. Ya era tarde. Para entonces el flujo internacional estaba disruptivo.
Patrullas perdidas del kirchnerismo como el actor Darío Grandinetti seguían diciendo ayer que “el Estado te salva” y pretendían burlarse de los varados recomendándoles: “Llamá a Flybondi que te traiga de vuelta”. La low cost le respondió diciéndole que ya había repatriado a mil argentinos. Si se descuidan, Flybondi habrá repatriado más personas por avión y empleado que Aerolíneas.
Después de tanto entuerto, anoche, finalmente, de golpe y raje, Fernández dijo que a menos que tengan más de 65 años o alguna condición especial, el que se quedó afuera, por ahora no podrá volver.
¿Es constitucional eso? Es lo mismo que podría preguntársele a un gobernador de la oposición como Gerardo Morales, quien cree poder decidir si estudiantes jujeños que están en otras zonas del país pueden o no volver a su provincia. O a intendentes bonaerenses que en medio del caos se creen con derecho a decir quién entra y quien no a sus ciudades. O a gremios como el de estaciones de servicio que se creen con derecho a dejar al transporte de carga sin servicios.
Los resultados del hiperactivismo que firma decretos antes de mirar la ley están en todos lados. Y no dan buenos resultados. El jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dejó abiertos sólo el 10% de los accesos a la ciudad. Causó un colapso. Culpó a ciudadanos que desobedecen la cuarentena. Pero las fotos aéreas muestran embotellamientos en los que colectivos y camiones son amplia mayoría.
En uno de esos gestos de autoridad personalista que parecen gustarle más de lo que nos parecía, Fernández se enojó y amenazó a los automovilistas: “Los vamos a meter presos y les vamos a quitar los autos”. Fernández ni se molesta en disimular que se refiere exclusivamente al conurbano bonaerense. Las cuatro fuerzas que él comanda (la Federal, la Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura) están abocadas a la seguridad casi en exclusiva en esa región.
En el resto del país son las provincias las que tienen que garantizar todo, sin ayuda. ¿Habrá fondos extra de la Nación para ayudar a sostener esa tarea en forma equitativa o se seguirá privilegiando sin fin al lugar que concentra el voto?
Con la salud pasa lo mismo. La Nación quiere pagar un premio a médicos y enfermeros. Pero los que ella contrata trabajan exclusivamente en el Gran Buenos Aires ¿Y los demás? ¿Qué van a hacer los distritos que, a diferencia de la Nación, no pueden imprimir dinero?
Mientras tanto, el activismo de los políticos esquiva algunas cuestiones centrales. La mayor, la clave, es la economía privada. Ante el abismo que se abre para cientos de miles de empresas cerradas que la semana que viene tendrán que pagar sueldos la única oferta ha sido la de prestarles plata. Los empresarios privados no están acostumbrados a lo que han hecho tantas veces los políticos: pagar sueldos con préstamos. Estamos por asistir a un espectáculo nunca visto.
Cuando los médicos ponen un paciente en coma una de las tantas claves son, como en la terapia de los casos graves de coronavirus, los respiradores. En coma, el cuerpo deja de respirar por sí mismo y el primer órgano que colapsa por insuficiencia de oxígeno es el cerebro.
Poner una sociedad en coma inducido es sin duda difícil. Pero errarle al manejo del respirador puede ser mortal.
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