–¿Hay un diagnóstico claro sobre la verdadera situación alimentaria en el país? ¿Cuánto hambre hay en la Argentina?
–Hay mucha gente que la está pasando realmente mal porque la pobreza, como la mide el Indec, estaría en el orden del 38 o 40 por ciento. Es decir que a cuatro de cada diez argentinos no le estaría alcanzando la plata para llegar a fin de mes.
De manera severa, no le está alcanzando siquiera para comer adecuadamente. Que la pobreza es un flagelo, de eso no hay duda.
–Si, eso está claro por supuesto. Pero me refería específicamente a la crisis alimentaria de los sectores más marginados. ¿Está cuantificada?
–En realidad siempre se habla del hambre para simbolizar el sufrimiento de las personas que tienen inconvenientes para llegar a ingresos mínimos.
Pero en las sociedades modernas el hambre es algo que ya no es tan difícil revertir. Los alimentos son mucho más accesibles que en el pasado. Por lo tanto son acotados los lugares donde la pobreza es tan marginal como para que la gente no tenga nada para comer, que serían por ejemplo los indigentes, ¿no?
En Argentina la política social siempre es poner plata y nunca analizar o evaluar dónde fue a parar esa plata y qué resultado se logró
–¿Es correcto el diseño del plan contra el hambre y en particular de la Tarjeta Alimentaria?
–Ya hay una tarjeta alimentaria que se implementó en 2002. Se quedó ahí. Es un monto nimio. Era de 200 pesos en el 2002. Ahora creo que es algo así como 1.000 o 1.500 pesos, o sea muy poco.
Es una forma de darle una ayuda a una persona que es pobre. Puede tener hambre o no. Esa misma persona hoy está percibiendo la asignación universal por hijo u otro tipo de ayuda.
El problema de las políticas para combatir el hambre, como les dicen, es que apelan siempre al mismo remedio, que es darle algo de plata a las personas que consideran pobres. Y no se sabe bien dónde llega ni en qué se gasta esa plata.
En Argentina la política social siempre es poner plata y nunca analizar o evaluar dónde fue a parar esa plata y qué resultado se logró.
–¿Es posible una distribución más eficaz del dinero público de los planes asistenciales? Porque vemos que los hay nacionales, provinciales y en algunos casos también municipales ¿Habría que rediseñar la administración de esos recursos?
–En realidad, sí. Pero respetando el federalismo. En la organización federal quienes tienen la responsabilidad de la asistencia social son las provincias y los municipios.
La Nación se entromete al querer ayudar a las provincias y los municipios asignando partidas presupuestarias. Y cuando eso sucede el municipio, que es el nivel de gobierno más cercano a la persona pobre, se desentiende pensando que ahora llegará la plata de la Nación y después se verá.
Cuando entendamos bien que es el municipio primero y la provincia después quienes tienen que financiar también la asistencia social, entonces los resultados van a ser mucho mejores. El municipio está más cerca de las personas pobres. Los funcionarios y los empleados municipales saben quiénes son, donde están y como llegar a ellos.
Cuando la Nación se entromete vienen las superposiciones y los derroches de recursos.
En la Nación viene un dirigente y dice vamos a distribuir tarjetas alimentarias por todo el país. Y una persona desde Buenos Aires no puede saber a dónde está llegando eso y quién lo está usufructuando.
La Nación lo que tiene que hacer es lograr la estabilidad macroeconómica para que la gente no siga siendo pobre, para no multiplicar la pobreza por la inflación. Y son las provincias y los municipios quienes tienen que hacerse cargo de asistir a las personas en la pobreza.
–¿Los gobiernos locales tienen fondos suficientes y una estructura eficaz y transparente para administrar esos recursos?
–Muchos no los tienen, pero deben construirlos. Si queremos un estado que esté cerca de la gente, resolver el problema de la gente más vulnerable, hay que tener un Estado más profesional.
Hay que cuidar mucho los recursos públicos y lograr que haya personas profesionales que lleguen a los pobres. Y que cuando haya que tener recursos presupuestarios para comprar alimentos o para ayudarlos económicamente, que esos espacios fiscales estén.
No vamos a solucionar este problema poniendo más plata. El Estado en la Argentina gasta muchísimo más dinero, por ejemplo, que Uruguay, y tiene muchísima más pobreza. Argentina tiene un gasto estatal –nacional, nacional, provincial y municipal– de 36 puntos del PBI y un 36 por ciento de pobreza. Uruguay gasta 30 por ciento del PBI y tiene 8 por ciento de pobreza.
No hace falta más plata. Lo que se necesita es muchísimo mejor gestión del Estado.
–Mientras tanto es necesario atender la urgencia. En ese sentido, ¿Te parece apropiada la propuesta?
–No. No me parece adecuada…
–¿Debería estar conectada a un programa más de fondo?
–Debería estar conectada a ordenar los recursos existentes. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asigna un montón de plata a las organizaciones sociales y no se sabe muy bien cómo se la usa.
Hubiese sido mucho más innovador ordenar toda la plata que hoy gasta la Nación para ese fin y ver hacia dónde se deriva.
Pero no cobrar más impuestos para seguir poniendo plata que no se sabe si está llegando a los pobres o no, que es el mecanismo que está usando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La red clientelar tiene una función social, ser un lugar donde el pobre pueda ir a pedir ayuda porque el Estado no está presente.
–Quienes defienden ese sistema dicen que los movimientos sociales ofician como un factor de contención del conflicto y que tienen una llegada más directa a quienes necesitan las soluciones ¿Compartís esa mirada?
–Ahí hay dos cosas. Es posible que los piqueteros tengan mejor llegada que los municipios a la gente pobre. Porque se movilizan mucho más que el municipio, que está a la espera que la Nación se haga cargo del problema, que es del municipio.
Entonces es posible que la organización social llegue más a los pobres. Y que la gente pobre se acerque mucho más a la organización social porque le tiene más confianza que al municipio.
El municipio debería tener su rol para que la gente pobre vaya allí a buscar la ayuda.
Y por otro lado darles plata a las organizaciones sociales para evitar un conflicto es casi como si fuera una extorsión. No puede ser eso.
Éste es el tipo de cosas que deberíamos revisar.
–Ofician entonces como un factor de poder que presiona al Estado en busca de recursos. También es verdad que por lo menos en algunos sectores se han tejido redes clientelares que giran en torno de estos movimientos, que responden a diversas conducciones políticas.
–Claro, en definitiva la red clientelar tiene una función social que es ser un lugar donde el pobre pueda ir a pedir ayuda porque el Estado no está presente.
El Estado intenta estar presente dándole plata a esos movimientos que no se sabe muy bien qué hacen con la plata y qué hacen con la gente.
Y luego caemos en esto de que se forman organizaciones para ir a buscar plata de la ayuda social. Ahí es cuando comienza la utilización de la gente pobre para ir obtener dinero del Estado.
