Indultos a las FARC: excluyen violaciones a menores

El doctor en Ciencias Políticas de Colombia, Pedro Medellín Torres, explicó la situación que viven hoy su país y las FARC, en donde mujeres que fueron secuestradas para integrar esta fuerza denunciaron violaciones a manos de sus soldados y superiores, siendo aún niñas.

El especialista recordó que en el proceso de pacificación entre Colombia y las FARC se aplicó "el tratado de Roma, con la finalidad de perseguir la impunidad y dar paso de una situación de guerra a una de paz".

Según explicó, bajo la Justicia Especial de Paz (JEP), "todo aquel que esté en condiciones de superioridad con armas de combate y tuvo la 'honorabilidad de combatir' a otro en igualdad de condiciones tiene perdón y derecho a amnistía".

No obstante, "las mujeres rompieron silencio y denunciaron la violencia sexual", con lo cual el Congreso decidió que los delitos sexuales contra menores quedarán excluidos de los beneficios del JEP.

"Muchas guerrilleras dieron a conocer un delito que incurría no sólo en el secuestro de niños. Las FARC para mantener su ejercicio en pie de lucha se llevaban niñas y algunos de ellos fueron sometidos sexualmente por comandantes", indicó.

"A raíz de estos testimonios las mujeres en el Congreso presionaron para que el delito de abuso sexual en menores no esté contemplado dentro de los beneficios sino que sean juzgados con el código penal", precisó.

"Lo que está excluido del fuero penal es la violencia sexual con menores. Hay otros vejámenes que han ido narrando y cuentan como un niña fue sometida durante cuatro o cinco años por su comandante de manera absurda. Como esos hay muchos casos, pero la restricción está en el abuso sexual contra menores de edad", detalló.

El politólogo advirtió que "si hay una denuncia contra los miembros o comandantes de las FARC, esas personas no se podrían presentar a un cargo público".

Por caso, el padecimiento de una de las guerrilleras denunciantes, Sara Morales, es relatado por Medellín Torres en un artículo publicado en El País, en el que "sostiene y dice que el secretariado de las FARC sabían lo que ocurrían y nunca hizo nada".

"La JEP, la jurisdicción de transición, castiga a los máximos responsables para que eso no vuelva a ocurrir. Varios de ellos están en la cúpula de la organización y son parte de las listas de candidatos presentados por el partido que conformaron para presentarse a la cámara de diputados o de senadores", analizó.

Sin embargo, pese a la denuncia de este grupo de guerrilleras, otras militantes de la fuerza "publicaron una carta en la que aseguran que no conocían ningún caso en donde eso no fuera castigado y afirman que ellas no se sentían víctimas de abusos sexuales".

Finalmente, Medellín Torres, advierte que "hay un tema que es importante en este análisis, habrá una dificultad jurídica en establecer la responsabilidad de los sindicados, pero la propia gente deberá tomar conciencia a la hora de ir a votar a sabiendas de que ese candidato está inmerso en un caso de violencia sexual contra un menor".