Investigan a un fiscal por el faltante de cocaína en Córdoba

Juan Federico

En una resolución de alto impacto en los Tribunales de Córdoba, el fiscal Juan Pablo Klinger resolvió pedir la investigación de su colega Raúl Ramírez, a cargo de la fiscalia móvil de lucha contra el narcotráfico (narconenudeo) de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, en torno a la causa que ya tiene a siete policías, otro funcionario judicial y a tres civiles imputados por la desaparición de cocaína y marihuana que habían sido secuestrada en operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Semanas atrás, Klinger detonó un verdadero narcoescándalo en la provincia, al ordenar la detención de seis policías de la FPA: el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.

La investigación nació a fines del año pasado luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias. Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana.

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En el mayor sigilo, Klinger ordenó allanar a un grupo de agentes y secuestrarle los celulares. Como se preveía, la mayoría ya había borrado las conversaciones más comprometedoras, según contarían luego las fuentes consultadas. Pero no todos. Los peritos se armaron de paciencia y lograron reconstruir buena parte de los chats. Y así, llegaron a una revelación mucho más impactante que la esperada.

Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales. El objetivo, se presume, es que estos informantes clandestinos les marcarán a algunos dealers de Cruz del Eje y alrededores, que luego eran allanados.

Así, los policías, casi sin investigar, se anotaban operativos "positivos", lo que generaba que adentro de la FPA comenzaran a ser evaluados para futuros ascensos.

Al mismo tiempo, hay otra conjetura que agrava aún más toda la situación: todavía no se descarta que también hayan comercializado la droga o que acaso hayan intentado "plantarla" en algún procedimiento. Todo es objeto de investigación.

Pero si a la droga la robaban en los operativos, antes de anunciar los secuestros, según se investiga, entonces para qué sustrajeron el estupefaciente ya incautado e inventariado.

El interrogante genera dos hipótesis: por un lado, que necesitaron más droga de la que disponían para pagarle a los informantes ilegales; por otra parte, se presume que en realidad los agentes intentaron darle un golpe de gracia al jefe, para quedarse ellos con el control total de la brigada.

Es dentro de esta última teoría que se explica por qué tanto el jefe de esa brigada en aquel momento, Mauricio Oyola, como el secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, omitieron denunciar en su momento ese faltante.

Este es el reproche que ahora puso en la picota al propio fiscal Ramírez: se enteraron del faltante, pero ninguno lo denunció ni investigó. Los teléfonos han sido reveladores en este punto. Existen chats frenéticos entre Bazán y Oyola entre el 23 y el 30 de agosto del año pasado, diálogos en los que involucrarían al propio Ramírez, según apuntaron las fuentes consultadas.

Ya en enero último, cuando la FPA descubrió finalmente el faltante de la droga secuestrada, otra vez aparecen diálogos más que sugestivos en ese sentido.

Hoy, el narcoescándalo se divide en dos causas. Por un lado, los siete policías antidrogas presos e imputados por robar cocaína y marihuana en los operativos, causa en la que también fueron acusados tres civiles.

Y por otro lado, la investigación contra el ex jefe Oyola, el secretario Bazán y ahora también contra el fiscal Ramírez, señalados por no haber denunciado ni investigado el robo de casi medio kilo de droga que había sido secuestrada en operativos.