España aprobó una norma para la autodeterminación de género

La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+, conocida como “ley trans", fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros en España.

Tras meses de bloqueo y debate interno, el Gobierno de Pedro Sánchez logró que se aprobara este anteproyecto que, en esencia, introduce la autodeterminación de género y la posibilidad de que una persona trans pueda cambiar de sexo y nombre en el DNI mediante la expresión de su voluntad.

La medida más relevante es que cualquier persona podrá autodeterminar su género sin necesidad de informes médicos o psicológicos.

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Sin embargo, la nueva legislación recoge otros muchos cambios relacionados con la maternidad y la filiación, con la inclusión del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito educativo y laboral y con el reconocimiento de otras identidades.

La norma permite el cambio de sexo legal desde los 12 años: a partir de los 16, sin requisitos; entre los 14 y 16, con el consentimiento de sus representantes legales; y, entre los 12 y 14, a través de una autorización judicial.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en una rueda de prensa: "Hacemos historia con una ley que da un paso de gigante en los derechos de las personas trans y LGTBI".

Montero calificó la norma como una muestra de la fortaleza del Gobierno.

Esta iniciativa de "ley trans" nace como uno de los acuerdos de la coalición y que, además, ha elevado en gran medida la tensión entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.

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La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Cuca Gamarra, criticó que esta ley "invisibiliza a las mujeres, mientras genera inseguridad jurídica y desprotección a los menores".

"Pedro Sánchez (el jefe del Gobierno español) vuelve a demostrar que depende de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa", sostuvo Gamarra, quien añadió que, por ello, el partido presentará enmiendas contra la ley durante la tramitación parlamentaria.

Entre las principales novedades, igualmente, quedan prohibidas todas aquellas terapias de conversión para "modificar la orientación e identidad sexual o la expresión de género de las personas". El texto prevé sanciones de hasta 150.000 euros.