El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este lunes investigar las irregularidades en los planes sociales que el Ministerio de Desarrollo Social otorgó a un grupo de personas que percibe el Potenciar Trabajo, al detectar que más de 250 mil beneficiarios compraron dólares.
Marijuan hizo la denuncia a raíz de una investigación preliminar que inició a partir de una publicación periodística, en la que, por entrecruzamiento de datos de la AFIP, se detectó que 250 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo adquirieron dólares o bien denunciaron ganancias, lo que los hace incompatibles para percibir aquéllos.
Asimismo, Marijuan también remarcó que, de dicho informe, se pudo saber que aproximadamente 2.800 personas fallecidas continuaban cobrando el plan asistencial.
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Como medida de prueba, el fiscal pidió al Ministerio de Desarrollo Social que dé de baja esos planes que se consideran irregulares.
"El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos seis meses", señaló el fiscal.
El funcionario judicial menciona en su denuncia la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social o el Banco Central, en la que da cuenta de que no puede percibir un plan social quien adquiere dinero en moneda extranjera o bien denuncia ser titular de un automotor con antigüedad menor a diez años o bien embarcaciones o aeronaves.
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Marijuan pidió encarar una investigación por fraude a la administración pública y que "se proceda de manera inmediata a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la AFIP que suspendan la totalidad de los planes involucrados y cuya nómina es secreta y reservada de la AFIP, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan, que actualmente no aparecen correlacionados con las bases de datos del Estado nacional".
Si bien la denuncia no apunta a nadie en particular, el fiscal también tiene en la mira a los dirigentes piqueteros que podrían verse involucrados y, como medida de prueba, sugirió profundizar esa parte de la investigación.
Por eso, pidió que se exija al Banco Central "respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero".
También que "se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y, asimismo, a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".
Diputados opositores piden explicaciones
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) pidieron este lunes que se investigue al líder del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Emilio Pérsico, el dirigente que está a cargo de los planes Potenciar Trabajo, sobre los cuales se detectaron irregularidades en los últimos días.
Los legisladores que responden a Elisa Carrió presentaron un pedido de informe a la cartera que preside Victoria Tolosa Paz, porque quieren saber cómo se controlan las asistencias, quiénes las autorizan y a qué organizaciones pertenecen los 250 mil beneficiarios irregulares.
Además, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) reclamaron que Tolosa Paz comparezca ante el Congreso y brinde explicaciones acerca de lo que pasó con el Potenciar Trabajo.
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En diálogo con Cadena 3, la diputada nacional del PRO, Graciela Ocaña, afirmó: “Queremos saber quiénes son los funcionarios que han autorizado el otorgamiento de estos planes, que no cumplían con los requisitos”.
En ese marco, Ocaña lanzó una dura hipótesis: “Nos preguntamos cómo se financian las movilizaciones y sospechamos que, por ahí, parte del dinero está en fraguar estos planes a través de personas que no deberían tenerlos”.
“Acá hay una responsabilidad que no es sólo de las personas, sino que hay una connivencia por parte de los funcionarios que habilitaron este cobro y lo firmaron. Además, decidieron dar por terminadas distintas auditorías que hacían universidades nacionales”, agregó.
Por otra parte, la legisladora profundizó sus críticas a las organizaciones sociales: “Algunas de ellas viven de la pobreza y no les interesa que haya menos pobres”.
Con respecto a esta afirmación, añadió: “Tenemos que pasar a un programa que se base en el trabajo real y que financie parte del salario”.
“A partir de ahora, no debe subsidiarse el pobrismo, sino el trabajo”, concluyó.
Entrevista de "Informados, al regreso".
