La problemática de las usurpaciones está generando enormes inconvenientes y discusiones a nivel nacional. La toma ilegal de tierras está ocurriendo en al menos 12 provincias argentinas.
En Córdoba, según información del Ministerio Público Fiscal a la que tuvo acceso Cadena 3, desde enero hasta septiembre de este año se han radicado 383 denuncias por usurpaciones, la gran mayoría de las cuales se producen en la Capital, donde un total de 500 familias estaría ocupando viviendas y terrenos.
El caso más resonante la provincia es el de Capilla de los Remedios, donde 40 familias se encuentran ocupando ilegalmente propiedades. El fiscal Tomás Casas imputó a 120 personas por el hecho. Por ahora, en ninguna de las causas pesa una orden de desalojo.
Bariloche es uno de los puntos del país donde más han resonado las noticias de las usurpaciones. En la zona, la problemática podría dividirse en dos: las vinculadas con las comunidades mapuches que reclaman una reivindicación territorial, y las tomas de personas que no tienen un lugar propio para vivir y optan por esta alternativa, aún a sabiendas de que es ilegal.
La más actual es la de la calle Esandi. Son cerca de 30 familias que llegaron hace una semana para instalarse en un predio municipal destinado a la construcción de la nueva terminal de ómnibus.
La familias aducen que los tiempos del Instituto de Tierras y Vivienda para adjudicar un lote en Bariloche no bajan de 10 años.
En tanto, quienes completaron el proceso legal de adjudicación de los terrenos y pagaron por ellos afirman que tienen miedo. "Casi 24 horas está la Policía haciendo seguridad para cuidarnos porque nosotros hace más de 12 años que estamos con el tema de los loteos. Tenemos miedo que puedan venir, entrar y usurpar los terrenos que conseguimos con tanto esfuerzo”, dijo a Cadena 3 Elizabeth, una de las vecinas de la zona.
Por su parte, en la zona de Las Grutas se están registrando ocupaciones ilegales de casas de veraneo aprovechando que, por la cuarentena, las propiedades están vacías.
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En Tucumán, por su parte, el fenómeno de las tomas es esporádico. En la mañana de este lunes ingresó un pedido de informe a la Legislatura provincial por parte del oficialismo en el que se solicita el detalle de la calidad y el tipo de usurpaciones existentes en la provincia.
Las principales quejas han venido de los ruralistas y también se han producido hechos de personas que, bajo el pretexto de cuidar terrenos, han ocupado ilegalmente propiedades.
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“Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en todo el país. Quizá el caso de la familia Etchevehere es el más resonante por la familia involucrada, pero esto está sucediendo en todo el país y Tucumán no es ajeno a esto”, dijo a Cadena 3 el ex legislador del Pro, Alberto Colombres Armenio.
Las usurpaciones también son ocasionales en Santa Fe, donde las tomas se dan, principalmente, en terrenos fiscales y se trata de personas que están mayormente vinculadas a la marginalidad.
El último gran caso, que tuvo resolución hace un mes con la disposición del desalojo por parte de la Justicia, fue el de Facundo Zuviría al 8.000. En el lugar había cerca de 200 familias asentadas que debieron abandonar el lugar.
La provincia ha tomado la problemática de quienes, realmente, no tienen una vivienda, y ha iniciado una instancia de diálogo. En tanto, la Red de Vecinales de Santa Fe está reclamando la implementación de un protocolo para que los vecinos sepan cómo actuar frente a una usurpación.
“A la fecha, no tenemos una copia del protocolo y es lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de Hábitat. Necesitamos ese mecanismo para que la gente sepa a qué atenerse o a qué organismo llamar”, dijo a Cadena 3 Susana Spizzamiglio, referente de la Red.
En Mendoza, en tanto, durante el mes de octubre se registraron dos intentos de usurpación. La más reciente fue la de un grupo de personas que intentó tomar el playón de una bodega ubicada en Luján de Cuyo. Eran más de 100 personas, 20 de las cuales ingresaron a los terrenos de las bodegas Espiño y Arizu, pero fueron desalojados.
“Tenemos un estado débil que no sólo los dejaba, sino que, muchas veces, los terminaban fogoneando. Lo que hacen es venir y probarnos: matan cuatro tipos a ver si reaccionamos”, dijo a Cadena 3 el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo.
En este momento funciona en la provincia un grupo de autoridades del Ministerio Público Fiscal que ha creado el grupo denominado “Anti ocupas”, para intentar frenar las tomas y revisar el problema habitacional.
En Entre Ríos, el juez de la causa que involucra a la familia Etchevehere, Raúl Flores, dijo a los medios locales que la ocupación “tiene visos de legalidad”, al tiempo que justificó la resolución por una denuncia de violencia de género contra Dolores Etchevehere.
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El letrado dijo, también, que se trata de una causa penal que no se puede resolver en poco tiempo.
Informe de Francisco Centeno, Marcela Psonkevich, Rosalía Cazorla, Matías Arrieta, Laura Carbonari y Guillermo López.
