Por estos días, el gran tema en Cuba es el arroz. El cereal es un pilar de la alimentación cubana y ahora se ha sumado a la lista de productos escasos. Cuba sólo produce 40% del arroz que consume, como sucede con gran parte de su alimentación. Y la caída de la ayuda venezolana ha hecho el resto. El régimen también culpa al embargo estadounidense (aunque uno piensa que, si enarbola el comunismo, a Cuba, lejos del diablo capitalista, debería irle mejor, no peor).
El tema está tan en agenda que el presidente, Miguel Díaz Canel, dio a entender hace poco que debería reconocerse el mérito del gobierno de ser capaz de importar arroz para 11 millones de cubanos. Se reportan colas de hasta 6 horas para comprarlo, con cantidades límites por persona y ya no se consigue en todas las tiendas en que se lo encontraba. Lo cierto es que desde hace décadas Cuba es incapaz de producir los alimentos que consume. El colmo fue en 2018, cuando tuvo que importar nada menos que azúcar desde Francia. El arroz se ha agregado a una lista enorme.
Mientras, el gobierno, la burocracia y las empresas estatales y paraestatales se hunden bajo un océano de “planes” que fallan desde 1959, “metas” que nunca se cumplen y un menú infinito de idealizaciones en las que cada cubano va a producir su propia “agricultura urbana, suburbana y periurbana”. Es todo verso puro.
Si los cubanos pudieran trabajar con la misma energía con que sus oficinistas encuentran nombres para bautizar sus estrategias y programas, Cuba exportaría alimentos. Pero no pueden hacerlo. El populismo extremo de décadas los ha inmovilizado. Sin capital, sin conocimientos, sin tecnología y acostumbrados a sobrevivir con las migajas que logra repartir el régimen y las remesas que envían los millones de exiliados, los cubanos parecen atrapados en la miseria.
Argentina está muy lejos de ser Cuba. Pero está jugando con fuego alrededor del único complejo industrial que funciona sin subsidios y que, al contrario, es expoliado para financiar a otros. Estamos hablando del sector agroalimentario, que va desde la producción de químicos, herramientas y otros insumos para producir granos hasta la distribución de alimentos en los supermercados.
Una Argentina de “vivos” y “bobos”
En la única y mezquina alusión a la inflación que hizo Alberto Fernández ante el Congreso, el Presidente limitó el problema a los precios de los alimentos, como si los demás precios de la economía no subieran. Y también lo circunscribió a un problema de conductas delictivas: “Vamos a usar todas las herramientas legales”, dijo.
Y con una superficialidad que le desconocíamos alentó peligrosamente diagnósticos simplistas que sólo pueden alimentar odios y revanchismos. “Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos”, dijo.
“Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos”, agregó.
La verdad, es que Fernández es inteligente. No puede ignorar que los precios de los alimentos suben al igual que todos los demás. Que las mismas empresas que en Argentina remarcan, en otros países no lo hacen. Que los precios suben en las góndolas de lo que el kirchnerismo llama “formadores de precios”, pero también en el almacén de la esquina. Que el alimentario es el sector menos monopólico del país. Y, que, por todas esas razones, la inflación responde a problemas macro, a políticas fiscales y monetarias que dependen de él, no a caprichos de los supermercados.
Sin embargo, el presidente opta por seguir construyendo un chivo expiatorio. Es muy peligroso.
Ese es el caldo de cultivo en el que se multiplican iniciativas como la ley de góndolas, basadas en el supuesto estúpido de que los supermercados se niegan a ganar plata vendiendo productos buenos y baratos de la “economía popular”. Como no lo hacen, los van a forzar, con un intervencionismo ciego y decidido a ignorar leyes del mercado.
La utopía del desabastecimiento
En ese marco, los electrones libres entre los que se loteó el Ministerio de Desarrollo Social y parte del Ministerio de Agricultura pujan por sus propias agendas, cargadas de “estrategias”, “programas” y “planes” que parecen salidos del Manual Cubano del Desabastecimiento Prolongado.
No sólo están quienes quieren que el Estado se quede con la cerealera Vicentín aprovechando los créditos sospechosos (por su escala) que ese grupo recibió del Banco Nación hasta quienes.
También hay funcionarios como Rafael Klejzer, de la Dirección Nacional de Comercialización y Abastecimiento, que anuncian que el Gobierno va a crear una Empresa Nacional de Alimentos, algo que podría hacer palidecer a las Juntas Nacionales de Granos que estancaron las cosechas del país por 50 años.
Y se multiplican alegremente, sobre todo en el conturbado bonaerense, cooperativas, empresas recuperadas y productores de la “economía popular” que reciben subsidios multimillonarios de tortas de impuestos que ellas no pagan. Están multiplicando una competencia desleal para un sector que está lejos de vivir en el paraíso que el Presidente describe en sus discursos.
Sin rentabilidad y endeudados
Gran parte de la producción alimentaria de base (la agricultura) está a punto de quedar fuera de equilibrio con una nueva suba de retenciones. Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ha calculado que con la retención de 33% la rentabilidad del productor cordobés caería del 3,5% actual al 0,5% para la soja de primera. Y la soja sería rentable sólo en cinco departamentos de la provincia.
Los proveedores de insumos y acopiadores también lo sienten. Los Grobo exhibieron en su último balance parcial pérdidas por más de 300 millones de pesos en seis meses.
Pero además está gravemente dañada la industria alimentaria (aceitera, cárnica, láctea, etc). No sólo Vicentín está en concurso de acreedores. Molino Cañuelas lleva más de un año negociando su deuda de 1.400 millones de dólares con sus acreedores. Molinos Río de la Plata informó que en 2019 perdió 1.006 millones de pesos.
Crear la fantasía de que cuatro vivos la están levantando en pala a costa de millones de bobos puede ayudar a quitarse de encima la responsabilidad por la inflación. Pero en el mediano plazo puede hacerte responsable de cosas mucho más graves. Ojalá Fernández lo sepa.
