El candidato de izquierda, Gustavo Petro, que encabezó la fórmula de Pacto Histórico y es acompañado por Francia Márquez, se impuso este domingo en el balotaje por la presidencia de Colombia sobre el aspirante de derecha, el empresario Rodolfo Hernández, por más de tres puntos, con el 99,74 por ciento de los votos escrutados.
De esa manera, se dio paso al primer gobierno de izquierda y la primera mujer afrodescendiente en la llegar a la vicepresidencia de Colombia.
Según informó el diario local El Tiempo, la ceremonia de investidura se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día que conmemora la Batalla de Boyacá.
Ese día, el actual presidente Iván Duque dejará la Casa de Nariño para darle lugar a Petro, quien se convierte en el primer presidente de izquierda del país.
Escrutado el 99,74 por ciento de las mesas de votación, Petro obtuvo 11.260.105 votos (50,49 por ciento), mientras que Hernández sacó 10.542.148 sufragios (47,26 por ciento).
En la primera vuelta, Petro había obtenido el 40 por ciento de los votos, mientras que Hernández se había alzado con el 28 por ciento de las voluntades.
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El nuevo presidente electo recibió, en primer lugar, la felicitación del ex mandatario boliviano, Evo Morales, quien en su cuenta de la red social Twitter, sostuvo que se trata de "la victoria de la paz, la verdad y la dignidad".
Hernández, quien fue candidato por la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, reconoció la derrota y le pidió a Petro "que sea fiel" a lo prometido en la campaña electoral.
"Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él", expresó en sus redes sociales.
En los comicios, votó cerca del 57 por ciento del electorado colombiano, una participación considerada alta para lo habitual en ese país.
Petro tiene 62 años, es oriundo de Ciénaga de Oro, en Córdoba, es economista de la Universidad Externado e integró la guerrilla del M-19.
Tras un proceso de paz, fue legislador, agregado de derechos humanos del embajador en Bélgica, llegó al Senado en 2006, en 2010 se postuló para la presidencia y, un año más tarde, se convirtió en alcalde de Bogotá.
Entre sus propuestas, se encuentra la de pasar de una economía extractiva de petróleo y carbón a otra basada en la productividad agraria y la promoción de cultivos de 11 principales productos cosechados en el país.
"La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista", reseñó.
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Si bien la fórmula presidencial del Pacto Histórico, de Gustavo Petro y Francia Márquez, conformó una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas, a sólo 48 horas de la elección presentó el "Gran Acuerdo Nacional" con el que buscaron ampliar sus alianzas.
Comprometió las voluntades de personalidades como el ex candidato a presidente Alejandro Gaviria; el ex ministro de Hacienda de Cesar Gaviria Rudolf Hommes, así como también a ex funcionarios del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), entre otros.
Petro, economista de 61 años, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, dijo ser consciente de que este acuerdo representa "a media Colombia" y que aspira a que a partir del lunes poselectoral pueda convocar a un "acuerdo con toda la nación".
Este sábado, el candidato de izquierda trazó los dilemas de la elección y en un video difundido por su campaña se preguntó: "Queremos seguir en la desigualdad de las mujeres o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos; seguir destruyendo la educación o avanzar hacia la libertad que nos otorga el conocimiento; seguir que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar efectivamente a los corruptos; seguir en este estado de violencia e intranquilidad o avanzar hacia la paz".
Petro no tuvo en general el respaldo de los principales medios de comunicación de Colombia y en las semanas previas muchos se hicieron eco de la filtración conocida como "Petrovideos", que hicieron públicos materiales audiovisuales de las reuniones privadas de la campaña del Pacto Histórico.
Rodolfo Hernández y Marelene Castillo, los candidatos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se ubicaron en la vereda de enfrente en términos ideológicos, aunque también se postularon como "el cambio", e incluso recogieron en su programa algunas propuestas de Petro -desde la paridad de mujeres en cargos públicos o el rechazo al fracking-, a la vez que pregonaron "la reducción del tamaño del Estado".
El ingeniero civil, de 77 años, fue presentado por la mayoría de los medios de comunicación como un "outsider", a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (norte).
Su principal asesor de campaña, el argentino Ángel Beccassino, días antes de la elección dijo que veía a su candidato como un "llanero solitario" e insistió en presentarlo como alguien que rechazaba las alianzas con otros espacios políticos y que solamente estaba dispuesto a hacer acuerdos con "personas" y a cambio "de nada".
Ambos candidatos buscaron el "voto oculto" -en palabras de Hernández- interpelando a la ciudadanía a través del uso de herramientas digitales y tradicionales. Si bien Hernández dijo rechazar los aparatos políticos tradicionales, montó una red de "voluntarios" en torno a su figura.
También declinó debatir con Petro, al igual que en la primera vuelta, para acentuar su perfil y las diferencias con "los políticos de siempre".
El jueves, un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó a los candidatos presentarse a un debate televisivo en línea con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó acerca del interés que representaba para la ciudadanía el poder conocer las propuestas de los candidatos previo a tan importante contienda electoral.
Hernández presentó una serie de condiciones para asistir, pero finalmente declinó, pese a que el equipo de Petro se encontraba listo para participar.
En paralelo, se difundió en medios y redes sociales un video de Hernández en una fiesta en un yate que levantó nuevas críticas contra el candidato.
El video actualizó el frente judicial que enfrenta el postulante, quien, pese a enarbolar la bandera en contra de la corrupción, deberá enfrentar el próximo 21 de julio un proceso judicial en el que se lo involucra en la fallida asignación ilegal de un contrato para la gestión de los residuos urbanos a la empresa Vitalogic, cuando fue alcalde de Bucaramanga, y a su hijo acusado del cobro de una comisión millonaria.
El material audiovisual data de 2021, pero fue publicado esta semana por la revista Cambio y recordó a la ciudadanía colombiana ese escándalo, porque una fuente citada por el medio aseguró que los gastos de la fiesta "fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, interesada en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos estuvieron presentes". Si bien la compañía multinacional lo negó, queda por ver si la imagen de Hernández ha logrado salir indemne.
El futuro ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, con índices desoladores en un país en el que alrededor de 60% de sus habitantes no cuenta con un trabajo registrado.
También quedará como prioritario en la agenda el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de exguerrilleros (hubo unos 300) y líderes sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.
Ambos candidatos explicitaron en sus programas de gobierno sus deseos de cumplir el Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC e incluso avanzar con diálogos con el ELN, aunque Hernández dijo no estar dispuesto a reabrir nuevos procesos de diálogos sino simplemente incorporarlos al acuerdo existente.
Además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.
