Por unanimidad, la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen al proyecto de ley de Economía del Conocimiento, iniciativa que quedó en condiciones de ser votada en la próxima sesión.
En un plenario virtual de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda, se ratificó la norma que ya contaba con un acuerdo previo entre el oficialismo y la oposición, y que apunta a la promoción de empresas tecnológicas que produzcan servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información.
De la reunión por videoconferencia participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y otros funcionarios de esa cartera, que explicaron las ventajas del proyecto enviado por el Gobierno nacional en febrero pasado.
El texto sufrió modificaciones a partir de aportes realizados por la oposición que el Frente de Todos aceptó e incorporó en negociaciones previas al encuentro virtual de este martes.
También se incorporaron cambios a partir del diálogo con actores del sector involucrado, según reveló María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo.
"Tenemos un proyecto robusto, claro, que va a ser muy útil e importante en nuestra Argentina en el momento económico que estamos pasando", destacó el presidente de la comisión de Comunicaciones, el kirchnerista Pablo Carro.
El cordobés señaló que se trata de un "proyecto puente", que "busca saltar la grieta" y apunta a "definir una política de Estado para los próximos 10 años".
En diálogo con Cadena 3, Carro detalló cuáles son las empresas que abarca la iniciativa: “Desde nanotecnología, biotecnología, industria satelital, geolocalizaciones, petroquímicas e industrias audiovisuales. Es amplísimo el sector al que se busca promocionar, buscando que, en 10 años, se dupliquen los puestos de trabajo y las exportaciones”.
Sobre este último punto, Carro se explayó: “Hoy están en primer lugar las exportaciones de soja, después los autos y luego viene este sector de la economía, es decir que es muy importante”.
En ese contexto, indicó que “habrá más beneficios si incorporan mujeres o doctores en estas áreas de la economía o si se instalan en zonas desfavorables”.
Cabe señalar que, sólo en Córdoba, el sector de la economía del conocimiento ya da 20 mil fuentes de trabajo.
Por su parte, la diputada radical, Karina Banfi, aseguró que la ley impulsará "el empleo calificado y la capacidad de generar recursos humanos que puedan ser exportables también", al tiempo que sostuvo que el sector "va a crecer exponencialmente".
"Hablamos con las empresas, con las cámaras, con los programadores y desarrolladores", detalló.
A su turno, Kulfas consideró que el sector "va a ser uno de los grandes protagonistas de esta década" y destacó que la ley busca darle "mayor certidumbre" para favorecer la inversión.
El funcionario aventuró que el sector tiene "posibilidades de crecimiento" incluso en medio de este período extraordinario de pandemia, porque "está cada vez más dinámico y generando empleo de calidad".
Esta nueva ley de Economía de Conocimiento propone un régimen especial de beneficios fiscales, al cual pueden adherir aquellas empresas cuya facturación se componga en al menos un 70% a partir actividades vinculadas al sector.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.
Y se propone que dicho crédito fiscal ascienda al 80% en caso de que las empresas contraten mujeres, personas transexuales y personas con discapacidad.
Por otra parte, el régimen estipula una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
En tanto, el proyecto prevé la creación de un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento y de un Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Durante la gestión de Mauricio Macri, se había aprobado una ley de economía del conocimiento que debía entrar en vigencia el 1 de enero pasado, pero el Gobierno de Alberto Fernández suspendió la norma y envió un proyecto propio en febrero.
El tratamiento de la iniciativa se postergó producto de la parálisis inicial que el desembarco de la pandemia de coronavirus en marzo provocó en el Poder Legislativo.
Informe de Alejandro Bustos.
